Remueven a la cúpula de una obra social

Luego de que se difundiera la investigación judicial sobre un fraude millonario en la obra social del Poder Judicial, la Corte Suprema resolvió remover a la cúpula del organismo, que está bajo su administración.

La decisión se tomó anteayer, dos días después de que LA NACION reveló que la jueza federal María Servini de Cubría investigaba casos de sobrefacturación en la sección odontológica del organismo y que había funcionarios involucrados.

Por decisión del máximo tribunal, debieron abandonar sus cargos Hugo Destouches, el director general de la obra social, y Enrique Ferrao, el subdirector administrativo, según confirmaron anteayer en la Corte.

A esos se agregaron otros desplazamientos, según informó a LA NACION una fuente de la obra social: también fueron removidos Marta Gargiulo, directora médica, y Raúl Podingo, ex director general del organismo y actual director general de Administración de la Corte Suprema.

Podingo secunda a Nicolás Reyes, administrador general del máximo tribunal desde la época en que la Corte la presidía el menemista Julio Nazareno. En la secretaría de prensa de la Dirección de Prensa de la Corte no respondieron a varias llamadas de LA NACION para confirmar el desplazamiento de Podingo.

Todos los funcionarios desplazados no perdieron sus trabajos, sino que pasaron a cumplir funciones en otras dependencias judiciales.

La obra social del Poder Judicial tiene 76.000 afiliados. Brinda cobertura médica a todos los funcionarios y empleados de la justicia nacional, de la justicia porteña, del Ministerio Público, de la Defensoría General y del Consejo de la Magistratura, y a sus familiares.

Las irregularidades descubiertas consistían en la sobrefacturación o la invención de prestaciones por parte de un grupo de dentistas que, según declararon en una investigación interna de la obra social, actuaban en connivencia con funcionarios del organismo, a los que debían entregarles la mitad de lo recaudado.

Los funcionarios acusados son Eduardo Bazerque, que se desempeñaba como jefe y auditor de la sección odontológica, y Elsa Sosa, de la sección facturación. Ellos fueron los primeros en ser removidos.

De acuerdo con las averiguaciones hechas por Servini de Cubría, varios dentistas multiplicaron sus facturaciones en forma llamativa durante el año pasado.

Uno de los odontólogos que admitió la maniobra, María Pinado Rueda, pasó de cobrar 26.500 pesos en 2005 a 439.000 pesos en 2006. En la investigación interna de la obra social dijo que el trato era que debían entregar el 50 por ciento de lo percibido por las prestaciones sobrefacturadas o inventadas a Sosa, que todos los meses pasaba por su consultorio.

Uno de los testigos del caso, el ex contador del organismo Ricardo Podestá, dijo que Ferrao era el que dificultaba las tareas de control.

Por Gabriel Sued

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