Según Amnistía Internacional, la legalización del aborto "honra compromisos internacionales"

(Télam).- La directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina Paola García Rey señaló que el organismo, junto a diversas organizaciones, firmaron una carta dirigida a los diputados nacionales a favor de la despenalización del aborto , para recordar los tratados internacionales que el país firmó en materia sanitaria.

"En tiempo express logramos la adhesión de muchísimos referentes que están trabajando en esta agenda desde hace años, con la idea de seguir insistiendo en la necesidad de que la Argentina avance hacia un modelo de legalización y despenalización del aborto", dijo García Rey.

La semana pasada, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires se manifestó a través de un comunicado titulado "Los proyectos de ley que permiten la interrupción voluntaria del embarazo no superan el test constitucional". En dicho documento, expresaron que "el derecho argentino, en disposiciones con jerarquía constitucional, determina la existencia de persona humana desde el momento mismo de la concepción hasta los 18 años de edad".

En cambio, para la integrante de Amnistía Internacional "el derecho internacional de DD.HH. y el derecho constitucional amparan las decisiones de reformar y transformar a la Argentina en un país que garantice el aborto legal, en un contexto de descriminalización de las mujeres".

En este sentido, García Rey expresó que el objetivo de la carta enviada a los diputados es "ser parte de la comunidad internacional y de aquellos países desarrollados que ya tienen una agenda respetuosa de los derechos de las mujeres".

Mientras que el principal argumento por parte de los constitucionalistas que se oponen al proyecto de ley se basan en el artículo 75, inc. 23 de la Constitución Nacional, impone al Congreso la obligación de legislar "en protección del niño desde el embarazo"; desde Amnistía Internacional expresaron que recientemente el Comité de los Derechos del Niño de la ONU examinó el marco legal argentino y llamó a "adecuar su sistema jurídico y garantizar que las jóvenes y niñas puedan acceder a servicios de aborto y post aborto".

Finalmente, García Rey dijo: "La herramienta penal de ninguna manera puede ser una política pública que el Estado utilice para legislar en relación con la salud de las mujeres".

LA NACION

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