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Quién es Adrián González Charvay, el juez de Campana que se quedó con el caso de la quinta ligada a la AFA
Estará a cargo de la causa, luego de que la Cámara de San Martín desplazara de la investigación a Marcelo Aguinsky; su vínculo estrecho con el intendente Federico Achaval
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En una decisión de alto voltaje político, la Cámara de San Martín decidió hoy que el juez de Campana, Adrián González Charvay, quedará al frente de la causa por presunto lavado de dinero en la que se investiga la fastuosa mansión de Pilar, valuada en US$20 millones y sospechada de pertenecer a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.
Con un argumento territorial, el juez Alberto Lugones le sacó el expediente al magistrado Marcelo Aguinsky, quien estaba a cargo de la investigación y pertenece al Fuero Penal Económico, tal como pretendían el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte, dueños formales del predio y, por su perfil económico, presuntos testaferros de la fastuosa mansión ubicada en Villa Rosa.
Semanas atrás, González Charvay había planteado que, en razón del territorio, ese caso le correspondía, lo que provocó un conflicto de competencia con Aguinsky.
El perfil
El recorrido de González Charvay en la Justicia se inició hace más de 30 años, aunque ejerce como magistrado desde 2009. Primero como juez subrogante y desde 2015 como titular.
Cimentó su fama de “investigador” y de juez arrojado alrededor de exitosos operativos antinarco y avanzando en causas que impactaron en distintas zonas del arco político.
Sin embargo, esa imagen pronto se mezcló con sus lazos y contactos políticos con toda la zona norte del conurbano, en especial, con los municipios de Escobar, Campana y Pilar, donde está ubicada la quinta investigada.
Son conocidos los vínculos del intendente de municipio, Federico Achaval, con la asociación de fútbol. Un ejemplo de ello es que Pilar se convirtió en el primer lugar a donde se dirigió la copa del mundo de Qatar 2022, antes de descansar en las vitrinas de la AFA, tal como cuentan con orgullo medios locales. Consignan que el logro se debe a las gestiones de Achaval con Claudio “Chiqui” Tapia. Achaval aparece como uno de los nexos más cercanos de González Charvay.
Otro contacto se conoció más recientemente, cuando el director de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo, reveló en diálogo con el medio El Auditor que, como consecuencia de las intimaciones por los presuntos descalabros en sus cuentas, la AFA había intentado relocalizarse en el Municipio de Pilar, pero que la modificación era inválida por no haber sido aprobada previamente por el organismo que preside.
Los allegados a González Charvay, sin embargo, explican que el vínculo del juez con Achaval es el mismo que mantiene con el resto de los intendentes de la zona. Son relaciones “funcionales e institucionales”, a menudo dadas por su expertise, el narcotráfico, dicen quienes lo valoran.
El juez logró quedarse con el caso pese a que el fiscal Sebastián Bringas, de Campana, y el fiscal Claudio Navas Rial y el juez Marcelo Aguinsky, ambos del fuero penal económico, habían opinado que no le correspondía. El fiscal de la Cámara de San Martín, Alberto Gentili, sostuvo, en tanto, que la competencia no era un asunto para tratar en feria y evitó referirse así al asunto.
Sus contactos -especialmente los que mantiene con el peronismo- y el hecho de que se hiciera eco del pedido puntual de los presuntos testaferros, y le pidiera el caso a su colega Aguinsky, despertaron suspicacias.
Sus actuaciones
Desde el comienzo de sus actuaciones como juez federal Charvay acumuló fallos con fuertes resonancias políticas. En noviembre del año pasado, el juez procesó al exministro bonaerense de Transporte, Jorge D’Onofrio, muy próximo al jefe del Frente Renovador y excandidato a presidente del peronismo, Sergio Massa. Fue por presunto lavado de activos y dictó un embargo de $350 millones. Hasta ese momento, había versiones que lo vinculaban con el área de influencia judicial del massismo.
En mayo de 2022, elevó a juicio oral al exintendente de Pilar de Pro Nicolás Ducoté, acusado de irregularidades en la firma de tres convenios para obras en los barrios Monterrey y Peruzzotti y de un plan de microcréditos para refacción de viviendas. La carrera política de Ducoté quedó en pausa desde entonces; fue Achával quien lo sucedió en la intendencia de Pilar. Ahí se habría cimentado ese vínculo.
Achaval, ligado al juego a través de su padre, Federico Achaval, registra varios “triunfos” en la sede judicial de González Charvay. Uno de los últimos fue el aval del juez para que la municipalidad cobre sus tasas en la misma boleta que la luz o el gas, en contra de lo que había decidido el Gobierno de Javier Milei.
“Le pega a todo el arco de la política y avanza en causas fuertes”, refiere alguien que no le tiene un estima especial.
Por sus conexiones fluviales, la porción geográfica en la que cumple funciones González Charvay está sindicada como un punto sensible para el narcotráfico. El juez acostumbra a liderar las investigaciones en su juzgado y solo ocasionalmente delega los casos a la fiscalía. En materia de narcotráfico, nunca.
En su haber registra varios operativos resonantes. Uno de los casos salientes fue el de “Bobinas Blancas”, en julio de 2017. Más recientemente, en julio de este año, ordenó allanamientos en la terminal portuaria de Zárate y en firmas vinculadas a la operatoria de un buque que salió del puerto argentino y al llegar a Bélgica se le encontraron 222 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de arroz. En mayo, en otro procedimiento ordenado por el juez se incautaron más de 1000 kilos de marihuana en allanamientos realizados en Garín, Marcos Paz y Guernica.
Su formación se edificó por entero en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde se recibió, cursó estudios de posgrado y obtuvo el título de doctor en derecho constitucional.
Antes de trabajar en la Defensoría General de la Nación y antes de recalar en Campana, se desempeñó durante casi tres años, entre 2006 y 2009, como secretario letrado en Unidad Fiscal de Investigación para la causa AMIA, bajo las órdenes del fiscal Alberto Nisman.
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