Se mantendrán los tickets como parte del salario

Menem firmará nuevos decretos para precisar los alcances de las medidas de Economía sobre el régimen de asignaciones familiares y las disposiciones para los vales de comida. En tanto Cavallo acordó con el FMI el maquillaje fiscal y lanzará otro paquete de medidas.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social Armando Caro Figueroa anunció en un diálogo con La Nación que la próxima semana el presidente Carlos Menem firmará un decreto para dejar establecido que los tickets canasta forman parte de los salarios de los trabajadores y que no pueden modificarse unilateralmente.

Paralelamente el equipo económico prepara un nuevo paquete de medidas fiscales para reducir el gasto.

Se analiza por ejemplo gravar con ganancias los reintegros a las exportaciones cuyo costo fiscal anual es de 1200 millones de dólares y elevar de 0 5 % al 1% la alícuota del impuesto a la riqueza.

Con la medida que analiza el ministro Caro Figueroa el Gobierno intenta disipar las dudas respecto de eventuales reducciones de sueldos. Según el decreto por firmarse las empresas no podrán efectuar ninguna quitaexcepto la deducción impositiva que sí afectará al salario total (efectivo más tickets) de cada empleado. Las empresas por su parte también deberán aportar al fisco el porcentaje de cargas sociales sobre el monto remunerativo que representen los tickets en cada caso.

En realidad son varios los decretos pendientes que deberán puntualizar de qué manera se harán efectivos los cambios en las asignaciones familiares y en qué aspectos se considerará remunerativo el ticket canasta.

Cargas sociales

Pero aún no está definido qué tipo de beneficios aportará a las empresas -si es que los seguirá aportando- el pago bajo esa modalidad ya que podría contabilizarse a los fines de todas las cargas sociales o bien sólo para el cálculo de los aportes previsionales.

En tanto no se descarta que el ministro Cavallo acepte el reclamo de la Unión Industrial Argentina de reimplantar la tasa de estadística para la importación de algunos productos con excepción de los bienes de capital.

También podría aplicarse un impuesto al gasoil aunque en el Palacio de Hacienda se insiste con que "sólo se trataría de una medida de emergecia".

Con este nuevo paquete fiscal el Gobierno procura cerrar el año con un déficit fiscal de 3500 millones de dólares y cumplir con la meta de gastos prevista para 1996.

Tickets: deben pagarse

La próxima semana el Poder Ejecutivo firmará un decreto por el cual quedará establecido que lo que los empleadores pagan utilizando la modalidad de tickets canasta forma parte del salario de los trabajadores que no puede modificarse unilateralmente. Así lo anunció el ministro de Trabajo y Seguridad Social Armando Caro Figueroa durante un extenso diálogo que mantuvo con La Nación.

De esta manera el Gobierno busca evitar que la norma que eliminó la exención de las cargas sociales que existía para el pago bajo esa modalidad sea tomada como pretexto por los empresarios para bajar los sueldos en porcentajes que podrían ser de entre un 10 y un 20 por ciento.

"Hemos tomado medidas difíciles y quizá no supimos explicarlas bien pero tengo la seguridad de que nada de esto es inconstitucional. Estamos haciendo un salvamento del sistema de asignaciones familiares que de otra manera se iba a la quiebra" argumentó el funcionario después de una semana agitada que siguió a los anuncios hechos por Domingo Cavallo en el Banco Nación.

Caro Figueroa también aclaró que quedan varias cosas por definir: otro decreto deberá establecer a qué efectos los vales de compra se consideran remunerativos. Concretamente si sólo será para determinar los aportes de seguridad social o si se tendrán también en cuenta para otros conceptos. Una tercera medida será la reelaboración del decreto 333 que se refiere a los beneficios que otorgan las empresas y que no se consideran a los fines de las cargas sociales.

-¿Cómo será la nueva modalidad para el pago de las asignaciones?

-Así como existe una orden de pago previsional para los jubilados habrá una de pago familiar. Sobre una base de datos de la Anses emitiremos entonces un cheque con lo que corresponda al trabajador que se enviará a los bancos a oficinas de correos o a las empresas mismas. Creemos que en el pago directo está la base de la lucha contra el fraude.

-¿Cuándo va a comenzar a ser así?

-El decreto nos da un plazo de 6 meses pero podemos empezar antes y lo haremos en determinadas zonas. La medida lleva implícita una redistribución geográfica de los recursos. Así como en la Capital está la mayor parte de los que ganan más de $ 1000 es evidente que los salarios más bajos están en la Patagonia y en el Norte.

-¿Que falta determinar en el caso de la ayuda escolar?

-En principio existe un decreto del que sólo falta la firma del Presidente que establece que los trabajadores que ganen menos de $1000 recibirán una ayuda escolar primaria de $130 anuales y los que ganen menos de $500 $160. Por otro lado en el Ministerio de Educación hay un proyecto para instrumentar una ayuda escolar secundaria. En ese programa se va a incluir a 166.000 jóvenes de familias pobres incluso las que no tienen ningún asalariado. El dinero para estos programas debe salir del remanente que quede tras el pago de las asignaciones previstas.

-¿Por qué se estableció el tope para percibir asignaciones en $ 1000 y qué criterios se consideran con los fines de determinar el monto en cada caso?

-Nosotros consideramos el salario por el cual los trabajadores aportan a la seguridad social es decir lo que cobran en blanco. Conocíamos mal el sistema de asignaciones familiares y esto nos permite conocer en profundidad el nivel de fraude laboral: hoy nadie puede creer que en la Argentina haya solamente 754.000 que ganen más de $ 1000. El tema es que hay muchos que declaran menos de lo que en realidad perciben.

-¿Cómo evalúa la reacción de la CGT?

-Tomó una decisión apresurada en primer lugar porque el Gobierno usó una atribución legítima. Tratamos de buscar el consenso pero no podemos dejar de gobernar. Nosotros llegamos a un acuerdo en 1994 con la CGT y el Grupo de los 8 en el que se dijo que había que reformar el régimen; estuvimos 18 meses tratando de consensuar un proyecto de ley mientras el agujero crecía. El año pasado fue de 150 millones este año iba a llegar 600 o 700 sin estas medidas.

-Además del fraude ¿por qué se llegó a esa situación?

-La recaudación cayó por la reducción de los costos laborales pero además es claro que cuando cae el empleo y sube el nivel de morosidad todo entra en un proceso de déficit que si no se modifican las pautas termina siendo crónico.

Algunas definiciones

Las siguientes son algunas de las declaraciones de Armando Caro Figueroa durante la charla con La Nación.

• "El cambio del régimen de asignaciones familiares lo podríamos haber hecho con un decreto no justificado por la necesidad y urgencia porque eso nos permitía la ley que dio origen al sistema en 1968."
• "Estábamos tomando dinero que correspondía a los jubilados para pagar las asignaciones. Ibamos a la quiebra."
• "Estoy convencido de que va a haber un acercamiento de la CGT para definir lo que resta en cuanto entiendan los términos del problema."
• "La gente deja de pagar las cargas sociales antes que los impuestos. Acá la morosidad es mucho más alta."
• "En el pago con tickets había un fraude legalizado."

Cavallo acordó con el FMI un maquillaje fiscal

Autorizados: a cambio de tomar medidas extraordinarias para achicar el gasto el organismo admitió que se incluyeran en las cuentas del primer semestre U$S 250 millones de ingresos de capital.

"El déficit es peor que lo que anuncié en el Banco Nación lo que pasa es que de común acuerdo con el Fondo Monetario incluimos en el cumplimiento de las metas los U$S 250 millones que obtuvimos al descontar en los bancos los pagarés de la moratoria" admitió el ministro Cavallo.

La confesión se produjo el domingo último en una reunión con un grupo de empresarios a quienes explicó las causas de las medidas adoptadas el viernes anterior.

Fuentes del encuentro revelaron a La Nación que Cavallo reconoció que si el organismo multilateral hubiera aplicado la letra fría de la última carta de intención el déficit sería en el primer semestre de U$S 2758 3 millones y el incumplimiento de U$S 1283 3 millones.

"Estamos en diálogo permanente con el Fondo Monetario y lo hicimos de común acuerdo" dijo Cavallo según los informantes.

Los U$S 250 millones obtenidos al descontar los pagarés de la moratoria debían incluirse como "ingresos de capital" es decir junto al resto de los recursos obtenidos por privatizaciones.

Pero las metas del acuerdo con el FMI se refieren al resultado financiero de la caja del sector público sin tomar en cuenta los ingresos por las privatizaciones.

El organismo permitió que los ingresos obtenidos al descontar los pagarés aparezcan como ingresos tributarios del sistema de seguridad social.

En tanto Cavallo se preocupó en aclararles a los empresarios que el FMI no está dispuesto a permitir cualquier cosa y varios de los asistentes entendieron que sin medidas de contención del gasto se corría el riesgo de perder un desembolso del crédito en vigor.

Esa hubiera sido una señal más que negativa para el programa económico y un "aplazo" inaceptable para Cavallo que es el único ministro que consiguió no perder uno solo de los desembolsos de los créditos en vigor durante su gestión aunque en 1995 debió pedir una dispensa (waiver) por los incumplimientos de dos trimestres.

Sustanciales diferencias

Como repitió varias veces en público el titular del Palacio de Hacienda dijo a los empresarios: "Nadie nos va a financiar un déficit estructural tiene que quedar claro que vamos a solucionarlo".

"Una cosa es el déficit que se origina en la pérdida de ingresos tributarios causada por la recesión" dijo el ministro antes de aclarar: "para obtener el financiamiento que nos permita pasar el bache no hay problemas".

Pero destacó que "ni el FMI ni los mercados van a financiarnos un exceso de gastos estructural que no se solucionaría ni siquiera cuando el efecto de la reactivación se sienta en la recaudación impositiva".

"Encima sin el aval del FMI sería todavía más complicado colocar deuda en el exterior y estaríamos aumentando el gasto hacia el futuro al tener que pagar tasas muy altas" dijo Cavallo según las fuentes.

Convicción

El ministro no está dispuesto en modo alguno a colocar más deuda que la que exigirá el incremento del déficit y la demora en las privatizaciones de Yacyretá y las centrales nucleares.

Cubrir los dos "baches" implicará tomar U$S 3500 millones más de deuda que lo previsto en el presupuesto 1996 y requerirá de una autorización especial del Congreso.

Pero el ministro no quiere ni oir hablar de tomar todavía más deuda en los mercados locales o extranjeros para incrementar el gasto.

"La meta anual de erogaciones la vamos a cumplir" repite Cavallo aunque es claro que para ello será necesario recortar erogaciones por casi U$S 300 millones en el segundo semestre.

Además el nuevo paquete fiscal apunta a incrementar la recaudación porque si eso no ocurre el déficit anual superará los U$S 3500 millones previstos incluso aunque se logre hacer el recorte previsto en los gastos.

Lanzará el Gobierno otro paquete fiscal

Medidas: gravarán con ganancias los reintegros a las exportaciones y elevarán al 1% el impuesto a la riqueza; analizan reimplantar la tasa de estadística.

Urgido por un déficit superior a los 2500 millones de dólares durante el primer semestre del año Cavallo y su equipo de colaboradores trabajan a toda marcha en la definición de un nuevo paquete de medidas de mayor impacto que alcanzará a los sectores de mayores ingresos y al comercio exterior.

Se analiza gravar con ganancias los reintegros a las exportaciones cuyo costo fiscal anual es de 1200 millones de dólares. Con ese gravamen se estima recaudar 360 millones de dólares al año.

Pero la mayor presión fiscal promete reinstalarse en los sectores de mayores ingresos ya que se analiza elevar la alícuota del impuesto a la riqueza al 1% y crear un nuevo tributo sobre la renta y las ganancias extraordinarias.

Cavallo no hizo oídos sordos al reclamo proteccionista de la Unión Industrial Argentina (UIA) de reimplantar la tasa de estadística para la importación de algunos productos y estudia echar mano a esa medida para incrementar los ingresos.

Tal como anticipó La Nación en su edición de ayer no se descarta gravar con IVA las tarifas del transporte de pasajeros y eliminar las exenciones de ese impuesto sobre la televisión por cable y la publicidad. Por este último concepto se esperan recaudar más de 300 millones de dólares por año.

La reducción de los subsidios al transporte de trenes y subterráneos y a los concesionarios del peaje de rutas nacionales es otra de las alternativas que se barajan. Para asistir a estos dos sectores el Tesoro saca anualmente de su bolsillo 120 millones de dólares.

Y aunque Cavallo insiste con que la reimplantación de un impuesto al gasoil "no sería una medida razonable" fuentes del Palacio de Hacienda no descartan que se apele a esta medida en caso de no alcanzar a cerrar las cuentas públicas.

Suspenden dos decretos

Amparo: un juez ordenó que no se apliquen las medidas que reforman el régimen de asignaciones familiares y que gravan los tickets canasta.

El juez en lo contencioso administrativo Martín Silva Garretón suspendió la aplicación de los decretos de necesidad y urgencia 770 y 771 que gravan los tickets canasta y reforman el régimen de asignaciones familiares.

Fernando Dondero casado y padre de cuatrillizos de ocho años presentó una acción de amparo ante la Justicia para que su empleador no modifique los 98 pesos que recibe en concepto de asignaciones familiares.

El magistrado dispuso que hasta que no se resuelva el fondo del asunto el empleador debe abstenerse de aplicar esas normas. El fallo tiene aplicación sólo para este caso y seguramente será apelado por el Estado pero no se descarta que puedan dictarse otros similares.

El magistrado recuerda que la Constitución nacional sólo autoriza al Poder Ejecutivo a echar mano de un decreto de necesidad y urgencia cuando el Congreso está imposibilitado de sancionar la ley por medio del trámite legislativo ordinario y señala que no estamos frente a esa situación porque el Congreso está en período de sesiones ordinarias.

Además funda su decisión en los artículos 14 bis (irrenunciabilidad de los beneficios de la seguridad social) y 17 (inviolabilidad de la propiedad; las asignaciones integran el salario mínimo inderogable que es de orden público) de la Constitución y dice que los decretos producen a través de un detrimento económico un debilitamiento de la familia que no está suficientemente justificado en razones de extrema necesidad. Por lo demás los trabajadores no son responsables del déficit fiscal.

Los sindicatos ante la Justicia En tanto veinticuatro gremios en en su mayoría en disidencia con la Confederación Argentina de Trabajadores (CGT) presentaron un recurso de amparo ante la justicia del trabajo para obtener la declaración de inconstitucionalidad de los decretos.

Sin embargo los gremios expresaron su conformidad con el cobro de impuestos a los tickets porque explicó Héctor Recalde abogado patrocinante de las entidades "tienen que ser parte de la remuneración".

Por Silvia Stang

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