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El Gobierno analiza denunciar penalmente a Mauricio Macri por el supuesto envío de material bélico a Bolivia
Fuentes oficiales dijeron a LA NACION que Alberto Fernández decidirá personalmente la estrategia; la cartera de Seguridad pidió que las cuatro fuerzas le presenten informes dentro de las próximas 72 horas
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LA NACIONCecilia Devanna
El gobierno nacional analiza denunciar penalmente el presunto envío de material bélico a Bolivia, durante el gobierno de Juntos por el Cambio (JxC), en 2019, cuando el país vecino atravesaba una grave crisis institucional interna. El caso se conoció en las últimas horas, luego de que el canciller boliviano, Rogelio Mayta, denunciara que “el gobierno de Mauricio Macri aportó material letal para que se pueda reprimir la protesta social y consolidar el gobierno que rompía el orden constitucional en Bolivia”.
El presidente Alberto Fernández expresó ayer “dolor y vergüenza” por la situación. Hoy volvió sobre el tema en su discurso por el 9 de Julio en Tucumán.
La información sobre una posible denuncia fue confirmada a LA NACION por fuentes del Poder Ejecutivo. En ese sentido, las siguientes horas serán claves, ya que la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, ordenó, por indicación presidencial, a las cuatro Fuerzas Federales, que en el lapso máximo de 72 horas, informen “las responsabilidades en el envío de material policial antitumulto u otro al Estado Plurinacional de Bolivia para colaborar con el golpe de Estado de noviembre de 2019″, tal como lo detalló en su cuenta de la red social Twitter.
Fuentes cercanas a la cartera detallaron que en las próximas horas se esperan los primeros informes, que se adelantarían al plazo fijado. Resaltaron además que el pedido había sido realizado a las cuatro fuerzas (Gendarmería, Policía Federal, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeronaútica), más allá de que las acusaciones recaen sobre Gendarmería.
En ese sentido no se descarta que, de acuerdo a lo que surja de esos informes, puedan abrirse sumarios administrativos, al margen de la posible judicialización del caso. La denuncia, no obstante, dependerá de lo que decida el Presidente. “Todo lo está encabezando el Presidente. Él está encargado”, dijeron fuentes oficiales, que consideraron “gravísimos” los hechos dados a conocer por parte del Ejecutivo boliviano.
Por su parte, la titular del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respondió a las acusaciones a través de un posteo en redes sociales, en el que habló de “colaboración humanitaria” con Bolivia y aseguró: “nunca pasó por mis manos pedido alguno de material para la Fuerza Aérea Boliviana”.
Tras lo que agregó que “se hizo todo lo contrario a lo que manifiesta el presidente [Alberto] Fernández” y sostuvo que “se ayudó a los funcionarios de Evo Morales” y “se resguardó la Embajada Argentina y a los periodistas que estaban bajo el asedio de los manifestantes”.
Por su parte, en la carta difundida ayer, el canciller Mayta aseguró que Argentina proveyó de manera clandestina “material bélico” al régimen de Jeanine Añez para reprimir protestas sociales ante el golpe de Estado contra Evo Morales.
El funcionario agregó que la información provino del exjefe de la Fuerza Aérea Boliviana. Jorge Terceros Lara, que el 13 de noviembre de 2019 agradeció por nota al entonces embajador argentino Normando Álvarez García el envío de “40.000 cartuchos y gases lacrimógenos” que luego fueron utilizados en la represión de las protestas contra el gobierno de Áñez.
Mayta enumeró la entrega de 40.000 cartuchos AT 12/70 [la sigla refiere a munición “antitumulto”, más conocida como “balas de goma”], 18 gases lacrimógenos en spray MK-9, cinco gases lacrimógenos MK-4, 50 granadas de gas CN, 19 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC. Y vinculó el arribo de esos materiales con las denominadas “Masacres de Sacaba y Senkata” -que ocurrieron apenas dos días después de la carta de agradecimiento del gobierno boliviano al argentino-, y que dejaron 11 muertos y 120 heridos durante la represión de las protestas contra el gobierno de Áñez.
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