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Se incuba un conflicto con Estados Unidos con efectos financieros
El Gobierno tiene por delante un fatigoso horizonte de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, los bancos y los bonistas. El ministro de Economía, Martín Guzmán, reconoció que, hasta tanto llegue el dorado crecimiento, la única alternativa al ajuste es reprogramar la deuda. El mundo financiero internacional es extremadamente dependiente y sensible a las señales de Washington. De ahí que las tensiones políticas que se alimentaron en los últimos días con Estados Unidos derivarán en el futuro de las negociaciones económicas. Guste o no.
Los dirigentes políticos argentinos que visitaron Washington en los últimos días recibieron una andanada de preguntas nacidas de las ansias por interpretar los gestos de política exterior del gobierno de Alberto Fernández después de las señales que iban a contramano de los intereses de Estados Unidos.
El viernes, Mauricio Claver-Carone, el funcionario que había enviado Donald Trump a la asunción de Fernández para relevar la postura del nuevo gobierno, terminó por enfatizar públicamente que, para la mirada norteamericana, ayuda financiera y coincidencias políticas van de la mano. "Le hemos hecho una pregunta muy contundente al presidente Fernández, consistente con su discurso [de asunción], que es si va a ser un abogado de la democracia en la región o si va a ser un apologista para las dictaduras y para estos caudillos que no quieren retirarse del poder, sea Maduro, o sean excaudillos, como Correa y Morales", dijo en diálogo con medios de la región. Claver-Carone se había retirado prematuramente de los actos de asunción de Alberto Fernández luego de ratificar la presencia en la ceremonia de Jorge Rodríguez Gómez, ministro de Comunicación e Información del régimen de Nicolás Maduro.
Rodríguez tuvo trascendencia internacional al justificar la expulsión de periodistas incómodos de Venezuela. Dos años atrás, el gobierno argentino había pedido congelar bienes y activos en el país de ministros y figuras destacadas del régimen chavista por las violaciones a los derechos humanos. En el puesto 15 de aquella lista, a la cual tuvo acceso LA NACION, figuraba "Jorge Jesús Rodríguez Gómez", el delegado a la asunción del 10 de diciembre. Hay particularidades argentinas difíciles de explicar a los espectadores internacionales. No es la única.
En el marco de las medidas que asumió la Argentina en el Grupo de Lima se incluyó la prohibición de ingresar a la Argentina de 426 personas del régimen de Nicolás Maduro. No hubo ningún decreto de Alberto Fernández que revirtiera la medida, según informaron en el Gobierno. Pero Rodríguez Gómez ingresó sin inconvenientes. Y hasta se dio el gusto de fotografiarse con Hugo Moyano, a quien calificó como "una leyenda histórica", en la sede del gremio de camioneros.
La reacción de Claver-Carone, que expresó hasta ahora la mayor tensión pública entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Alberto Fernández, fue el eslabón final de una sucesión de controversias que avivaron el fuego.
Antes, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, había dicho que el registro de grupos terroristas abierto por el gobierno de Mauricio Macri era "comprarnos un problema que no tenemos", a raíz de una "exigencia de Estados Unidos". "El terrorismo es un problema de los países de la OTAN, no es nuestro", concluyó. Además de reavivar el dolor de los familiares de las víctimas de los atentados a la embajada de Israel y la AMIA, las declaraciones encendieron la preocupación de Washington e Israel, que identifican a la Triple Frontera con un área de financiamiento de Hezbollah en la región. Días después, el canciller Felipe Solá debió contradecir a la ministra. "No vamos a hacer ningún cambio, no vamos a hacer cosas que nos traigan problemas", contestó en referencia al registro abierto por Macri, que incluyó una operación financiera de personajes vinculados a Hezbollah en un casino de Misiones. Así, Solá se esforzó por reequilibrar el desbalance.
Las idas y vueltas en torno de la postura argentina frente a Hezbollah no fueron el único motivo de desconcierto en el exterior. El abogado Carlos Cruz, elegido por Alberto Fernández para conducir a partir de enero los destinos de la Unidad de Información Financiera (UIF), había calificado al Grupo de Acción Financiera (GAFI), el organismo internacional que fija los lineamientos de la política contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, como un "operador político" del "poder económico concentrado". La afirmación no podía ser más inoportuna: el GAFI tiene en agenda evaluar a la Argentina el año próximo para analizar los avances en materia de lucha contra el lavado. Las declaraciones fueron toda una señal para los evaluadores.
Durante el kirchnerismo, la Argentina ya estuvo en la "lista gris" del GAFI por el incumplimiento de sanciones y medidas concretas contra el lavado de dinero. Y los canales de intercambio de información financiera se habían cortado con Estados Unidos, en especial luego de que el gobierno de Cristina Kirchner pidiera información sobre las cuentas de Alberto Nisman. Cuando Washington descubrió que los datos enviados habían sido usados políticamente para ensuciar al fiscal, en momentos en que arreciaban las sospechas sobre el gobierno, la cooperación se cortó. Recién pudo reconstruirse la confianza durante la visita de Barack Obama a la Argentina y los acuerdos que se sellaron gracias al relanzamiento de las relaciones bilaterales.
Tras la crisis financiera de 2008, el mundo reforzó las obligaciones de los bancos en materia de "integridad" en el circuito de sus flujos financieros. Las evaluaciones de organismos como el GAFI, y los otros satélites de la trama financiera internacional, recaen sobre el costo del financiamiento y las facilidades para renegociar la deuda. En virtud de las necesidades que arrecian en el horizonte, Economía podría sugerir un silencio prudente en otras áreas del Gobierno.
Por Damián Nabot
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