Sabina Frederic emplazó a las fuerzas de seguridad para que informen si enviaron a Bolivia materiales para reprimir la protesta social
La ministra les pidió que en tres días expliquen si existieron responsabilidades en la remisión de 40.000 cartuchos y gases lacrimógenos
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LA NACIONMariano De Vedia
La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, emplazó a los jefes de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA) para que en tres días determinen, a través de actuaciones administrativas, si existieron responsabilidades en las fuerzas en el posible envío de material para reprimir las protestas sociales a las Fuerzas Armadas de Bolivia.
La medida está orientada a identificar si en noviembre de 2019, durante la gestión de Mauricio Macri, hubo participación de efectivos de seguridad en el proceso que derivó en la caída del gobierno de “Evo Morales, como denunció en las últimas horas el presidente Alberto Fernández.
“Con el objetivo de llevar adelante una profunda investigación que otorgue certezas en torno la cantidad y el tipo de material que se podría haber enviado, la ministra Frederic les exigió que los distintos informes deben ser entregados en un plazo máximo de 72 horas”, explicó el Ministerio de Seguridad en un comunicado.
Deberán presentar el informe en el plazo perentorio de tres días los jefes de la Policía Federal, comisario general Juan Carlos Hernández; de la Gendarmería, comandante general Andrés Severino; de la Prefectura Naval, prefecto general Mario Rubén Farinón; y de la PSA, José Alejandro Glinski.
Dirigentes que tuvieron participación en el gobierno de Juntos por el Cambio evalúan que la denuncia de Alberto Fernández carece de fundamentos sólidos y busca provocar cortocircuitos en la principal fuerza de la oposición. “Apuestan a que el radicalismo se distancie de las políticas de seguridad de la gestión de Patricia Bullrich”, señaló un exfuncionario.
Al respecto, el ex ministro de Defensa Oscar Aguad ratificó que el material fue utilizado por la Gendarmería para “proteger la embajada argentina en La Paz”, en medio de la recuelta polótoca y social.
“No es material letal”
En las Fuerzas Armadas, en tanto, no hubo reacciones en torno de la denuncia sobre la posible entrega de material letal para favorecer la caída de Morales y la asunción de Jeanine Áñez en el gobierno de Bolivia.”No son materiales de uso en las unidades militares”, se explicó, ante una consulta de LA NACION, acerca del posible envío de 40.000 cartuchos y gases lacrimógenos para contrarrestar las protestas sociales.
Las fuentes consultadas insistieron en que “no se trata de material bélico, ni mucho menos letal”, al relativizar las dimensiones del material que se habría enviado según lo manifestado por el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta.
El canciller del gobierno de Luis Arce Catacora reveló que el detalle del material que llegó al país vecino fue aportado por el exjefe de la Fuerza Aérea Boliviana Jorge Terceros Lara, quien el 13 de noviembre de 2019 agradeció en una carta al entonces embajador argentino Normando Álvarez García el envío de “40.000 cartuchos y gases lacrimógenos”, que fueron utilizados en la represión de las protestas contra Áñez. La carta menciona 40.000 cartuchos antitumultos -conocidos como balas de goma, 18 gases lacrimógenos en spray MK-9, cinco gases lacrimógenos MK-4, 50 granadas de gas CN, 19 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC.
“Son balas de goma y gases lacrimógenos que se usan contra disturbios. Los gases letales están prohibidos después de la Primera Guerra Mundial y hay sanciones para los países que no cumplen esa medida, previstas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, explicó una fuente cercana a la gestión de Defensa de Juntos por el Cambio. Agregó que las unidades militares se desprendieron de esos elementos antidisturbios durante la gestión de Nilda Garré.
De todos modos, hubo una participación de la Fuerza Aérea en el traslado de los efectivos de la Gendarmería, que llegaron a Bolivia en un avión Hércules C 130. “Pero la misión de los gendarmes era la custodia del edificio de la embajada argentina, como corresponde a toda sede diplomática, ya que las fuerzas de seguridad locales tienen impedido el acceso”, justificó la fuente.
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