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Que el crimen de Nisman no mate la República
El magnicidio de Alberto Nisman tiene una trascendencia que supera su muerte e impacta de lleno en las instituciones básicas de la República.
El resultado del peritaje interdisciplinario realizado por la Gendarmería Nacional, con intervención de más de 28 especialistas, acreditó que Nisman no se suicidó, sino que, como la mayoría presentía, fue asesinado. Pero, además, los expertos dejaron a la luz gravísimas irregularidades en la investigación de su muerte, que comenzaron con la falta de conservación de la escena del crimen y continuaron con la autopsia.
Esas anomalías no representan un hecho aislado, sino un eslabón de la cadena de sucesos que tienen en común el ADN de la impunidad, del ocultamiento de la verdad y del encubrimiento de los delitos que el fiscal investigaba a la hora de su muerte. Todos esos hechos conforman un ataque serial a garantías consagradas en la Constitución. Esos hechos tuvieron como protagonista principal a miembros de todos los poderes del Estado, conformando una trama de impunidad que se inició con la investigación del atentado a la AMIA. Los vicios de ese proceso llevaron a la nulidad de la sentencia y al enjuiciamiento del juez y los fiscales, del entonces presidente de la Nación y del ex jefe de la SIDE.
Cuando el fiscal Nisman logró que Interpol emitiera las cinco alertas rojas que ayudarían a lograr la detención de funcionarios iraníes imputados de haber intervenido en el atentado, el Poder Ejecutivo firmó un memorándum de entendimiento con aquel país, aprobado por el Congreso nacional en un trámite exprés. Tan graves fueron las irregularidades que presentaba el acuerdo que la Justicia lo declaró inconstitucional.
Cuando habían pasado sólo unos días desde que Nisman denunciara que aquel acuerdo constituía el delito de encubrimiento, ocurrió lo inimaginable: el fiscal apareció asesinado de un tiro en la cabeza en el baño de su departamento, horas antes de que pudiera fundar y explicar su denuncia ante el Congreso, donde lo esperaban "con los botines de punta". Inmediatamente después del homicidio del fiscal, su denuncia fue archivada sin ninguna investigación y sin que su autor pudiera defenderla. Simultáneamente, los voceros de la impunidad intentaban justificar aquella resolución descalificando la denuncia a la que tildaron de "mamarracho jurídico". Pero la Cámara de Casación Penal puso las cosas en su lugar. Consideró que la denuncia era verosímil, plausible y coherente y ordenó que se comience la investigación por traición a la patria, que hoy avanza en Comodoro Py.
Lo que siguió al homicidio del fiscal es conocido. La investigación comenzó mal y siguió peor. Se inició violando el principio del juez natural, las fuerzas de seguridad no dieron intervención al fuero federal, tal como lo estableció la Corte un año y medio después. Por el contrario, se dio intervención a la fiscal Fein del fuero penal ordinario, evitando de esa manera que la investigación cayera en manos del fiscal federal de turno, de probada idoneidad y honestidad y que en casos anteriores se había mostrado poco dócil o permeable a las presiones del Poder Ejecutivo. Pero la garantía del juez natural no fue la única que se vulneró en el proceso. Por TV, todos pudimos ver cómo un sinnúmero de personas contaminaban la escena del crimen sin que la fiscal hiciera nada por evitarlo.
Pero ello fue sólo el adelanto de lo que vendría. Como lo dijo la Cámara del Crimen, la fiscal en todo momento direccionó la prueba hacia la hipótesis del suicidio. Así, no sólo se violó la garantía del debido proceso, sino que se dificultó el ejercicio del derecho a conocer la verdad, garantizado en la Constitución y en pactos internacionales de derechos humanos. El acceso a la verdad, que las hijas de Nisman necesitan y reclaman, consiste en saber cómo murió su padre, para dar vuelta esta dolorosa página de la historia de su vida y de la República.
No obstante ese cúmulo de irregularidades y las amenazas y denuncias que sufrimos muchos de los que nos empeñamos en conocer la verdad, el peritaje interdisciplinario acreditó lo que todos saben: que a Nisman lo mataron y que la investigación de su muerte presentaba serias irregularidades que abrían el camino hacia la impunidad.
Por el bien de la República, es de esperar que este logro no cubra con el manto del olvido la cantidad de anomalías por las que atravesó la investigación y relegue, una vez más, la imperiosa necesidad de realizar con urgencia las reformas adecuadas que la sociedad reclama, para que ello nunca más suceda y la Justicia pueda recobrar la confianza perdida, a manos de tanta impunidad. Tampoco puede olvidarse que las violaciones a las garantías constitucionales que se fueron dando en este proceso no sólo afectaron la posibilidad de éxito en la investigación, sino que van más allá, volcando sus efectos sobre la comunidad. Se dice, con razón, que la bala que dio muerte al fiscal Nisman dio de lleno en el corazón de la República. No permitamos que ella también muera.
Abogado querellante por las hijas de Nisman, Iara y Kiara.
Por Federico Casal
