Reflotan en el Senado el tratamiento de modificaciones a la ley antilavado

En medio de un clima de tensión política por el pedido de sesión especial del kirchnerismo para derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, el Senado retomará este miércoles el debate en comisiones de un proyecto que modifica el Código Penal y la denominada ley de lavado de dinero, mejoras reclamadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El texto fue aprobado por la Cámara de Diputados en abril del año pasado, pero en el Senado que presidía Cristina Kirchner perdió envión. Tras realizar una reunión informativa con funcionarios del Poder Ejecutivo, el entonces oficialista Frente de Todos decidió dejar en el olvido el proyecto en la Cámara alta.

Necesitado de dar señales positivas a los mercados internacionales y al Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente Javier Milei incluyó el proyecto en el decreto que amplió hasta el 15 de febrero próximo las sesiones extraordinarias del Congreso. Por eso, el oficialismo decidió reflotar su tratamiento en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, que se reunirán en plenario este miércoles a partir de las 17.

La iniciativa fue enviada al Congreso por el gobierno de Alberto Fernández en 2022 a pedido de Sergio Massa que, como flamante ministro de Economía, necesitaba en ese momento enviar señales de buena voluntad al Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que intentaba llegar a un acuerdo para postergar los vencimientos de la deuda.

El proyecto buscaba evitar, mediante algunos cambios en la legislación vigente, que Argentina cayera en la denominada “zona gris”, calificación utilizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para señalar a aquellos países con legislaciones permeables al blanqueo de activos provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico, el terrorismo y el tráfico de personas.

Con esta premisa de fondo, la iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados en abril del año pasado con el voto del kirchnerismo en pleno. Ya con el traje de candidato presidencial, Massa pidió la sanción del proyecto al Senado que presidía Cristina Kirchner. A mediados de julio, el entonces oficialismo convocó al secretario de Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, Ricardo Casal, al director de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, para que expusieran en la Cámara alta. Tras ese encuentro, el tema nunca más volvió a tratarse.

Ahora, están invitados a exponer Ignacio Yacobucci, candidato propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional para presidir la Unidad de Información Financiera (UIF), y Nicolás Vergara, jefe de gabinete del organismo.

El oficialismo se ha mostrado activo en su intento por conseguir la sanción definitiva del proyecto. Con ese objetivo se ha movido en las últimas horas el libertario Ezequiel Atauche, presidente del bloque de la Libertad Avanza y de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

En su recorrida por los diferentes bloques, Atauche destacó que la sanción de la iniciativa es vital para la política del gobierno de Javier de MIlei de ordenar las cuentas, ya que le permitirá superar la próxima revisión técnica del (GAFI) y cumplir con unos de los reclamos del FMI le permitirá a la Argentina mostrar una mayor previsibilidad.

No obstante, el proyecto cuenta con algunos cuestionamientos. Así, desde los bloque que integraron Juntos por el Cambio se cuestionaron dos puntos claves de la iniciativa: la dependencia de la UIF del Ministerio de Economía y el hecho de que el presidente de la unidad sea designado por decreto del presidente con el único requisito de presentarse a una audiencia pública no vinculante.

La gran incógnita será ver como votará el kirchnerismo. En Diputados, el proyecto fue aprobado por el impulso del entonces oficialismo. Ahora, es una incógnita el camino que seguirá el Frente de Todos.

Otro de los puntos del proyecto que generó mayor debate cuando fue tratado en Diputados fue por el artículo que incorpora a los abogados como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, y en ese sentido se estableció que no lo deberán hacer cuando hagan tareas de asesoramiento, litigios judiciales, administrativos, de arbitraje o mediación.

Por Gustavo Ybarra

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