Se intensifica la crisis en La Rioja: el gobierno provincial acusa a la intendenta de promover denuncias “infundadas”

En medio del conflicto entre la municipalidad de La Rioja, a cargo de la intendenta radical Inés Brizuela Y Doria, y el gobernador peronista Ricardo Quintela -que lleva más de dos meses y se va intensificando-, la administración provincial acusó a la jefa comunal de hacer “graves e infundadas acusaciones” y de ser la “promotora” de “operaciones políticas deliberadas”.

En un comunicado, el gobierno provincial sostuvo que se trata de un conflicto “generado” por la propia Brizuela Y Doria cuando, antes de las elecciones legislativas, “decidió firmar los decretos de pases a plata permanente, sin previsión presupuestaria, de alrededor de 3000″ trabajadores del Programa de Empleo Municipal (PEM).

En la misma línea, la administración provincial aseguró que los “mismos empleados iniciaron un plan de lucha que incluye la toma de lugares de trabajo en distintas dependencias, entre estas la base del servicio de recolección de basura”.

El comunicado, la gobernación riojana hizo referencia al último hecho denunciado por la Municipalidad, de “intento de toma de un camión”. Sostuvo que la Intendenta “no ha dejado de victimizarse y trasladar la responsabilidad del conflicto al gobernador Quintela, sin mencionar que la decisión firmar masivamente pases a planta del municipio y sin previsión presupuestaria fue ilegal y tampoco mencionar que la decisión fue en el marco de la campaña electoral”.

También cuestionaron a Brizuela Y Doria como responsable de “destrozos” en la Residencia de Gobernadores y de bloqueos en reclamo de fondos de coparticipación: “Al parecer la Intendenta desconoce una Ley que se sancionó en la Legislatura local en el año 2015, siendo ella diputada”, ironizaron.

“Desde el Gobierno provincial negamos cualquier tipo de participación en la interna municipal y continuamos asegurando la transferencia de recursos al municipio conforme a lo que establece la Ley”, afirmó la gestión de Quintela. El conflicto llegó a la Corte Suprema de Justicia, después de que el Superior Tribunal de Justicia de La Rioja no diera respuesta a los reclamos de la Municipalidad por la coparticipación.