Santiago: peligra la reforma de Lanusse

El debate por la reforma de la Constitución de Santiago del Estero llegó a la Corte Suprema: mientras el procurador general, Esteban Righi, estaría inclinado a proponer que el tribunal debe desprenderse del expediente para enviarlo a la justicia provincial, algunos de los jueces creen que la Corte debe suspender ese proceso de reforma iniciado por Pablo Lanusse.

El 1° de abril último, Lanusse, interventor del gobierno federal en la provincia, dictó el decreto ley 6667 en el que declaró la necesidad de reformar la Constitución provincial y, además, convocó a elecciones de convencionales reformadores.

La Constitución provincial -en forma similar a lo que dispone LA NACIONal- establece que el proceso de reforma constitucional debe iniciarse con una ley de la Legislatura santiagueña, que establezca la necesidad de realizar la modificación, la que se realizará por una convención reformadora convocada al efecto.

Como la ley nacional que dispuso la intervención estableció que Lanusse concentra en sus manos los poderes Ejecutivo y Legislativo -la Legislatura fue clausurada-, éste habría sustituido la voluntad de los legisladores y encaró el proceso de reforma.

Para un sector de la oposición, sin embargo, no hay muchos precedentes de casos de interventores que hayan querido reformar la Constitución.

Ante la Justicia

Quien llevó el tema a la Justicia fue el senador nacional por la provincia José Luis Zavalía (UCR), que directamente presentó una demanda en la instancia originaria de la Corte.

Zavalía, con el patrocinio del constitucionalista Gregorio Badeni, demandó a la provincia, pidió que se declarara inconstitucional el decreto ley 6667, por el cual Lanusse inició el proceso de reforma, y solicitó que la Corte dispusiera una medida cautelar para ordenar que se suspenda la realización de todo el proceso electoral que lleve a la selección de convencionales.

La demanda recuerda que la Constitución nacional establece, en los artículos 5 y 6, que las provincias son autónomas, que se dictan su propia Constitución y que eligen a sus propias autoridades. Además -señalan integrantes de la oposición- Lanusse removió casi a cuarenta jueces provinciales y los reemplazó por otros, por lo cual si la demanda se presentara en la justicia provincial, terminaría en vía muerta, en manos de magistrados nombrados por el interventor.

El constitucionalista Daniel Sabsay, asesor institucional de la intervención, por el contrario, defiende la iniciativa firmada por Lanusse: "El proceso constituyente surge del objeto de la intervención, que es restablecer y garantizar la forma republicana de Gobierno".

"El clamor popular en favor de la reforma es total. Pero, además, el interventor, porque así lo resolvió el gobierno nacional, ejerce atribuciones legislativas. Por lo tanto, no había ningún obstáculo para que [hubiera] declarado la necesidad de la reforma y convocado a elecciones de convencionales reformadores. Finalmente, hay que tener en cuenta que casi todos los partidos avalaron el proceso y están presentando listas de candidatos a convencionales".

El radicalismo provincial está dividido. Mientras el senador Zavalía critica la reforma, Gerardo Zamora, intendente de la capital provincial y presidente de la UCR, la respalda.

El tema está en la Corte y los tiempos se acortan, porque mañana vence el plazo que tienen los partidos para presentar las listas de candidatos y está previsto realizar la elección el 31 del mes próximo.

En la Corte, los ministros tienen opiniones muy disímiles: tres de ellos, por lo menos, creen que la Corte debe suspender el proceso de reforma y dudan de su constitucionalidad, mientras que otros creen que la Corte no debe inmiscuirse en este asunto, sea porque se trata de una cuestión política no justiciable o porque debe ser estudiada por un juez de primera instancia. Esta última sería la postura que podría sostener el procurador Righi en el dictamen que presente ante la Corte nacional.

Por Adrián Ventura

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