Reunión con el Gobierno para tratar de evitar nuevos despidos en Lear y Donnelley

Luego de que la presidenta Cristina Kirchner advirtió a los empresarios que despidan a trabajadores que aplicará la ley antiterrorista e intentará reformar en el Congreso la ley de abastecimiento, el Gobierno intentó ayer presentar la buena noticia de que "se garantizará la continuidad laboral" en dos empresas en crisis. Lo hizo tras sendas reuniones del jefe del Gabinete, Jorge Capitanich, con los representantes gremiales de la imprenta Donnelley y con los directivos de la autopartista Lear.

Sin embargo, la situación aún es indefinida tras los encuentros celebrados en el Salón Norte de la Casa Rosada, entre las 15 y las 17.

Por un lado, el director general de Lear, Antonio Marín, ratificó lo que había anticipado anteayer: reabrirá sus puertas el martes próximo si el Gobierno le garantiza que las delegaciones gremiales más radicalizadas de Smata no le toman la planta tras dos meses de conflicto.

Según dijeron a LA NACION fuentes de la Casa Rosada, "Lear se comprometió a reincorporar a 60 de los 64 trabajadores despedidos", lo cual es uno de los ejes la controversia. El Gobierno se comprometió a garantizará el orden en la fábrica. Sin embargo, Capitanich no dio información oficial del acuerdo.

En el caso de Donnelley, Capitanich se reunió con la Federación Gráfica Bonaerense, representada por Mario Abraham, y acordó que "el espíritu será mantener las fuentes de trabajo", para evitar el despido de los 400 empleados; garantizó que "seguirá existiendo la imprenta", y dijo que para ello intentará buscar un "inversor privado" o conformar una "cooperativa" en manos de los trabajadores.

El Gobierno se comprometió además a "no desalojar la planta".

Los accionistas y directivos de Donnelley, que pidieron la quiebra que les fue concedida por el juez comercial Gerardo Santichia, no asistieron a la reunión porque, según el Gobierno, "no están ubicables".

Cristina Kirchner había anunciado anteayer que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que dirige Ricardo Echegaray, solicitaría la aplicación a Donnelley de la ley antiterrorista, y la denunció penalmente por alterar el orden económico y financiero. La demanda recayó ayer en juez federal Daniel Rafecas.

Según ella, la imprenta invocó una "quiebra falsa, fraudulenta y mafiosa", por estar supuestamente vinculada al fondo buitre NML Elliot, de Paul Singer.

La mandataria dijo que Singer buscaría así una represalia contra el Gobierno por no acordar una forma de pago, tal lo dispuesto por el juez de Nueva York, Thomas Griesa, y caer así en default selectivo.

Según trascendió en la Casa Rosada, la Presidenta, que ayer viajó a Santa Cruz, está muy preocupada por la posibilidad de que se acentúe la crisis de cierres de empresas y despidos de trabajadores, y por la investigación judicial que los fondos buitres activaron en Estados Unidos para rastrear cuentas y empresas fantasma del empresario Lázaro Baez y así vincularlas con supuestas maniobras de lavado de dinero de la familia Kirchner.

Es así como adoptó la estrategia del amedrentamiento con las leyes antiterrorista y de abastecimiento.

De las reuniones de ayer participaron además los ministros de Trabajo, Carlos Tomada; de Industria, Débora Giorgi, y de Seguridad, Cecilia Rodríguez. También estuvieron el jefe del gabinete bonaerense, Alberto Pérez, y el ministro de Trabajo de la provincia, Oscar Cuartango.

"Se garantizará la continuidad laboral en ambas empresas. El martes abrirá Lear. Y el Gobierno y los sindicatos acordarán una manera de mantener abierta la imprenta Donnelley con un inversor privado o con una cooperativa", señalaron fuentes del Gobierno a LA NACION.

La continuidad de Donnelley encierra aún más dudas que certezas. Fuentes gremiales y gubernamentales confiaron a LA NACION que la definición del conflicto dependerá la evolución judicial de la quiebra, para lo cual se reunirán el martes próximo con el juez Santichia.

"El juez y el síndico son permeables a la continuidad", dijo un dirigente gremial en Balcarce 50.

El conflicto en Lear, en tanto, no está saldado. El miércoles próximo habrá una reunión interna en Smata, donde el sindicato que dirige Aldo Pignanelli podría desplazar a la comisión gremial interna de la empresa, de la izquierda combativa y enfrentada al jefe sindical.

Por su parte, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, aseguró ayer que si Rafecas acepta la figura de terrorismo para Donnelley, pedirá congelar activos de sus accionistas en la Argentina y en los países miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Por Mariano Obarrio

• Ley antiterrorista

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