Reparto discrecional y poca transparencia

La información difusa y contradictoria acerca del Plan Argentina Trabaja (PAT) fue una característica denunciada por organizaciones sociales y centros de investigación independientes desde que fue anunciado por la Presidenta, en agosto de 2010, tras la derrota del kirchnerismo en las elecciones legislativas.

Según documentos del Ministerio de Desarrollo Social, en enero de 2011 habían ingresado en el programa 55.741 trabajadores. Esa fue conocida como la primera etapa del PAT, la más cuestionada por sus irregularidades, que fue encargada a los intendentes del conurbano. Eran los días en que los vecinos esperaban horas frente a los puestos de inscripción para encontrar que los cupos estaban completos antes de abrirse, como consignaron en varios artículos LA NACION y otros medios.

Ante la creciente movilización social de protesta de los grupos excluidos, el Gobierno creó otras etapas, siempre para el conurbano. La más importante, que absorbió a las organizaciones piqueteras, fue entregada al gobierno de Daniel Scioli: les encargó tareas de mantenimiento en escuelas, hospitales y rutas provinciales.

Fueron cerca de 65.950 cooperativistas, según la respuesta del ministerio a un pedido de informes de Poder Ciudadano, en julio de 2011. Según ese documento, los intendentes manejaban 107.638 planes y habían ejecutado obras por $ 2266 millones. Una caja que supera el presupuesto de algunas provincias.

En otro informe del mismo mes, Desarrollo Social reconocía 10.000 personas más en el plan. Con diferencia de meses, otros documentos muestran beneficiarios que suben o caen por miles.

"Se trata de un programa que no fue diseñado para dar información transparente", juzgó, en ese entonces, el titular de Poder Ciudadano, Hernán Charosky.

Con la primera experiencia fuera del conurbano sucedió lo mismo. Tucumán, gobernada por el aliado José Alperovich, recibió 15.000 planes. Las irregularidades en su entrega llegaron hasta los fueros penales.

Lo siguió la ciudad de Corrientes, gobernada por otro kirchnerista, Carlos Espínola, que recibió 3000 planes. Con cuentagotas, el PAT se extendió a Mendoza, Chaco, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misiones, San Juan, Santiago del Estero y Río Negro (recibió $ 2 millones, lejos de los $ 1713 millones bonaerenses). A provincias no alineadas (San Luis, Córdoba y Santa Fe) se le asignaron partidas, que no fueron enviadas.

Los cambios anunciados para la nueva etapa parecen destinados a centralizar el control: cooperativas más chicas, de 30 personas, fiscalizadas directamente desde los ministerios, más que por los intendentes y las provincias. Esas son las promesas que, por estos días, funcionarios de Desarrollo Social les hacen a los dirigentes piqueteros opositores. Lo mismo que hace dos años.