Se exportan argumentos en contra de la pena de muerte

Los argumentos de la defensa jurídica con que el gobierno argentino evitó que se ejecutara en Texas al cordobés Víctor Saldaño, que había sido condenado a morir con una inyección letal, cambió hace días la jurisprudencia en los Estados Unidos.

Desde que el Gobierno logró revertir la sentencia, más de diez abogados, defensores de ocho presos condenados a muerte, solicitaron en las últimas horas y en forma urgente ayuda legal a la Cancillería.

Es que fue desde el Palacio San Martín donde se defendió a Saldaño, el joven cordobés de 28 años que había sido condenado a muerte el 11 de julio de 1996.

A la vez, el logro de la Argentina generó un debate público, que mereció las primeras planas de diarios editados en Texas, como Houston Chronicle y El Día, y del prestigioso matutino The Washington Post, donde además se publicó un editorial al respecto.

Por primera vez, el candidato presidencial George W. Bush, defensor a destajo de la inyección letal, concedió clemencia en un caso de pena capital. Fue para Saldaño.

El Estado argentino decidió intervenir en el proceso iniciado contra Saldaño por una recomendación expresa del canciller Adalberto Rodríguez Giavarini, tras cuatro años en los que, durante la gestión de Carlos Menem, se le negó ayuda al condenado.

Y, así, el jefe de la diplomacia argentina marcó un hecho hasta entonces inédito en la historia del país, a la vez que cambió la suerte del joven nacido en Córdoba que, ahora, seguirá detenido en Texas pero no será ejecutado, ya que la justicia norteamericana decidió, el último miércoles 5, revocar esa pena.

También generó una reacción sin precedente: los gobiernos de Chile, Bolivia, Ecuador, Brasil, Honduras, Panamá, México, Perú, Paraguay, Uruguay, Nicaragua y Venezuela respaldaron, de manera inmediata, la apelación argentina ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.

Y, a principios de este mes, el papa Juan Pablo II incluyó su aval explícito a la acción argentina.

"La apuesta de la diplomacia argentina en este caso fue muy fuerte y logró hacerse colectiva", sintetizó ante La Nación el representante especial en Derechos Humanos, Leandro Despouy, que llevó a los hechos la defensa de Saldaño.

La razón argentina

Sucedió que, horas antes de que se concretara, según el fallo judicial, la ejecución (fijada para el 18 de abril último), el gobierno argentino asumió como propia la defensa del joven cordobés y apeló la pena impuesta argumentando que se trataba de una condena discriminatoria. Para ello presentó un último recurso -denominado en la jerga jurídica amicus curiae -, se convirtió en querellante y pagó los honorarios de un abogado de Washington, Scott Atlas, conocido por su ferviente defensa de la pena de muerte. Pese a sus ideas, Atlas aceptó la defensa de Saldaño por considerar que su situación "era injusta".

Uno de los testimonios determinantes para la condena fue el de Walter Quijano, un psicólogo clínico que estimó, ante el jurado, que la peligrosidad de Saldaño podría profundizarse debido a sus orígenes hispánicos. Quijano atestiguó en más de un centenar de casos. Todos fueron condenados a muerte.

En su testimonio, Quijano había dicho que la raza de Saldaño debía ser considerada porque "estadísticamente los negros y los hispanos son más agresivos y están sobrerrepresentados en el sistema carcelario". Dijo lo mismo en los juicios de los otros ocho condenados, además de repetirlo en los procesos cuyos acusados ya fueron ejecutados.

Precisamente, esos ocho condenados, que aguardan ser ejecutados en lo que se denomina "la antesala del infierno", tienen ahora la esperanza de seguir el mismo camino del reo argentino. Y sus abogados son asistidos, gratuitamente, por el gobierno argentino. "Hubo una clara discriminación en los testimonios de Quijano, que nunca fue denunciada hasta ahora", destacó Despouy.

Las acciones argentinas fueron puestas en práctica, en Texas, por el cónsul allí, Horacio Wamba. Fue él quien interiorizó al canciller Rodríguez Giavarini sobre los pormenores del caso Saldaño. Había intentado hacer lo mismo con el ex canciller Guido Di Tella. Pero en aquella ocasión no tuvo suerte.

El viernes 16 del actual, el procurador general de los Estados Unidos, John Cornyn, dio la razón al gobierno argentino. "Es probable que las condenas a muerte de seis homicidas sean revocadas porque los fiscales utilizaron testimonios racistas de un mismo psicólogo clínico", dijo el procurador. Luego, sumó otros dos casos a la revisión.

Las repercusiones

"Sabemos que hay casos que están siendo considerados por los fiscales de distrito, y si fueran enviados a esta oficina serán tratados en forma similar al caso Saldaño", aseguró, por su parte, la vocero del procurador, Heather Browne, según el Houston Chronicle.

"La pena de muerte ha sufrido en los Estados Unidos un nuevo golpe, tras anularse la sentencia contra un argentino en Texas, Estado que ha aplicado sin clemencia el castigo desde que se reimplantó, en 1976", publicó hace 15 días, en su tapa, el diario El Día, el de mayor venta entre la comunidad de habla hispana del país norteamericano.

También en la primera plana, The Washington Post destacó las derivaciones del caso Saldaño. Y, en un editorial, el conocido periodista Richard Cohen festejó la revocación de la pena contra el cordobés, tras destacar que esa decisión tuvo, por primera vez, el apoyo de George W. Bush, gobernador de Texas y candidato presidencial.

"Bush ha dicho repetidamente que el sistema de pena de muerte de estilo industrial de Texas -todo, desde abogados incompetentes a jueces serviles y a una cámara de apelación supina- es la única institución conocida por el hombre que es absolutamente perfecta", recordó The Washington Post. Y detalló, luego, que desde 1976 se ejecutó en Texas a 218 personas, de las 639 que llegaron a la pena capital en todo EE.UU.

"Ese Estado (Texas) no tiene un sistema de defensores públicos" y "el resultado es un sistema que escupe cadáveres a nivel asombroso", condenó el diario.

Mientras tanto, los pedidos de socorro de los abogados de los ocho condenados en Texas llegan apurados a la cancillería argentina. Desde allí, un grupo de asesores legales responde cada uno de los fax.

"Este personaje (por Quijano) no entiende que determinar la futura peligrosidad de un individuo basándose en sus antecedentes es correcto, pero hacerlo basándose en su edad, su género y su raza no es correcto. La Suprema Corte de los Estados Unidos ha dejado en claro que no se pueden tomar circunstancias en consideración por diversas razones", sostuvo el abogado Atlas, contratado por el gobierno argentino.

Sus argumentos concentraron la adhesión de decenas de organismos no gubernamentales de los Estados Unidos.

Saldaño fue condenado en 1996, junto con un amigo mexicano, Jorge Chávez, acusados de asaltar y asesinar al vendedor de computadoras Paul King, de 46 años. Si bien Chávez fue penado con reclusión perpetua, Saldaño fue víctima de la pena de muerte, finalmente revocada.

Quizá por ello, hoy la Cancillería realiza una nueva exportación, jamás planeada: la de argumentos jurídicos en contra de la pena capital.

El papel de la Argentina

• En 1996, el argentino Víctor Saldaño fue sentenciado a muerte por un asesinato en Texas.
• Durante cuatro años, en la gestión de Menem, se le negó ayuda al condenado.
• La intervención de la cancillería argentina -a cargo de Leonardo Despouy- evitó la ejecución y cambió la jurisprudencia en los Estados Unidos.

Caso testigo

• Origen: el 25 de noviembre de 1995, en compañía de Jorge Chávez, un amigo mexicano, Víctor Saldaño asaltó al vendedor de computadoras Paul King en un almacén de Dallas. A punta de pistola, lo llevaron al bosque. Allí fue hallado el cadáver, con cinco tiros. El 11 de julio de 1996 se condenó al argentino a ser ejecutado. Su cómplice, en cambio, recibió reclusión perpetua.
• Cambio: gracias a la intervención del cónsul argentino, Horacio Wamba, meses más tarde se ordenó otro juicio. El argumento: hubo discriminación racial. Desde Buenos Aires no se hizo gestión alguna en favor de Saldaño.
• Prórroga: el 5 de mayo de 2000, la Procuración General de Texas admitió que la condena fue discriminatoria y suspendió la ejecución.
• Intervención: el 11 de mayo, el gobierno argentino decidió tomar parte en el proceso y se convirtió en querellante. Apeló la medida ante la Suprema Corte de Justicia de los EE. UU. Doce países americanos avalan la iniciativa.
• Fase final: el 5 de junio, la Suprema Corte revocó la pena.

Por Por Andrea Centeno <br/> De la Redacción de <em> La Nación </em>

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