Qué pasó con la ley del aborto en la Argentina

Luego de casi 20 horas de discursos, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de aborto legal, seguro y gratuito. El resultado del sufragio fue de 131 votos positivos, 117 negativos y 6 abstenciones. Ahora resta que la norma sea debatida en el Senado, que en 2018 rechazó la despenalización de le interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

Al igual que hace en 2018, los argumentos a favor y en contra de la iniciativa fueron idénticos cuando el tema se instaló por primera vez en la Cámara baja. Sus promotores insistieron en que la legalización del aborto significa una ampliación de los derechos de las mujeres y que, en definitiva, se trata de un asunto de salud pública: al ser legales y no clandestinos, serán prácticas seguras que evitarán miles de muertes de mujeres que buscan interrumpir de manera voluntaria sus embarazos.

El Gobierno se propuso redactar el proyecto de ley de aborto enfocarlo en el marco de la salud pública para detraerlo de la discusión religiosa. A manera de gesto con los legisladores aún indecisos, presentó en paralelo una iniciativa para la protección integral de la mujer y del niño recién nacido, que denominó "Programa de los Mil Días". Este proyecto se discutirá -y se aprobará por unanimidad- al terminar el maratónico debate sobre el aborto.

Las claves del proyecto de ley del aborto

• Plazos de práctia del IVE. El proyecto autoriza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 (inclusive) de gestación. Una vez solicitado deberá ser efectuado en el plazo máximo de 10 días corridos.
• Cobertura integral y gratuita. La práctica deberá ser incluida en el Programa Médico Obligatorio (PMO) para garantizar la cobertura integral y gratuita tanto del sector público como de las obras sociales y prepagas.
• Consentimiento informado. Antes de solicitar la práctica de un aborto, la mujer gestante deberá prestar por escrito su consentimiento informado. A partir de los 16 años podrá hacerlo por sí sola, sin la autorización de un mayor. Una de la modificaciones del proyecto indica que para las menores de 13 años, se exige la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal.
• Objeción de conciencia y derivación para garantizar el aborto. La segunda y más importante modificación que se introdujo en el texto tiene que ver con las obligaciones que tendrán los establecimientos de salud donde todos los profesionales sean objetores de conciencia. Uno de los nuevos artículos establece que "aquellos efectores de salud del subsector privado o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo a causa del ejercicio del derecho de objeción de conciencia deberán prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y que sea de similares características al que la persona solicitante de la prestación consultó".
• Costos del traslado. Se aclara que "en todos los casos se debe garantizar la realización de la práctica" y que "las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado quedarán a cargo del efector que realice la derivación".

Con estas modificaciones, los impulsores del proyecto confían en achicar la diferencia en el Senado, que en 2018 lo rechazó. Los senadores comenzarán el debate de la iniciativa el lunes y se espera su tratamiento en el recinto antes de fin de año.

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