Río Turbio: prueban que una ruta no se hizo

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Ratifican un fraude de $50 millones, que deja más complicado al empresario Lascurain
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11 de septiembre de 2019  

La fiscalía en el juicio al expresidente de la Unión Industrial Argentina ( UIA) Juan Carlos Lascurain y al exinterventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) Atanacio Pérez Osuna, entre otros, dio por probado ayer que hubo una "sustracción" de 50 millones de pesos al Estado para construir una carretera que jamás se hizo.

"El hecho que origina este juicio es un hecho de corrupción", sostuvo la fiscal Fabiana León ante el Tribunal Oral Federal 7 en su alegato final en el juicio por el pago de un anticipo de 50 millones de pesos a la empresa Fainser, de Lascurain, por la construcción de una ruta que nunca se hizo.

El debate entró en la etapa de alegatos finales y la fiscal León anticipó que acusará por el delito de "peculado".

Los acusados son Lascurain, Osuna -quien era intendente de la localidad santacruceña de Río Turbio cuando quedó detenido en el caso-, el excoordinador de YCRT Miguel Ángel Larregina, el diputado provincial Horacio Mazu y el exasesor Juan Vargas.

Se trata de la primera investigación por delitos en Río Turbio que es juzgada, en tanto el lunes juez Luis Rodríguez envió a juicio al detenido exministro de Planificación Federal Julio De Vido y al exsecretario de Coordinación del Ministerio Roberto Baratta, entre otros, por supuesta defraudación en la parte central del caso.

"El cúmulo de pruebas me permite afirmar que esa entrega de dinero fue una sustracción de caudales y está prevista en el Código Penal como peculado", sostuvo León en la audiencia que se realizó en el Palacio de Tribunales porteño, donde tiene su sede el Tribunal Oral Federal 7.

León remarcó que el pliego que licitó la construcción de la ruta de siete kilómetros, el llamado "Camino de los Mineros" para facilitar el tránsito en la zona del yacimiento, "no preveía pago de anticipo alguno".

De acuerdo con la fiscal se montó "un andamiaje para dar justificación a la sustracción de caudales del patrimonio estatal mediante un convenio marco y una adenda que lo posibilitarían". Los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero tienen previsto dar su veredicto en octubre.

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