Renunció un alto funcionario de la AFI y La Cámpora pierde poder en el organismo

En medio de los avances de la Justicia contra la cúpula anterior de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y con el mundo del espionaje revolucionado, se dio el primer episodio por una disputa de poder en el organismo conducido por Cristina Caamaño.

Después de que Alberto Fernández mandara el pliego de Caamaño al Senado, y en un clima de tensión, renunció a su cargo el secretario de Producción de Inteligencia Nacional, Roberto López, considerado un funcionario clave en la estructura de las operaciones de inteligencia.

Su salida fue leída, entre quienes observan de cerca la dinámica del organismo, como un freno al poder que había acumulado López, un abogado que integra las filas de La Cámpora y vinculado a la gestión de la AFI durante el tramo final de la presidencia de Cristina Kirchner.

Detrás de López se retiró una tanda de agentes, todos bajo la modalidad de retiro voluntario. Su cargo, que controla todas las operaciones de inteligencia que ocurren en la órbita de la AFI, quedó vacante y, por ahora, todo el personal que tenía López por debajo responde directamente a Caamaño.

Roberto López había participado de la gestión de la AFI cuando fue encabezada por el hoy senador nacional Oscar Parrilli y el actual subsecretario de Justicia, Juan Martín Mena, durante 2015.

Allí se había ocupado del área de operaciones internacionales y, según supo LA NACION, desde ese entonces mantiene buena relación con el exdirector de Asuntos Interiores de la AFI Fernando Pocino. También pasó por la Cámara de Diputados, donde fue asesor en varias comisiones.

La presencia de López y de varios dirigentes de La Cámpora había sido interpretada por viejos agentes como la vuelta de caras conocidas, vinculadas a Pocino y a Mena. En el entorno de Mena, sin embargo, niegan las vinculaciones.

Según reconstruyó LA NACION, varios de los agentes que dejaron la AFI en el último mes habían sido los encargados de auditar el estado de situación del organismo y fueron quienes hallaron el material que luego denunció Caamaño en los tribunales federales de Comodoro Py por presuntos hechos de espionaje ilegal durante la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Una de esas denuncias, formulada por el hallazgo de un disco rígido con "inteligencia ilegal" contra 500 personas durante el gobierno de Macri, advertía que el material de ese disco había sido borrado y pudo ser recuperado, "con algunas falencias".

La Justicia pidió realizar peritajes sobre esa información y advirtió que la AFI demoraba en responder a los oficios para continuar con la investigación.

Una promesa repetida

A pesar de que en su discurso de asunción presidencial Mauricio Macri prometió que la AFI no espiaría a los argentinos, el expresidente terminó su mandato con numerosas acusaciones por presuntos hechos de espionaje ilegal. Arribas y Majdalani están imputados en varios expedientes judiciales. Durante los gobiernos kirchneristas que antecedieron al macrismo se profundizó el vínculo entre los servicios de inteligencia y la Justicia Federal, mientras Jaime Stiuso acumulaba poder.

Cristina Kirchner terminó su mandato peleada con Stiuso y con la cúpula de la ex-SIDE que había elegido Néstor Kirchner. El vínculo entre el poder político y los servicios de inteligencia quedó expuesto y su eliminación fue una promesa reiterada pero incumplida por los distintos gobiernos.

En su discurso de apertura del período legislativo, el presidente Alberto Fernández anunció la intervención de la AFI para "terminar con los sótanos de la democracia".

Apenas fue nombrada interventora, Caamaño redactó una resolución mediante la cual ordenó "reducir al mínimo" la participación de los servicios de inteligencia como auxiliares de la Justicia en las causas penales. Esta normativa fue leída como un mensaje a los jueces federales para cortar los puentes formales que existían entre los tribunales y la AFI, y en marzo fue ratificada por un decreto presidencial.

Se anunció, también, la difusión pública de casi todo el presupuesto del organismo, de unos $2600 millones, y la reasignación de fondos reservados excedentes a distintas políticas públicas.

Y se reformó la estructura organizativa de la agencia de inteligencia. En lugar de direcciones divididas por jurisdicciones, ahora hay tres secretarías: la de Producción de Inteligencia Nacional, la de Planificación de Inteligencia Nacional y la de Administración y Apoyo.

La figura de subdirector general quedó sin efecto de forma provisoria. Y la Secretaría de Producción de Inteligencia Nacional –la más importante por tener a su cargo toda el área operativa del organismo– hoy está acéfala.