Los funcionarios señalados en EE.UU. negaron haber hecho transacciones opacas

Los funcionarios José Ignacio de Mendiguren, Carlos Montaña, Ana María Cecilia Bazán, Diego Benítez y Matías García fueron mencionados en una causa en Estados Unidos como sospechados de haber movido dinero negro. La mayoría de ellos tienen trayectorias que los vinculan a personalidades claves del oficialismo nacional, como Sergio Massa, Sergio Berni y Axel Kicillof, y también a jefes territoriales de la provincia de Buenos Aires, como Ariel Sujarchuk y Leonardo Nardini.

Tal como reveló el periodista Carlos Pagni en LA NACION, un abogado que representa a bonistas que ganaron un juicio contra el estado bonaerense consignó en un escrito que presentó en Nueva York que, ante una consulta judicial, bancos informaron que los nombres de estos funcionarios aparecían vinculados a sospechosos movimientos de fondos. Tras la publicación, los mencionados negaron estar involucrados en los hechos relatados.

El gobierno bonaerense emitió un comunicado en el que afirmó que “las personas mencionadas desmienten categóricamente tener relación con las operaciones ilícitas que se les imputan” y que “están presentando acciones legales para exigir que se aclare la situación y se repare el daño ocasionado”. El gobierno de Kicillof adelantó que, “a través de sus abogados, presentará a la brevedad una queja formal ante el tribunal estadounidense, para cuestionar las acusaciones de los buitres y denunciar la mala fe en el uso de la información, con el claro objetivo de interferir en el proceso democrático de nuestro país”.

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo es un hombre alineado políticamente con Massa. Es uno de los referentes del Frente Renovador, espacio al que representó como diputado nacional. Empresario industrial de larga trayectoria, fue directivo de entidades que agrupan a hombres y mujeres de negocios, como la Unión Industrial Argentina (UIA), que presidió.

El funcionario negó estar involucrado en la maniobra económica a la que alude el documento de Estados Unidos. “No fugué un millón de dólares”, sostuvo en una entrevista radial en la que rechazó haber realizado transferencias ilícitas.

El abogado de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan Dennis Hranitzky afirmó que de Mendiguren utilizó “un intermediario para transferir casi un millón de dólares al extranjero”.

“Es algo rarísimo todo. Nos involucran en que hemos hecho transferencias ilícitas (...). Yo lo que primero declaro categóricamente es que tengo absolutamente todo mi patrimonio declarado en la Oficina Anticorrupción y en la AFIP. Jamás he tenido ninguna operación supuestamente ilegal”, afirmó De Mendiguren, que aseguró que están buscando “afectar al candidato”, en alusión a Massa.

De Mendiguren también publicó un descargo en la red social X. “Todo mi patrimonio, habido durante 50 años de trabajo como empresario industrial y productor agropecuario, está TOTALMENTE DECLARADO ante la AFIP y la Oficina Anticorrupción. No somos todos lo mismo en la vida pública del país”, escribió.

De Mendiguren es abogado y escribano, se define como “desarrollista”. Es un industrial del área textil y asesor de empresas multinacionales. También invierte en el sector rural, como él mismo aseveró en su mensaje en redes sociales para desmentir las acusaciones en su contra. De Mendiguren fue director del Banco Nación y, antes de asumir al frente de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Carlos Montaña, el hombre que, según el procedimiento judicial estadounidense conocido como discovery “parece haber movilizado cientos de miles de dólares” a través de Allaria, descripta como “una firma de corretaje bien conectada”, que habría realizado operaciones sospechosas. Fue su funcionario también en el Ministerio de Desarrollo Social, donde Berni se afincó cuando el kirchnerismo desembarcó en el gobierno nacional. Pero Montaña también tiene un zigzagueante recorrido como dirigente del Club Atlético Independiente, en el que actualmente es vocal en la Comisión Directiva encabezada por Néstor Grindetti, tras haber sido vicepresidente en la gestión de Hugo Moyano.

Montaña rechazó la información publicada, con un mensaje en redes sociales. “Desmiento lo publicado el día de hoy en @LANACION. Al tratarse de un artículo tendencioso en el que, a partir de un escrito presentado por un abogado de los EE.UU. que litiga contra nuestro país, se sugiere que yo habría ‘movido dinero’ dentro y fuera del país”, indicó en X (exTwitter).

“Mi trayectoria como servidor público y como hombre del deporte ha sido cumpliendo con cada declaración patrimonial exigida por la AFIP y la Oficina Anticorrupción. No poseo ninguna cuenta en el extranjero en la actualidad, ni la tuve jamás. Iniciare las acciones legales correspondientes, a fin de clarificar dichas versiones TENDENCIOSAS y MALINTENCIONADAS”, completó Montaña.

El escrito que el abogado Hranitzky presentó en la Justicia de Nueva York sostiene: “Carlos Montaña, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la PBA, y Diego Benítez, su subsecretario de Obras Públicas, parecen haber movido cientos de miles de dólares dentro y fuera de Argentina a través de Allaria en los últimos dos años”.

Los últimos puestos políticos que detentó Montaña tienen que ver directamente con Berni. Es el titular de la Unidad Ministro en la cartera de Seguridad bonaerense, que Berni conduce en el gobierno de Axel Kicillof.

Cuando Berni desembarcó en Buenos Aires proveniente de Santa Cruz, para ser parte del gobierno de su jefe político Néstor Kirchner, el actual ministro de Kicillof formó parte del equipo de Alicia Kirchner en el Ministerio de Desarrollo Social, en el que ascendió hasta el cargo de secretario de Gestión y Articulación Institucional. Montaña fue secretario de Abordaje Territorial en ese ministerio.

Con un largo recorrido en la cartera de Desarrollo Social, Montaña estaba en el cargo de subsecretario de Asistencia Crítica en abril de 2020, cuando debió renunciar al quedar bajo sospecha por la presunta compra con sobreprecios de alimentos, en medio de la pandemia de coronavirus, un hecho que reveló LA NACION. Montaña fue uno de los quince funcionarios que dimitieron en ese momento, muchos de ellos vinculados a intendentes del conurbano como Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) y Mariano Cascallares (Almirante Brown). La mayoría de esos funcionarios no tenían sus nombramientos oficializados por el Boletín Oficial, pero Montaña sí.

Montaña es también dirigente deportivo. Es vocal titular del Club Atlético Independiente, en la Comisión Directiva que lidera Grindetti, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio. Pero su alineamiento político en la institución de Avellaneda registró un viraje. Durante la gestión de Hugo Moyano (a quien Grindetti enfrentó desde la lista que, en principio, lideraba el conductor televisivo Fabián Doman, que luego renunció a la presidencia), Montaña fue vicepresidente segundo. Renunció a ese puesto en septiembre de 2021 y pasó a las filas opositoras en el club.

Después de renunciar como vicepresidente segundo, Montaña fue duramente criticado por el sector liderado por Moyano. En enero de 2022, el hincha de Independiente Juan Calvente murió en medio de un enfrentamiento con vecinos que cortaban la autopista Buenos Aires–La Plata y efectivos policiales, en medio de un traslado de hinchas hacia el Estadio Único de La Plata, donde el club de avellaneda debía disputar un partido de pretemporada ante San Lorenzo. “Exigimos la renuncia de forma inmediata de todos los funcionarios a cargo del operativo y demandamos la explicación urgente del ministro Sergio Berni y de su jefe de Gabinete, Carlos Montaña”, planteó la dirigencia aún encabezada por Moyano, en un comunicado tras esos hechos.

Es subsecretario de Obras Públicas bonaerense y fue apuntado por el abogado Hranitzky junto a Montaña por el supuesto movimiento de cientos de miles de dólares. Es ingeniero civil y fue designado en el cargo con la llegada al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de Leonardo Nardini, intendente en uso de licencia de Malvinas Argentinas que desembarcó en esa cartera en la renovación del gabinete bonaerense que incluyó a Martín Insaurralde, en la Jefatura de Gabinete, y a Cristina Álvarez Rodríguez, en el Ministerio de Gobierno, tras la derrota del Frente de Todos en las PASO de 2021.

Benítez, afirmó que su patrimonio “está totalmente declarado ante la AFIP y la Oficina Anticorrupción”. En un comunicado, aseguró que “extremó” la transparencia desde que es funcionario público y consideró que la publicación de la información tiene motivaciones electorales. Sostuvo además que tiene un “modo de vida modesta” y dijo que es “absolutamente falso” lo que se señala de él.

Benítez estuvo a cargo del área de infraestructura en la Municipalidad de Escobar, y desde ese distrito llegó una de sus defensas. El intendente, Ariel Sujarchuk, pidió que sea desmentida la información en la que quedó involucrado su exfuncionario.

La abogada Bazán, que se desempeña como secretaria letrada en la Asesoría General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, fue mencionada entre los funcionarios que individualiza el abogado Hranitzky como una de las personas que figuran en los Pandora Papers, documentos que publicó en 2021 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Bazán hizo su descargo con un comunicado. Dijo que se la acusa “sin prueba alguna, de haber participado de operaciones de lavado de activos” y afirmó: “Quiero aclarar que no poseo cuentas bancarias en el exterior, ni he tenido participación en operaciones bursátiles de ningún tipo. Me presentaré a la Justicia a los efectos de desacreditar esta operación contra mi persona, la institución a la que pertenezco y el gobierno de Axel Kicillof, y restablecer el bueno nombre y honor que construí durante mis años en el servicio público”.

Según el Currículum Vitae de Bazán publicado por el gobierno bonaerense en su página oficial de internet, la abogada se recibió en la Universidad Nacional de La Plata e ingresó a la Asesoría General de Gobierno en 1988. Actualmente es titular de la Secretaría Letrada IV, especializada en materia de personal. Bazán también es docente de la Escuela de Abogados de la Administración Pública Provincial y expositora en encuentros de asesores letrados bonaerenses. Fue relatora en el Instituto de Previsión Social bonaerense y representa a la Asesoría General de Gobierno ante el Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad.

García es uno de los directores de Aguas Bonaerenses (ABSA), empresa provincial en la que trabaja, al menos, desde las épocas de Daniel Scioli al frente del gobierno bonaerense. De hecho, compartió ese directorio con Guillermo Scarcella, director de ABSA durante el sciolismo, a quien se lo vincula. Scarcella debió enfrentar una investigación por presunto enriquecimiento ilícito a partir de una denuncia de Elisa Carrió. García sobrevivió en ABSA durante la gestión de María Eugenia Vidal y continúa en la administración Kicillof.

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