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Se suma una nueva demanda contra el megadecreto de Javier Milei
Las presentaciones cuestionan la medida presidencial por no respetar la división de poderes, entre otras razones, y tramitan en juzgados separados.
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LA NACIONCandela Ini
Ya son al menos dos las demandas que fueron presentadas en la Justicia por la firma del megadecreto impulsado por Javier Milei y tramitan en los tribunales federales en lo contencioso administrativo.
Esta mañana, el abogado constitucionalista Andres Gil Domínguez presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad y solicitó una medida cautelar. Pidió la nulidad absoluta e insanable del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023.
Según supo LA NACION, el abogado objetó el DNU por ser violatorio de la división de poderes. “El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023 intenta mediante la desviación de poder y el abuso de derecho público utilizar un mecanismo excepcional – el dictado de decretos de necesidad y urgencia- para sustituir la función legislativa del Congreso violando de esta manera la división de poderes, el principio republicano y la prohibición constitucional bajo pena de nulidad absoluta e insanable de la suma del poder público”, fundamentó el abogado en su presentación ante los tribunales en lo contencioso administrativo, que son los que pueden revocar o avalar las decisiones tomadas por el gobierno nacional.
Por ahora, los dos procesos tramitan por separado. La primera demanda fue presentada ayer por La Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad junto al economista y exdirector del Banco Nación Claudio Lozano y recayó en el juzgado de Esteban Furnari, titular del juzgado en lo contencioso administrativo federal 2.
La presentación de Gil Domínguez, que tiene un objeto distinto, le tocó al juez Pablo Cayssials, titular del juzgado 9. Cayssials fue sobreseído esta mañana por el juez federal Sebastián Ramos en la causa penal que surgió por el viaje que realizó junto a otros jueces federales a Lago Escondido.
Quien tiene legitimidad para presentar una acción de amparo es cualquier persona o entidad que haya sido afectada por alguna de las medidas adoptadas en el DNU. Cualquiera que considere que el decreto afecta derechos individuales o colectivos puede presentarse en la Justicia para pedir que sea declarado inválido. Gil Domínguez lo hizo en carácter de ciudadano.
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