
Quién es el nuevo titular de la IGJ: su pelea con la AFA por los relojes y la polémica con el kirchnerismo
Tiene 42 años; es su primera incursión en el Estado; llega envuelto en dudas sobre la decisión del Gobierno de seguir investigado a la entidad que preside Tapia
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Con la llegada de Juan Bautista Mahiques al ministerio de Justicia se puso en marcha un recambio de nombres en las dependencias de la cartera, y Alejandro Ramírez, abogado de 42 años, recaló en la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que controla, registra y fiscaliza a las sociedades y entidades civiles, que se convirtió en uno de los instrumentos del Gobierno en su lucha contra la AFA.
Profesor de distintas facultades, pero graduado y ligado estrechamente con la Universidad Austral, Ramírez desplegó su recorrido profesional en el terreno de las Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS), su área de expertise: fue coautor de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor -que contemplaba su creación-, representó al país ante la ONU en Viena y New York y escribió un libro y varios artículos sobre la temática.
La coyuntura subraya un dato particular de su biografía profesional: su pasado reciente lo enfrenta con la Asociación del Futbol Argentino (AFA) de Claudio “Chiqui” Tapia.
Como letrado, Ramírez representó a Berg Watches, una empresa de relojes noruega que demandó a la asociación de futbol por el incumplimiento de un contrato para diseñar y comercializar relojes de edición limitada con motivos de la Selección argentina. Fue firmado tras el mundial de Qatar y tenía por fin celebrar la consagración del equipo de Lionel Scaloni. Uno de los modelos, señala la firma en su demanda, mostraba al Chiqui Tapia levantando la copa.

Sin embargo, arreciaron los problemas y nada o casi nada pudo concretarse.
El precio de la licencia se fijó en USD 500.000, un monto que se pagaría en tres cuotas y a través de los agentes de cobro designados por la AFA. Tourprodenter LLC, la firma de Javier Faroni y Erica Gilette a cargo de cobrar los ingresos de la AFA en el exterior y que según una investigación de LA NACION habría desviado más de 40 millones de dólares, era una de ellas.
La firma de relojes que representó Ramírez sostiene que, tras haber realizado el primer desembolso de USD 200.000 (de los cuales 160 fueron para Tourprodenter LLC) la AFA comenzó con los incumplimientos: las publicaciones mensuales acordadas no se subieron a las redes sociales; las sesiones especiales con algunos de los jugadores de la selección nunca se celebraron, y muchas de las imágenes que la AFA facilitó para imprimir en los relojes eran de uso exclusivo de la FIFA, sostiene la firma.
Además, dice Berg, toda la visibilidad que le fue negada a la firma, AFA se la dio a la empresa suiza Hublot, competidora directa de Berg.

La causa está activa, pero con su nombramiento, Ramírez deberá apartarse de la representación de la empresa, por quedar alcanzado por el régimen de incompatibilidades de la función pública.
¿El mismo rumbo?
Es todavía una incógnita si la IGJ será para Ramírez la continuidad de su enfrentamiento con la AFA por otros medios. Quienes lo trataron en las últimas horas, aseguran que todavía no pudo revisar el expediente contra la AFA que abrió su antecesor, Daniel Vitolo, quien fue hasta el momento la cara visible del oficialismo en el conflicto.
“Hará lo que tenga que hacer”, dice uno de sus allegados.
Su antecesor Vítolo indagó con insistencia a la asociación de Tapia acerca del destino de 450 millones de dólares, pero, insatisfecho con las respuestas que llegaban desde la calle Viamonte, terminó por recomendar al ministerio de Justicia la colocación de veedores dentro de la AFA, cuya tarea sería la revisar de primera mano los números de la organización que dirige Tapia.

Vitolo se fue del Gobierno con una denuncia del “Chiqui” por “abuso de autoridad”, presentación que recayó en el Juzgado Federal número 11 que hoy subroga el juez Ariel Lijo.
Otro de los abogados que conoce de la profesión a Ramírez, pronostica una gestión “abierta”, pero de más bajo perfil que la anterior, en la que la IGJ hable a través de sus resoluciones.
En defensa de la ley que redactó en conjunto con otros colegas, sancionada en 2017, Ramírez mantuvo, además, un áspero enfrentamiento con el gobierno de Alberto Fernández.
El Frente de Todos pretendía derogar las SAS por los supuestos riesgos que encierra la figura, que permitía crear sociedades de manera más ágil.

“¿Quién va a hacer negocios en Argentina si le decimos que en 2017 se pueden hacer negocios de tal forma y en 2019 lo prohibimos?”, decía, vehemente, en una de sus intervenciones en el Congreso, en 2023.
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