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Scioli pasó el proyecto de juego en la provincia para 2009
Prometió escuchar a la Iglesia antes de elaborar una propuesta; charla con Casaretto
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Un día después de que Mauricio Macri rechazó convalidar en la ciudad la industria del juego tal como la organizó el gobierno nacional, el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, aplicó otro freno a la controvertida expansión del negocio lúdico en el país: confirmó que no definirá este año un proyecto al respecto y adelantó que realizará una rueda de consultas con todos los sectores involucrados, incluida la Iglesia, antes de elaborar una propuesta.
Así lo confirmaron anoche a LA NACION fuentes del gobierno que conduce Scioli que, en 2009, debe decidir qué hacer cuando venza la concesión de algunos operadores del negocio, como varios bingos y el casino Trilenium, de Tigre.
Dos días después de que el obispo de San Isidro, monseñor Jorge Casaretto, reclamó por carta que los obispos sean escuchados antes de que el gobierno provincial defina un proyecto relacionado con el juego, el secretario general de la gobernación, José Scioli, se comunicó con el prelado y le garantizó que la gobernación "escuchará a todos".
La charla telefónica ocurrió por la mañana y, según dos funcionarios bonaerenses que tuvieron acceso a la información, Scioli planteó allí que la provincia "iba a avanzar igual" con el proyecto de ordenar la actividad. "Lo que le puedo asegurar es que vamos a escuchar a todo el mundo antes de llegar a una conclusión", prometió el secretario general a Casaretto.
El obispo de San Isidro tiene bajo su jurisdicción eclesiástica el casino de Tigre, cuya licencia deberá ser debatida el año próximo. Casaretto y Scioli hablaron del tema y coincidieron, según afirmaron en la provincia, que la prioridad del caso es proteger las fuentes laborales. Más claro: no se cerrará el Trilenium, cuyo management se dividen la empresa Boldt y Soldati, dueño del Parque de la Costa, donde se ubica el emporio lúdico más grande de la provincia.
La cuestión es que la rueda de consultas, que incluirá a la Iglesia, a los sindicatos, a los intendentes y a los legisladores, demorará la redacción del proyecto de ley. No habrá una definición, sino por lo menos hasta las sesiones ordinarias de 2009.
El gobernador Scioli pretende limitar por ley la cantidad de tragamonedas en la provincia. Hay en Buenos Aires 46 bingos y 10 casinos, y todos pueden colocar máquinas de azar, que representan la mayor parte del negocio del juego. Se estima que en cada tragamoneda se juegan entre 200 y 300 dólares por día. Y se calcula que en la provincia de Buenos Aires hay 15.000 máquinas instaladas. El negocio es fenomenal.
Al mismo tiempo, el gobernador no ocultó que estudia la instalación de nuevas salas de juego en municipios que aún no tienen ni casinos ni bingos. Según confió a LA NACION un intendente que pidió mantener la reserva de su nombre, un casino puede representar alrededor de un millón de pesos por año para una intendencia mediana, más beneficios indirectos, como la generación de empleo.
Esta habilitación permitiría ingresar a nuevos actores en el negocio. Las operaciones de las tragamonedas en los casinos de Buenos Aires corresponden a Boldt, mientras que el mayor operador de bingos es Codere -tiene 14-. Quien pugna por ingresar en la provincia es Casino Club, de Cristóbal López, un empresario vinculado con Néstor Kirchner y dueño de casinos en otros siete distritos.
Casaretto admitió su preocupación por la expansión de las salas de juego. "Destruyen familias", opinó sobre los casinos y bingos. En el gobierno provincial esperan una definición más contundente de la Iglesia al respecto, pues no tienen claro si la carta de Casaretto supone una opinión personal del obispo o si resulta la postura de todo el clero.
En definitiva, después del rechazo de Macri, también Scioli puso un freno al crecimiento del negocio lúdico. Su proyecto no se tratará en lo que queda del año.
Macri y el pedido de Bergoglio
- El rechazo de Mauricio Macri al acuerdo por el juego con el kirchnerismo despertó múltiples acusaciones e intrigas. Una de ellas, surgida en el gobierno nacional, indicó que el cardenal Jorge Bergoglio había convencido a la vicejefa del gobierno porteño, Gabriela Michetti, para que frenara el pacto. Fuentes de la ciudad afirmaron ayer a DyN que, si bien habían existido contactos de los más altos dirigentes porteños con el Arzobispado de Buenos Aires, que conduce Bergoglio, "la decisión fue tomada por Macri el miércoles pasado", un día antes de que la hiciera pública en una conferencia. Bergoglio habría dicho a Michetti que la aprobación era "un escándalo".
