Revelan que existía un plan de emigración masiva de judíos

MADRID.- Influyentes organizaciones judías internacionales prepararon, debido a las informaciones que recibían en los años del Proceso ocurrido entre 1976 y 1983, un plan para que emigraran más de 300.000 judíos residentes en la Argentina.

El entonces presidente brasileño Joñ;o Figueredo se comprometió a facilitar la operación, única de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial, y ofreció el territorio de su país como lugar de paso de los argentinos.

En los Estados Unidos, una de dichas organizaciones consiguió el visto bueno de las autoridades para que 100.000 judíos argentinos recibieran un visado que les permitiera emigrar hacia el Norte.

Así lo aseguró ayer a La Nación Juan Pablo Jaroslavsky, vicepresidente de la Comisión de Solidaridad de Familiares de Desaparecidos (Cosofam), creada por exiliados argentinos, en Barcelona, en 1977.

Entre las organizaciones judías aludidas figuran el American Jewish Congress, la Anti-Defamation League of B´nai B´rith y la Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS).

Jaroslavsky y Raúl Castro, apoderado de Cosofam, entregaron al juez español Baltasar Garzón un voluminoso informe sobre la violación de los derechos humanos de argentinos judíos durante el último gobierno de facto.

"Estamos absolutamente convencidos de que fue un genocidio", aseveró Juan Pablo Jaroslavsky, que es nieto del escritor Alberto Gerchunoff.

El informe afirma que "el episodio genocida antisemita (en la Argentina) no contiene elementos sustancialmente diferentes de los que en otras dimensiones y ámbitos emergen en los programas zaristas o estalinistas y en la Alemania hitleriana" y habla de una "matanza masiva de judíos, la más importante desde la Segunda Guerra Mundial".

"Tratamiento especial"

Según dicho informe, 1296 judíos fueron asesinados, lo que supone un 12,43 por ciento del total de las víctimas registradas por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), cuando los judíos (que no llegaban a 300.000) no representaban más del uno por ciento de la población argentina.

El informe cita 27 campos de concentración en los que los judíos fueron tratados con especial brutalidad, y algunos a los que se los llevaba para recibir "un tratamiento especial", aunque, explicó Jaroslavsky, no hubo, como en la Alemania nazi, campos de concentración destinados a judíos.

Diferencias con Chile

"Al contrario que en Chile, donde la DINA (policía secreta) centralizaba la represión, en la Argentina, las Fuerzas Armadas operaron de forma descentralizada", aseguró.

No hubo una política de perseguir a alguien por ser judío, pero cuando la policía o los militares encontraban una agenda, "lo primero que saltaban eran los apellidos judíos".

A ellos se les pintaban esvásticas en la espalda con aerosol, y así los guardianes los golpeaban más que a los demás prisioneros cuando estaban en las duchas. Se los obligaba a oír marchas nazis, a dar vivas a Hitler, a comportarse como perros, a ladrar o a lamer las botas de sus verdugos.

Jaroslavsky afirmó que los militares y la policía tenían "una evidente actitud antisemita militante, con plena libertad para liquidar".

También consideró que existió "una importante connivencia (de la Iglesia Católica) con los represores. La participación de los capellanes militares ya se conoce".

Hubo sólo dos obispos que estuvieron en contra del gobierno militar argentino. No hubo una oposición sistemática ni del Vaticano ni de la jerarquía católica al régimen militar y a las tropelías que cometía", añadió.

Sobre el papel de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Jaroslavsky manifestó que estuvo "muy presionada por las circunstancias" y que no fue muy combativa "porque estaba en presencia de un terrorismo que implicaba a todo el mundo, incluyendo a los miembros de la DAIA".

Críticas a Israel

Exiliado desde 1976, igual que Castro, que fue diputado socialista en Misiones, Jaroslavsky dijo que Israel hizo "poco, muy poco" por los judíos de la Argentina. "Era proveedor de armas de los militares. Funcionó como un país más -agregó-. Ningún tribunal de Israel abrió una causa, el Parlamento no llegó a hacer una declaración concreta, pública y formal. El papel que jugó Israel -dijo- fue lamentable."

Rescató, sin embargo, a las organizaciones progresistas israelíes, que salvaron la vida de muchos argentinos, judíos o no.

Tras recordar que siguen sin aclararse los atentados sufridos en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y en la embajada de Israel, Jaroslavsky concluyó que "entendemos que (el juez) Garzón, que no está presionado por el aparato político como lo está el sistema jurídico argentino, da garantías para que este tema pueda plantearse aquí, y no en la Argentina".

Informe de la DAIA

El presidente de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), Rogelio Cichowolsky, adelantó a La Nación que la institución prepara "un documento sobre el tratamiento claramente discriminatorio que sufrieron los detenidos judíos durante el Proceso", al tiempo que señaló que esos datos serán presentados, en su momento, al juez Juan José Galeano.

También juzgó como "serio" el documento elaborado por la Comisión de Solidaridad de Familiares de Desaparecidos (Cosofam), sobre lo que se informa aparte.

Si bien dijo que "personalmente, no estaba al tanto" de la veracidad sobre la información que proporciona la entidad sobre la existencia de un plan para que emigraran más de 300.000 judíos argentinos durante el Proceso, el dirigente fue tajante: "No la descalifico para nada. Los datos que allí se vuelcan deben de haber sido recogidos de fuentes serias".

Aseguró Cichowolsky que leyó parte de lo que se detalla en el documento de Cosofam, aunque dijo desconocer que el ex presidente de Brasil Joñ;o Figueredo se hubiese comprometido en su momento a facilitar la operación migratoria posibilitando que fuera ese país un lugar de paso para el operativo.

Por Por Fernando Mas <br/> (Especial para <em> La Nación </em> )

---

Conforme a