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Sancionan una ley que aplica mayores controles a la vacunación obligatoria
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LA NACION
El Senado sancionó hoy una ley que enfatiza la obligatoriedad del calendario de vacunación que disponga el Ministerio de Salud, al establecer la prevalencia de la salud pública por sobre el interés particular.
En ese sentido, la nueva norma, que modifica a una vigente desde 1983, establece nuevas medidas tendientes a forzar el efectivo cumplimiento del calendario de vacunación, como la imposibilidad de realizar determinados trámites sin contar con el certificado correspondiente.
Así, no se podrán gestionar asignaciones y planes sociales sin la certificación de autoridad sanitaria competente de la vacunación. El mismo caso aplica para la realización de exámenes preocupacionales.
La norma establece que también deberá acreditarse las vacunas al momento de tramitar el ingreso y egreso del ciclo lectivo obligatorio, el DNI, el pasaporte o la licencia de conducir. Sin embargo, en este caso el incumplimiento del calendario no impedirá la gestión, aunque el funcionario público estará obligado a informar a las autoridades sanitarias de la anomalía.
Esta falta deberá ser asentada en el Registro Nacional de la Población Vacunada Digital, el cual crea la ley y en el que se deben asentar "los datos de vacunación de cada uno de los habitantes de todas las jurisdicciones y subsistemas de salud".
La norma considera a padres, tutores, curadores, guardadores, representantes legales o encargados de los niños o personas con capacidades restringidas como responsables de la vacunación de las personas a su cargo.
Por otro lado, la constancia de la aplicación de la vacuna justifica la inasistencia laboral de la jornada del día de la aplicación, tanto para el vacunado como para su responsable.
El actual marco normativo, vigente desde 1983, se creó en un escenario diferente. En ese entonces, el calendario nacional contaba "solo con seis vacunas obligatorias para niños". En la actualidad, el cronograma contempla cerca de 20, en un arco de edades mucho más amplio.
Además de la obligatoriedad, la ley sancionada hoy establece la obligación del Estado de "garantizar la compra de vacunas e insumos", al tiempo que exime de impuestos internos a las vacunas y penaliza a integrantes del equipo de salud que contraindiquen vacunas del calendario o que falsifiquen certificados.
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