Repsol envió una carta a Cristina y dio el primer paso antes de llevar el caso al Ciadi
El grupo español valoró su participación en YPF en 10.500 millones de dólares y anunció que exigirá una compensación a través del arbitraje internacional que deberá ser al menos igual a esta suma, que el Gobierno no está dispuesto a pagar
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El grupo petrolero español Repsol notificó a la presidenta Cristina Kirchner la existencia de una "controversia" por la expropiación del 51% de su filial YPF , primer paso para la apertura de un arbitraje internacional.
"El proceso empieza en Argentina, Repsol notifica a la presidenta de la república que hay una controversia y dice que esto debería dirimirse en el CIADI" (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, una institución del Banco Mundial), declaró un vocero a la agencia AFP. "Antes de que se vaya al CIADI las partes tenemos seis meses para buscar una solución negociada, esto es el primer paso, es lo que abre el proceso", precisó.
Alegando una falta de inversiones en Argentina por parte de la petrolera española, el Gobierno anunció en abril la renacionalización de YPF, tras su privatización en 1999. "La expropiación de YPF implica una violación de los compromisos asumidos por Argentina bajo el Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre España y Argentina", afirma la notificación enviada a Kirchner de la que la AFP obtuvo una copia.
El grupo español valoró su participación en la filial argentina en 10.500 millones de dólares y anunció que exigirá una compensación a través del arbitraje internacional que deberá ser al menos igual a esta suma, que el Gobierno dio a entender no está dispuesto a pagar.
"Con la notificación, Repsol anuncia formalmente el comienzo inmediato de acciones legales bajo el Derecho Internacional para que se condene a Argentina a la reintegración y/o a la reparación integral de los daños y perjuicios que hayan podido ocasionar", agrega el texto.
La decisión de expropiar a Repsol el 51% de las acciones de YPF, aprobada a principios de este mes por el Congreso, tensó las relaciones con España.
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