Rechazan indagatorias por el caso Papel Prensa

El fiscal federal Eduardo Taiano rechazó un planteo que le había hecho el titular de la Procuraduría de Lesa Humanidad, Jorge Auat, para que indague a la directora del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble; al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, y al director del diario LA NACION, Bartolomé Mitre, por la compraventa de Papel Prensa.

Taiano, en su dictamen de dos carillas, buscó ser prudente. Sostuvo que sin perjuicio de que puede coincidir con algunas argumentaciones formuladas por Auat, no hay en la causa pruebas suficientes para citar a indagatoria a los citados directores de Clarín y LA NACION. Según escribió, los elementos probatorios reunidos hasta el momento "no permiten todavía considerar configurado el estado de sospecha requerido".

En su dictamen también recuerda el artículo 120 de la Constitución nacional, que dice que los fiscales son autónomos respecto de otros poderes del Estado, y hace hincapié en que aún faltan realizar muchas medidas de prueba antes de poder decidir si corresponde citar a los citados directores a indagatoria.

El pronunciamiento de Taiano respondía a un dictamen de Auat que también estaba firmado por los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos, Alejandro Alagia y Guillermo Freile. Los tres funcionarios tienen una fuerte identificación ideológica con su jefa, Alejandra Gils Carbó.

El dictamen que días atrás presentaron los tres fiscales llamó mucho la atención en la Justicia, incluso entre los kirchneristas, porque ni la Constitución nacional ni la ley orgánica del Ministerio Público permiten que Gils Carbó u otros funcionarios dicten instrucciones particulares en una causa penal determinada al fiscal natural del caso.

Auat, Alagia y Freile, en cambio, buscaron dar directrices bien precisas: sostuvieron la insólita teoría de que no es necesario que todas las personas involucradas en un delito de lesa humanidad hayan tenido la intención de perseguir a sus victimas. Basta que una sola de ellas haya tenido esa intención para que el resto de ellas se puedan ser considerados coautoras.

La compraventa de Papel Prensa se hizo en noviembre de 1976, luego de dos meses de negociaciones entre los abogados del Grupo Graiver y de los diarios. Por entonces, la familia Graiver estaba libre y sólo fue secuestrada por el gobierno de facto en marzo de 1977.

En medio de una fuerte pelea con los dos matutinos, en 2009, el Gobierno lanzó una fuerte embestida y acusó a los directores de Clarín y de LA NACION de haber cometido delitos de lesa humanidad para comprar esa planta donde se fabrica papel para diario.

En el escrito de Auat, Alagia y Freile también hay más sorpresas: si bien el Gobierno siempre argumentó que los diarios compraron la empresa a "precio vil", ahora admiten que Clarín y LA NACION tal vez pagaron un "precio justo", pero afirman que sus directores forzaron a los Graiver a vender. Además, no reconocen algo que en el expediente ya está probado: que la familia Graiver estaba en libertad y sus abogados negociaron durante dos meses la operación.