Qué dice la ley Cafiero

Corría 1995, y faltaba un año para que la ciudad de Buenos Aires eligiera a su primer jefe comunal, Fernando de la Rúa, en elecciones directas.

Fue entonces cuando el Congreso limitó, por medio de la ley 24.588, los alcances de la plena autonomía que la Constitución nacional reformada había otorgado a los porteños.

A partir de un proyecto impulsado por el entonces senador bonaerense Antonio Cafiero, la norma impidió a los sucesivos jefes de gobierno manejar la policía, ya que la seguridad armada sigue a cargo del Ministerio del Interior. Este sería el principal motivo de descontento en las distintas fuerzas políticas porteñas, que desde hace ya varios años coinciden en la necesidad de derogar algunos artículos de la ley.

La limitación abarca además a la Justicia -la ciudad sólo cuenta con tribunales contravencionales-, el puerto, la regulación del transporte y los servicios públicos, y el Registro de la Propiedad Inmueble.

Uno de los principales escollos para transferir la policía a la ciudad fue y es el económico. La Constitución exige que las transferencias incluyan el presupuesto correspondiente, por lo que los legisladores del interior se han opuesto históricamente al traspaso.

Los sucesivos jefes comunales también han exigido que el traspaso se haga junto con los fondos necesarios para su mantenimiento.

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