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Senado: fuerte apuesta del Gobierno para aprobar el proyecto de extranjerización de tierras
La sesión que provocó un tenso cruce entre Villarruel y Bullrich será este jueves; el temario incluye pliegos judiciales como el de Rodríguez Ponte para el juzgado del caso Insaurralde-Cirio; incertidumbre por el quórum
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LA NACIONGustavo Ybarra
En una apuesta de riesgo que incluso derivó en un fuerte cruce entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, el oficialismo en el Senado intentará aprobar este jueves el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada y su polémico capítulo que pretende levantar las restricciones a la venta de tierras rurales a personas físicas o jurídicas extranjeras impuestas por la ley 26.737 sancionada en 2011.
Bullrich (Capital) se muestra confiada en que tendrá el quórum que le permitirá habilitar la sesión, que está convocada para las 12, y las mayorías necesarias para aprobar el proyecto, aún los capítulos más controvertidos, y girarlo en revisión a la Cámara de Diputados.
La jefa del bloque libertario rechazó suspender la sesión por la celebración de la clasificación a la final del Mundial de Fútbol del seleccionado argentino como habría pedido Villarruel, según el intercambio de mensajes entre ambas dirigentes y la reconstrucción que pudo hacer LA NACION.
El temario de la sesión de hoy incluye, además de la habilitación de venta de tierras a extranjeros, una treintena de pliegos judiciales impulsados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Uno de los candidatos es Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario letrado del juez federal Ariel Lijo, quien está propuesto para el estratégico juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, que tiene a su cargo investigar a Martín Insaurralde y Jesica Cirio.
También se encuentra en la lista Víctor Pesino, el camarista que avaló la reforma laboral del Gobierno, que está a punto de cumplir la edad jubilatoria de 75 años y por quien Javier Milei le pide al Senado que le extienda la magistratura por cinco años.
La apuesta de Bullrich no es sencilla si se toma en cuenta que se esperan varias ausencias como consecuencia del inicio de las vacaciones de invierno en varias provincias, período que es usado como una suerte de receso extraoficial en el Congreso.
Además, se suma otra cuestión que provoca incertidumbre. Desde que se firmó su dictamen, hace más de dos meses, el texto sufrió tantos cambios que ya se han redactado 15 nuevas versiones del despacho. Las modificaciones deberán practicarse en el recinto, en el debate en particular, una desprolijidad que podría complicar la sesión.
Por lo pronto, el oficialismo cuenta por estas horas con que alguno de los peronistas disidentes de Convicción Federal, tres senadores que responden a los gobernadores peronistas dialoguistas Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta), estarían para el quórum. Además, con el voto a favor del proyecto de Julieta Corroza (Neuquén), que responde al gobernador Rolando Figueroa.
Sin embargo, en las últimas horas una luz de alarma se encendió en el tablero oficialista por la fuerte presión sobre los senadores de Encuentro Misionero, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, para que voten en contra de habilitar la venta de tierras a extranjeros.
La polémica ha llevado al extremo de que varios dirigentes han renunciado al espacio en rechazo a la postura del líder de Encuentro Misionero, el exgobernador peronista Carlos Rovira, de apoyar al gobierno libertario con los votos de los diputados y senadores que le responden.
El telón de fondo es la guerra política abierta que vive Misiones: la fractura del oficialista Frente Renovador de la Concordia, alianza local creada por Rovira que gobierna la provincia desde hace más de 20 años.
De un lado quedó el gobernador, Hugo Passalaqua, avalado por un grupo importante de intendentes que le dieron vida al Movimiento por lo que Viene. Del otro, el fundador de la renovación, que pegó un portazo, fundó Encuentro Misionero y se quedó, por el momento, con los legisladores nacionales. El motivo de la rebelión contra Rovira es la pulseada en torno a un proyecto de ley que impediría la reelección indefinida de los jefes comunales.
El voto de Arce y Rojas Decut es clave para el Gobierno y Bullrich lo sabe. Si llegase a perder esos apoyos tendría que analizar con mucho cuidado si le conviene abrir el recinto este jueves. Si decide no hacerlo, sería la tercera vez que fracasa una sesión prevista para debatir el proyecto de propiedad privada. Si ocurre, se fortalecería la sentencia de un senador oficialista, que tras el segundo intento fallido exclamó “¡Esa ley es yeta!”.
El proyecto
La iniciativa, forjada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, consta de varios capítulos, con cambios en el régimen legal para los desalojos judiciales y a las leyes de Tierras y de Manejo del Fuego.
Sobre la venta de tierras rurales, la última versión modificada del dictamen habilita la venta de tierras rurales sin límites a personas extranjeras. Deberá conseguirse la autorización de la provincia y la Nación en casos de empresas con participación de Estados extranjeros en su capital accionario. La ley vigente limita la posesión extranjera a un 15%, tanto en el nivel nacional como provincial y departamental. A su vez, ninguna nacionalidad podrá poseer más del 30% de la totalidad habilitada.
El oficialismo defiende el proyecto y destaca que prohíbe que otras naciones puedan comprar tierras. “Una cosa es la inversión privada y otra muy distinta es que un Estado extranjero avance sobre la propiedad de nuestro territorio”, sostienen.
También destacan el “doble control”, nacional y provincial, para la compra de tierras por empresas con participación de otros Estados en su capital. “No alcanza la opinión de un funcionario sentado en un escritorio en Buenos Aires, sino que interesa la opinión de quienes conocen el territorio”, sostiene el instructivo oficialista.
En el caso de los desalojos, la última versión dista mucho de la original. Por lo pronto, el Gobierno debió resignar su idea de aplicar el juicio sumarísimo y se establecieron diferencias entre usurpadores y ocupantes ilegales de los deudores de alquileres. El texto que llegará al recinto establece un plazo de 10 días hábiles de notificación, el original establecía sólo 3, para la devolución del bien y se suman protecciones a menores, personas con discapacidad y mayores de edad antes de dar curso a la ejecución del desalojo.
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