Qué es la ley ómnibus que presentó el gobierno de Milei

El Gobierno envió el miércoles a los gobernadores y los jefes de los bloques “amigables” en Diputados el último borrador de la nueva ley “Bases” y del proyecto de ley fiscal. El texto central reduce a cuatro las emergencias solicitadas por el Poder Ejecutivo y define que 18 empresas del Estado podrán ser privatizadas total o parcialmente, entre ellas Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación. En cambio, no contempla la reforma laboral –sí la moratoria y el blanqueo para los empleadores–, pero esta será incorporada con un proyecto que presentará este miércoles la UCR, que contiene una versión acotada del capítulo laboral del DNU 70/23, frenado por la Justicia.

El proyecto de la ley ómnibus contempla también la derogación de la moratoria previsional sancionada en el gobierno de Alberto Fernández.

Tras varias semanas de reuniones con idas y venidas sobre la letra chica, el objetivo de la Casa Rosada es que los mandatarios provinciales y los legisladores hagan la última validación de los textos para empezar a tratarlos en comisiones en la Cámara baja la semana que viene. La nueva ley “Bases”, a diferencia de su versión inicial de más de 600 artículos, tiene 279. Desde su nueva negociación se quitaron de la versión inicial los aspectos más conflictivos.

El nuevo proyecto de ley incluirá el capítulo de la reforma laboral, pero por vía indirecta. La Casa Rosada hizo un acuerdo particular con la UCR: ante la insistencia de los radicales para incluir en la ley “Bases” la reforma laboral que estaba en el DNU 70/2023 y que fue frenada por la Justicia, los funcionarios de Milei le propusieron al jefe de la bancada de la UCR, Rodrigo de Loredo, que su bloque presente por cuerda separada un proyecto de ley para incorporarlo al texto de la nueva ley ómnibus durante el tratamiento en comisión. Se espera que esta iniciativa de la UCR se entregue al Gobierno este miércoles.

Esa nueva versión será sensiblemente más acotada que la reforma laboral contenida en el DNU, y, en principio, no tocará los aspectos más ásperos en la relación con los gremios, como los aportes sindicales y los fondos de las obras sociales, además de la prohibición de protestas y asambleas. El texto se conocerá, precisamente, cuando la Casa Rosada reciba a la CGT, que venía amenazando con un nuevo paro general.

La nueva versión de la ley ómnibus contiene el blanqueo y moratoria para las empresas que regularicen la situación de sus trabajadores. Así, el proyecto contempla extinciones de acciones penales, condonación de deudas y la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales.

La reforma que presentarán los radicales incluirá un período de extensión de prueba mayor que el actual, un fondo de cese laboral voluntario y la eliminación de multas por falta de registración. Distintas fuentes libertarias reconocían desde hace días que no era la reforma que ellos querían, ya que buscaban algo más drástico, como lo mostró el texto del DNU, pero que lo que había propuesto la oposición dialoguista era “mejor que nada”. Para insistir con una reforma más disruptiva cifran sus expectativas en lo que pasará después de las elecciones de 2025 con una nueva composición parlamentaria.

El capítulo fiscal tendrá la propuesta de restituir la cuarta categoría del impuesto a las ganancias con un piso de 1,8 millones de pesos para solteros y de 2,2 millones de pesos para casados con hijos. En la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda hacían hincapié en la escala progresiva del impuesto, que va del 5 al 35% según los ingresos.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo incluye también un amplio blanqueo de capitales en el país y el exterior, para residentes y no residentes. El blanqueo será sin alícuota hasta los US$100.000 y, a partir de ese monto, se aplicarán alícuotas también progresivas del 5, 10 y 15% según el momento en que adhieran al blanqueo los contribuyentes.

En el texto, se consigna que quienes entren a él gozarán de diferentes beneficios, como quedar liberados “de toda acción civil y por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que tuvieran origen en los bienes, créditos y tenencias que se declaren” en el régimen.

Como anticipó LA NACION, la nueva ley ómnibus incluye solo cuatro emergencias y pedido de facultades delegadas al Congreso de las once reclamadas originalmente: administrativa, económica, financiera y energética, y por el plazo de un año.

De las 40 empresas estatales y sociedades del Estado que el proyecto original buscaba privatizar, en la nueva versión la cuenta se reduce a 18, pero igual afecta a entidades de envergadura. Por caso, quedan sujetas a privatización Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina SA (Enarsa), Radio y Televisión Argentina e Intercargo. Además, quedan sujetas a privatización y concesión AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Corredores Viales y Trenes Argentinos (Sofse).

A estas nueve empresas se suman otras nueve que podrán privatizarse parcialmente si se aprueba la ley. Se trata de Nucleoeléctrica Argentina SA, el Banco Nación, Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Seguros de Retiro, Nación Servicios, Nación Bursatil, Pellegrini SA y Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Estas últimas empresas “sólo podrán ser privatizadas parcialmente debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”, señala la ley.

Además, sobre el final del articulado, el Poder Ejecutivo propone la derogación de la moratoria previsional sancionada en la gestión de Alberto Fernández.

A diferencia de lo que ocurrió en enero, cuando la administración libertaria envió un mamotreto a “libro cerrado” que terminó siendo desgranado en el tratamiento en particular, esta vez el Gobierno pretende llegar al debate parlamentario con los acuerdos zurcidos previamente para asegurar la rápida sanción de los proyectos. “Les mandamos estos últimos borradores a modo de último chequeo, para confirmar que estamos todos en la misma página”, dijo un colaborador oficial.

La jefatura de Gabinete pulió este martes los textos para que el Ministerio del Interior pueda girarlos a todas las partes. En el caso de la ley “Bases”, dado que el Presidente no quiere remitir un proyecto nuevo al Congreso y que la primera ley aún tiene estado parlamentario, el Gobierno enviará en rigor el texto de un dictamen remozado, con un tercio del articulado, para que el plenario de comisiones reemplace el dictamen original. Fuentes parlamentarias agregaron que hacer este despacho (en lugar de ingresar una nueva iniciativa por mesa de entradas) va a acelerar notoriamente los tiempos.

Respecto al proyecto fiscal bautizado “Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”, el Gobierno entiende que ya hay suficiente consenso con el capítulo más controvertido, referido a la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que ahora se llamará “impuesto a los ingresos”. La Casa Rosada fijó el mínimo no imponible en $1,8 millones para los solteros y en $2,2 millones para los casados con hijos. Además, no se cobrará el retroactivo, como había señalado inicialmente el ministro del Interior, Guillermo Francos.

“Es el piso más razonable que pudimos encontrar y tenía bastantes puntos de coincidencia. Yo creo que todos están satisfechos con haber encontrado este valor como punto intermedio”, confió Francos. Pese a que este lunes, en una extensísima entrevista con Alejandro Fantino, Milei volvió a enviar señales de intolerancia y dijo que está dispuesto al “conflicto” con el resto del arco político, en Balcarce 50 creen que esta vuelta los proyectos verán la luz.

Francos mantuvo en las últimas semanas dos reuniones con cada uno de los bloques más proclives a acompañar las iniciativas oficiales: Pro, Hacemos Coalición Federal y el radicalismo. Luego del encuentro inicial con las 24 jurisdicciones, el ministro mantuvo un encuentro con los gobernadores del norte en Salta y otro con los mandatarios de Juntos por el Cambio. Con otro grupo se entrevistó de forma individual.

Quedaron por fuera de esos encuentros cuatro gobernadores: Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Martín Llaryora (Córdoba). A este último el ministro tenía previsto llamarlo telefónicamente para intentar acercar posiciones y empezar a planificar los pormenores del eventual “Pacto de Mayo” previsto para el Día de la Patria en la capital de su provincia.

El cronograma que está en la cabeza de los funcionarios de Milei es que la semana próxima los proyectos deberían tratarse en comisión y obtener dictamen para bajar al recinto de Diputados a la semana siguiente, la que comienza el 22 de abril.

Es probable que luego haya un impasse de dos semanas por el feriado del 1º de mayo, pero la intención es que los proyectos tengan su sanción en el Senado en los primeros 15 días del próximo mes. El poroteo fino en la Cámara alta aún no está hecho y allí hay dudas sobre el peso que pueden tener los gobernadores patagónicos, que vienen mostrando más disidencias en todas las conversaciones.

Con el “Pacto de Mayo”, a diferencia de lo que ocurre con las iniciativas parlamentarias, el Gobierno quiere reactivar el modo intransigente que mostró al inicio de la gestión. No quiere incluir nuevos temas, como la defensa de la educación pública. En la Casa Rosada dicen que los diez puntos que presentó Milei el 1º de marzo en el Congreso como parte de un gran acuerdo refundacional “no se tocan”, porque son un “contrato de adhesión” que los actores políticos pueden suscribir. Caso contrario, quedarán fuera de la foto que tendrá al líder libertario en el centro de la escena.

Por Maia Jastreblansky y Cecilia Devanna

• Javier Milei
• Ley ómnibus

---

Conforme a