Se gesta una alianza entre sindicalistas y piqueteros que inquieta al poder

A la vera del lago Lemán, en el exclusivo restaurant La Perle du lac, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, ofició de anfitrión el martes pasado de una cena que bien podría haberse concretado en Buenos Aires. Asistieron los empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja, Juan José Etala, Jorge Hulton y los sindicalistas de la CGT Héctor Daer, Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez. También estuvo Guy Ryder, el inglés que dirige desde hace años la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a cargo de quien habría quedado el pago de la suculenta cuenta, con un menú ejecutivo que no baja de los 60 dólares. Si bien los comensales aseguraron que no se charló sobre la agenda doméstica, el encuentro en Suiza sirvió como escenificación de un acuerdo tripartito a 12.000 kilómetros del lugar donde la inflación se mantiene a ritmo de machete y la crisis económica y social amenaza con profundizarse.

Al día siguiente, en Buenos Aires, Pablo Moyano habilitó a cuatro gremialistas de su confianza a abrir las puertas de la CGT para recibir a los dirigentes del Polo Obrero (PO) y la Unidad Piquetera. Omar Plaini, Pablo Flores, Daniel Ricci y Adriana Monje recibieron en la biblioteca de Azopardo 802 a la comitiva que encabezó Eduardo Belliboni, el referente social vinculado a la izquierda que desafía en las calles casi a diario al Gobierno. En una mesa modesta, entre medialunas y vasos de agua, coincidieron en la preocupación por la pérdida constante del poder adquisitivo del dinero y en la necesidad de activar urgente el Consejo del Salario, que define el sueldo básico y actualiza partidas sociales y jubilaciones.

No hubo un apretón de manos para coordinar un plan de lucha común, pero al término del encuentro, a la distancia durante un alto de una gira nacional que encabeza para normalizar las seccionales de la CGT, Pablo Moyano envió una señal que se interpretó como un primer paso firme para avanzar en una alianza que todavía no se cristalizó, pero que ya inquieta al poder político y económico. “Es necesario desde la CGT convocar a una gran marcha para repudiar las políticas inflacionarias que llevan adelante los empresarios. Es entendible la bronca de la gente”, dijo el referente del gremio de los camioneros, sin cerrar la puerta a un trato con los piqueteros. Lo une otro lazo con la izquierda sindical: Moyano respaldó públicamente la disputa que mantiene el Sindicato del Neumático, conducido por Alejandro Crespo, militante del PO, con las empresas Fate, Bridgestone y Pirelli por el aumento de un 200% del pago extra por trabajar el fin de semana. Pablo Moyano aspira a construir una corriente similar al legendario Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA) que lideró su padre durante los 90 para rechazar al neoliberalismo.

Antes de irse a Suiza, Gerardo Martínez fue el primero que propuso puertas adentro de la CGT activar una movilización callejera para alertar sobre los riesgos de la alta inflación. Desde la primavera boreal, insistió con su idea. “La inflación es el colesterol malo de la economía y lo sufren los trabajadores. Tiene que haber un acuerdo para resolverlo. La CGT está dispuesta a marchar para exigir una solución”, dijo antes de tomar el vuelo de regreso a Buenos Aires. Martínez había lanzado la propuesta de la marcha antes del acto que montó en un camping de la Uocra, que se había imaginado como una exhibición de apoyo peronista al Presidente, pero que terminó siendo un retrato de la pérdida del poder, con ausencias en tropa del kirchnerismo, intendentes y gobernadores.

El verdadero blanco de la protesta cambia según el interlocutor. Para “los Gordos” (grandes gremios de servicios) y el autodenominado sector de los “independientes”, cuyos popes vuelven mañana de Suiza, el malestar debe ser dirigido hacia el Gobierno y los empresarios. Ambos sectores son hoy los que llevan la voz cantante en la CGT. Para el moyanismo, en cambio, los únicos responsables del aumento de los precios son los grandes empresarios. Se resolvió el jueves pasado el nudo interno con un comunicado que se quedó a medio camino, cuyo título decía que la inflación “también es responsabilidad empresaria”. Es decir, los gremios peronistas no excluyen a la gestión de Alberto Fernández de la incertidumbre económica.

Sin embargo, las palabras del supermercadista Federico Braun, que dijo con tono informal que su empresa, La Anónima, “remarca precios todos los días”, sirvieron de atajo para unificar posturas. Ahora movimientos sociales, piqueteros y sindicalistas están dispuestos a movilizarse juntos contra “los formadores de precios”, pero también contra el Gobierno.

La cúpula de la CGT se reunirá de manera informal la semana próxima y proyecta recién para el final del mes en curso o principios del próximo una medida en contra de la inflación. No será un paro, a pesar de que hay sectores internos que así lo propusieron, como algunos gremios vinculados al transporte.

Se cocina una movilización callejera a la que podrían sumarse los piqueteros y la izquierda, según confirmaron fuentes de diferentes tribus cegetistas. No habría oradores ni escenario. La modalidad del reclamo dista mucho de la prosapia sindical, acostumbrada a manifestaciones ruidosas musicalizadas con bombos y trompetas, que solo callan cuando algún dirigente con ascendencia lo pide desde un micrófono. El antecedente de una acción conjunta con la izquierda carga inevitable con el estigma de lo que sucedió el 7 de marzo de 2017, cuando la cúpula de la CGT fue silbada y abucheada por una multitud y debió huir en medio de un clima hostil. Ese día ninguno de los integrantes del triunvirato de mando pudo finalizar su discurso callados por “el poné la fecha la puta que te parió”. La exigencia del paro no fue solo retórica: militantes de izquierda coparon a los golpes el escenario y tomaron el mítico atril de la CGT como trofeo de guerra. Presionado, unas semanas después, el triunvirato fijó la fecha de lo que fue la primera huelga contra Mauricio Macri. Aquel episodio dejó huella.

Los machos del off

Cuando Amado Boudou era vicepresidente y comenzó a sentirse acorralado por la causa Ciccone, en la que finalmente fue condenado a prisión por intentar quedarse con la imprenta que fabricaba billetes, denunció filtraciones y operaciones en su contra desde el propio Gobierno. Abrió así una grieta al interior del gabinete de Cristina Kirchner que duró hasta el final del mandato.

“Son los machos del off”, acusó por entonces Boudou, que reconoció que había funcionarios que querían perjudicarlo en su derrotero judicial. Corría junio de 2014. Seis años antes, también con el kirchnerismo en el poder, Alberto Pérez, jefe de gabinete de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, apeló a la misma frase para intentar despejar las operaciones de desgaste que se habían activado contra el gobernador. Pérez, conchabado hoy en el Banco Hipotecario, que es un ente mixto de participación estatal mayoritaria, fue testigo de que esas maniobras para esmerilar a Scioli no cesaron hasta la elección presidencial que perdió contra Macri.

El kirchnerismo no es para nada ajeno al uso del off the record como atajo para filtrar información en la prensa a pesar de haber cuestionado los modos del exministro Matías Kulfas para exponer los presuntos negociados que se cocinaban para avanzar con el gasoducto Néstor Kirchner en el área de Energía, colonizada por La Cámpora. Ayudaría al periodismo prescindir lo máximo posible de la información en off o de las fuentes anónimas, pero alcanzar lo ideal es a veces imposible. Mucho más en la política, donde hay intereses en disputa. Nadie queda al margen.

En un arranque de intolerancia propio de quien no admite otro razonamiento válido, Alberto Fernández pidió la cabeza de Kulfas tras un tuit acusatorio de Cristina Kirchner a uno de sus ministros favoritos. La arrebatada reacción del Presidente desnudó su impostura. Lo echó y hasta buscó desmentir la carta de renuncia, plagada de acusaciones que sirven de botón de muestra para entender la parálisis de la gestión del Frente de Todos a partir de la feroz pelea entre sus socios.

En la CGT identifican en la disputa interna del oficialismo la falta de respuestas a sus reclamos. Los gremios denuncian cada vez con más vehemencia que no hay avances en Salud, en lo relativo a los reintegros de fondos a las obras sociales, ni tampoco en Transporte, donde hay frentes abiertos sin definir que van desde la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, por la que pasa el 80% de las exportaciones de la Argentina, al desbarajuste por los subsidios a los colectivos. Los sindicalistas solo valoran la gestión de Moroni, que les prometió habilitar de manera permanente las paritarias ante el descontrol inflacionario. Y le dan la bienvenida a Daniel Scioli, esperanzados en que rescate al Gobierno de la emergencia y evite que la crisis se los lleve a todos puestos.

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