Río Tercero: el fallo del atentado responsabiliza al poder político

Se procuró ocultar el contrabando de armas, dice la sentencia
Se procuró ocultar el contrabando de armas, dice la sentencia
Jorge Urien Berri
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28 de febrero de 2015  

El atentado que en 1995 destruyó parte de la Fábrica Militar de Río Tercero y de esa ciudad cordobesa, matando a siete civiles, fue "programado desde las más altas esferas del poder político del Estado" y formó parte del "encubrimiento" del contrabando de armas del Ejército a Croacia y Ecuador, sostiene la sentencia del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba, cuyos extensos fundamentos se conocieron ayer.

En diciembre del año pasado, ese tribunal condenó por el atentado a 13 años de prisión a tres coroneles y a diez años a un mayor como autores mediatos de estrago doloso agravado por la muerte de personas. Los cuatro oficiales del Ejército revistaban en Fabricaciones Militares (FM).

En cambio, el ex presidente Carlos Menem y el ex jefe del Ejército general Martín Balza habían sido sobreseídos con anterioridad, pero la querella apeló la medida ante Casación, que aún no resolvió.

Suman 1074 páginas los fundamentos del fallo en el que los jueces del tribunal, Carlos Julio Lascano, José María Pérez Villalobo y Mario Eugenio Garzón, detallan el papel desempeñado en el contrabando por el armamento provisto por el Ejército y que se concentraba en la fábrica antes del envío al puerto. Las explosiones del 3 de noviembre de 1995, explican, buscaron "borrar huellas" de los envíos ilegales de armas y ocurrieron cuando hacía ocho meses que en Buenos Aires se investigaba el negociado.

"Se trató de un atentado provocado de modo intencional, organizado y direccionado, para lograr el ocultamiento de pruebas para la investigación del contrabando de material bélico y la consiguiente impunidad de sus autores y cómplices", sostienen los tres jueces.

La voladura, agregan, constituyó "un eslabón fundamental de un plan criminal de encubrimiento e impunidad concebido y programado desde las más altas esferas del poder político del Estado. Fue transmitido a ejecutores materiales aún no identificados, a través de la cadena de mandos de una estructura organizada al margen de la legalidad, con el propósito de imposibilitar el esclarecimiento del comercio ilegal de armas".

Por el contrabando ejecutado mediante decretos presidenciales secretos firmados por Menem se encuentran condenados el ex presidente y otros ex funcionarios, quienes han apelado ante la Corte Suprema. El día de la explosión, Menem viajó a Río Tercero y afirmó que se trató de un accidente e instó a los periodistas a no hablar de un atentado.

Para el tribunal cordobés, la decisión del atentado fue "adoptada por los más altos niveles del poder central, desde donde se impartieron las órdenes del atentado criminal, con la participación de altos funcionarios de FM y de la fábrica".

Los militares condenados en diciembre fueron los coroneles retirados Carlos Franke, ex jefe de las plantas de FM; Jorge Cornejo Torino, ex jefe de la fábrica cordobesa, y Edberto González de la Vega, ex integrante del Comité de Comercialización de FM (a los tres se los había condenado por el contrabando) y el mayor Marcelo Gatto, ex director de Producción Mecánica de la planta.

La querellante Ana Gritti, viuda de una de las víctimas, falleció hace pocos años, pero sus hijas María Eugenia y María Julia Dalmasso Gritti continuaron la querella con los abogados Aukha Barbero, Horacio Viqueira y Ricardo Monner Sans.

"Varios puntos de la sentencia recogen lo que sostenía la recordada Ana Gritti. Por ejemplo -dice Barbero-, que el móvil fue el contrabando de armas. Además, se pone el acento en el aparato organizado del poder, por lo cual, según lo que resuelva Casación, podría complicarse la situación de Menem y Balza."

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