Reactivan un pedido de intervención al Poder Judicial de Santa Cruz

EL CALAFATE.- La turbulencia que atraviesa el máximo tribunal de Santa Cruz provocó que se reactive el pedido de intervención al Poder Judicial de la provincia que fue presentado el año pasado en el Congreso Nacional por un diputado del oficialismo provincial.

Mientras tanto, la tensión no cede. En las últimas horas, tres vocales del Tribunal Superior de Justicia dieron la orden de avanzar con la liquidación de un aumento de salarios al Poder Judicial del 42% -acumulativo a octubre- y que elevará el sueldo de los vocales del cuerpo hasta cifras que llegan a los 24 millones de pesos.

El diputado nacional José Luis Garrido, que llegó a la banca por Somos Energía para Renovar Santa Cruz (SER), el partido fundado por gobernador Claudio Vidal, reiteró el pedido de intervención al Poder Judicial que presentó en el Congreso en octubre pasado, cuando los cuatro vocales del Tribunal Superior de Justicia cercanos al kirchnerismo desconocieron la reforma de la ley que amplió el cuerpo de cinco a nueve vocales, votaron a la vocal Reneé Fernández para desplazar al presidente Daniel Mariani e ignoraron a los cuatro vocales propuestos por el gobernador Claudio Vidal.

En los últimos días, pese a estar vigente la feria judicial, el conflicto se reactivó cuando trascendió que el Poder Judicial había ordenado liquidar un aumento de 42% para toda la plantilla del Poder Judicial, garantizando de antemano una mejora sostenida del poder adquisitivo de los magistrados y funcionarios muy por encima de la inflación proyectada para el 2026.

“En Santa Cruz no hay ningún condenado por corrupción. Pese a que a lo largo de los años hubo denuncias, nunca avanzaron. La Justicia miró para otro lado”, afirmó a LA NACION el diputado Garrido, el único representante de Vidal en la Cámara baja, que advirtió que ninguna de las denuncias penales realizadas por el actual gobierno avanzó en la Justicia.

“No avanzaron porque el kirchnerismo tiene el control sobre el Tribunal de Cuentas, que debe dar las herramientas para alimentar el proceso administrativo en la Justicia”, explicó el legislador en diálogo con este medio.

El proyecto de intervención al Poder Judicial presentado por Garrido afirma que el objetivo es “garantizar la forma republicana de gobierno y la independencia del Poder Judicial, y asegurar la recta administración de justicia, de conformidad a lo establecido en los artículos 5, 6 y 75 inciso 31 de la Constitución Nacional”.

El diputado nacional, en alusión a la expresidenta Cristina Kirchner, dijo: “Tanto se queja de la Justicia, pero en Santa Cruz el Partido Judicial funciona en su máxima expresión”, en referencia a la resistencia de los vocales cercanos al kirchnerismo que se oponen a la ampliación de la Corte Provincial.

El proyecto de intervención que está en la Cámara Baja, ahora de receso, detalla que el Poder Ejecutivo Nacional deberá designar a un interventor federal, quien podrá ejercer por sí la función judicial, y tendrá las facultades de remover, ratificar o suspender a los magistrados, funcionarios, agentes y empleados del Poder Judicial, como también dictar reglamentos y disposiciones para establecer un régimen de subrogancia y designaciones de conjueces.

Mientras tanto, el ala judicial identificada con el kirchnerismo, encabezada por la jueza Reneé Fernández, confirmó el aumento anunciado, luego de que el presidente del cuerpo, el Dr. Daniel Mariani, ordenara hace dos días que se frenara la liquidación dispuesta en medio del fuerte enfrentamiento que mantienen las dos facciones dentro del Poder Judicial.

La decisión de avanzar en la liquidación de sueldos con aumento es un capítulo más del doble comando que hoy preside con turbulencias el Poder Judicial de Santa Cruz. Mariani asegura que la medida se tomó sin contar con la mayoría mínima del cuerpo y que la decisión es “inexistente y carente de toda validez”, dado que el nuevo cuerpo colegiado es de nueve miembros.

Desde el ala kirchnerista argumentaron que la reforma judicial fue declarada inconstitucional, al igual que todos los actos que se dictaron en consecuencia, y que la formalización de las pautas salariales para el 2026 ya habían sido suscriptas por el propio Mariani en resoluciones previas, en tanto aclaran que la pauta salarial “toma como referencia los aumentos porcentuales que dispone la Corte Suprema de Justicia”. En la misma resolución, aclaran que la medida “no es una atribución discrecional, sino una facultad reglada por la Constitución Provincial”.

El fallo que declaró la inconstitucionalidad fue apelado por la fiscalía de Estado. Sin embargo, la causa no avanzó porque el TSJ se encuentra de feria.

Por Mariela Arias

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