Rechazan cerrar una de las mayores causas de lavado de dinero del sistema financiero argentino

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó cerrar por el paso del tiempo una causa en la que se investiga una de las mayores denuncias de lavado de dinero del sistema financiero en la Argentina que involucra al BNP Paribas. El tribunal también actualizó los embargos de los ejecutivos acusados hasta la suma de casi 200 millones de dólares.

El caso, que tiene más de 25 años, está en el Tribunal Oral Federal 6 elevado a juicio oral y público, donde 14 imputados esperan para ser juzgados.

Los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, confirmaron el aumento de embargos por un monto total de 303.000 millones de pesos.

​​La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos de las defensas y confirmó la actualización de los embargos dispuesta en la causa por presunta asociación ilícita y lavado de activos agravado.

Los montos ascienden a aproximadamente $31.233 millones para Philippe Yves Henri Joannier y Christian Armand Augustin Abeillon; $24.987 millones para Christian Marie François Giraudon y Michel Michael Basciano; y $18.740 millones para el grupo de imputados integrado, entre otros, por Osvaldo Rodríguez, Elba Guibernau, Daniel Omar Mónaco, Fernando Gabriel Celaya y Luis Pablo Cremona.

​​El tribunal de Casación consideró que la actualización de los montos responde a la depreciación monetaria producida desde la fijación de los embargos en noviembre de 2019 y no implica una modificación de los criterios de cálculo establecidos anteriormente.

Asimismo, rechazó los planteos de las defensas relativos a la cosa juzgada, la proporcionalidad de las medidas cautelares, la presunción de inocencia y la garantía de ser juzgado en un plazo razonable.

​​La causa investiga presuntas maniobras de lavado de activos agravado y asociación ilícita vinculadas con el BNP Paribas.

Entre 2000 y 2008, a través de una oficina de banca privada en Buenos Aires que operaba al margen de los organismos de control, se habrían captado y administrado fondos no declarados mediante sociedades constituidas en el exterior y cuentas en distintos centros financieros internacionales, con mecanismos destinados a ocultar la identidad de los verdaderos titulares de los activos.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación convalidó por unanimidad lo que había resuelto el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 el 29 de mayo pasado, cuando a pedido de la fiscalía, el Banco Central y la UIF, actualizó por inflación los montos fijados en 2019.

Las defensas sostenían que el tribunal oral no podía tocar montos que habían quedado firmes, que la actualización convertía el embargo en una “pena anticipada” y que se violaba la garantía de ser juzgado en un plazo razonable.

La defensa de Rodríguez, Guibernau y Mónaco invocó la edad y la salud de sus clientes. También recordó que pasaron diecinueve años desde el allanamiento que dio origen a la causa. Además, afirmó que 21 de los 23 hechos imputados ya habían sido archivados o desestimados en otros juzgados.

Pero la Casación rechazó sus pretensiones. Borinsky, en un primer voto, distinguió entre modificar el método de cálculo y actualizar un monto ya fijado. Citó como antecedente la actualización por índice de precios al consumidor del decomiso en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner, que la Corte dejó firme en julio pasado.

Sobre el plazo razonable, el juez sostuvo que las defensas cuentan el tiempo desde 2009, cuando los embargos se dictaron recién en 2016 con los procesamientos.

También señaló que omiten la complejidad del caso, sus 14 imputados y que el expediente ya está en etapa de juicio.

Para Hornos “no se ha alterado el método; se ha preservado el valor”. Con la inflación, agregó, negar la actualización implicaría consentir la licuación de la garantía judicial por el mero paso del tiempo.

El fiscal ante Casación, Raúl Pleé, había pedido además que se le encomiende al tribunal oral la pronta realización del juicio, que todavía no tiene fecha.

El caso nació en 2008. Al rastrear fondos de un fraude contra la administración pública, los investigadores llegaron al piso 25 del edificio del banco en Alem 855, donde funcionaba un servicio de banca privada internacional que no había sido informado al Banco Central. La causa formal se abrió en 2009 por una denuncia del propio BCRA.

Según la acusación, los imputados integraron entre 2000 y 2008 una asociación ilícita destinada al lavado de activos y a infringir el régimen penal cambiario en 23 oportunidades. Los fiscales estimaron que por esa estructura se lavaron unos mil millones de dólares.

En el expediente judicial, la base de cálculo quedó en US$33,3 millones, la suma de las operaciones concretas imputadas.

En 2016, la Cámara del Crimen confirmó los procesamientos de 14 ejecutivos del banco. Entre ellos está Joannier, director general de la sucursal argentina hasta mayo de 2006; Giraudon, su sucesor hasta fines de 2008; Abeillon, director administrativo hasta 2006, y Basciano, su reemplazante.

Los planteos para cerrar la causa por el paso del tiempo se acumularon a lo largo de los años. La Cámara Federal rechazó la prescripción, y la Corte Suprema desestimó otro planteo de prescripción de uno de los procesados.

Queda un frente abierto. En 2023, el Tribunal Oral Federal 6 homologó un acuerdo de reparación integral del perjuicio que habría cerrado el caso sin juicio.

Pero la Cámara Federal de Casación lo revocó, aunque concedió los recursos extraordinarios de las defensas. Desde entonces, el expediente espera una definición de la Corte Suprema.

Por Hernán Cappiello

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