Silencios incómodos en Pro y condena de la UCR frente a la idea de Milei de intervenir la provincia por la inseguridad

Mientras aparecen nuevas revelaciones sobre el escándalo por la criptomoneda $LIBRA, Javier Milei volvió a mover el avispero político. Este viernes, el Presidente le pidió públicamente al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que renuncie a su cargo y le permita al Ejecutivo nacional avanzar con la intervención federal de la provincia de Buenos Aires para resolver la crisis de inseguridad en el distrito.

La respuesta del jefe del Estado a la convocatoria al diálogo que había hecho Kicillof ante la sucesión de asesinatos en el conurbano descolocó a los principales aliados políticos de La Libertad Avanza (LLA) en Buenos Aires. Es que la carta que publicó Milei en su cuenta de la red social X no solo provocó desconcierto en el seno del Gabinete nacional, sino que también tomó por sorpresa a los referentes de Pro y la UCR que suelen cooperar con Milei en el Congreso o apuestan por llegar un entendimiento electoral con los libertarios parar enfrentar al kirchnerismo en el distrito más poblado del país.

Frente al creciente hartazgo social por la ola de inseguridad en Buenos Aires, Milei le solicitó a Kicillof que dé un paso al costado para permitirle al Ejecutivo intervenir la provincia de Buenos Aires. Está claro que Milei se siente cómodo cuando confronta con el modelo y cosmovisión política de Kicillof, y aprovechó la oportunidad para subirlo al ring. Lo acusó de emplear una “doctrina prodelincuentes con raíces en el pensamiento atroz” de Raúl Zaffaroni, exministro de la Corte Suprema que comulgó con el proyecto del kirchnerismo, y deslizó que no podría trabajar en un conjunto para abordar el brote de hechos delictivos con alguien que está en las antípodas de su pensamiento. “Si le interesa el bienestar de los bonaerenses córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia”, puntualizó Milei.

El amague del Presidente de echar mano al recurso extraordinario de la intervención, que prevé la Constitución y que requiere la aprobación del Congreso, incomodó, sobre todo, a las figuras de Pro en Buenos Aires que articulan para edificar un frente opositor a Kicillof y se entusiasman con la chance de aunar fuerzas con los libertarios en las próximas legislativas. La mayoría de los referentes del espacio que lidera Mauricio Macri a nivel nacional optaron por el silencio y se inclinaron por no rechazar ni condenar públicamente la amenaza de Milei de suspender la autonomía de Buenos Aires. Puertas adentro, los dirigentes amarillos deslizan que no corresponde aplicar el recurso extraordinario de la intervención. Descuentan que el Gobierno no activará ninguna operación fulminante y que la amenaza solo quedará en el plano de la retórica. “Es exagerado y no están los números en el Congreso”, admitió uno de los popes de Pro.

Por su parte, los sectores de la UCR más combativos -desde Martín Lousteau hasta el grupo que se encuadra detrás de la figura de Facundo Manes- salieron a cuestionar con dureza la advertencia que le hizo el Presidente a Kicillof. Le recordaron a Milei que el artículo 6° de la Constitución Nacional establece que el Ejecutivo nacional solo puede intervenir una provincia para “garantir la forma republicana de gobierno”; “repeler invasiones exteriores” o por “requisición” de las autoridades del distrito. Por lo tanto, la crisis de inseguridad que conmociona a Buenos Aires no encaja dentro de las causales que establece la carta magna para que el Gobierno federal apele al recurso extremo de la intervención.

Maximiliano Abad, senador nacional y referente de la UCR bonaerense, salió a refutar el planteo de Milei. Le pidió que “respete el mandato constitucional” de Kicillof y “ponga las fuerzas federales y al Estado nacional a disposición”. Abad puso como ejemplo el accionar coordinado entre la Nación y la provincia de Santa Fe, donde gestiona el radical Maximiliano Pullaro, para combatir el avance del narcotráfico en Rosario. “Los problemas de seguridad de los bonaerenses necesitan respuestas urgentes”, subrayó Abad, quien reclamó que Kicillof “acepte la ayuda federal que la inseguridad es un problema gravísimo”.

Más categórico aún fue Lousteau, quien calificó de “gravísima” e “inconstitucional” la amenaza de Milei a Kicillof. En una señal de respaldo al gobernador, resaltó que no se dieron las causales para la intervención federal y opinó que Milei debería darle asistencia a Kicillof, como hizo con Pullaro en Santa Fe. “¿Por qué el gobierno en un caso dice que colabora y en el otro le dice al gobernador que se vaya?”, señaló en diálogo con El Destape Radio.

Ante la consulta de LA NACION, Cristian Ritondo, titular de Pro en Buenos Aires y jefe de la bancada macrista en Diputados, y el legislador nacional Diego Santilli, uno de los rostros de la oposición en la provincia, prefirieron no hacer comentarios. Su discurso público está enfocado en cuestionar la gestión de Kicillof y, a sabiendas de que el electorado antikirchnerista respalda a Milei, prefieren evitar ruidos con la Casa Rosada o se cuidan a la hora de confrontar con las posiciones del Presidente.

Este medio intentó contactarse con el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, uno de los dirigentes de Pro que tiene llegada a Santiago Caputo, el principal asesor de Milei. Hasta el momento, Montenegro no respondió los llamados.

Tanto Santilli como Montenegro o Ritondo articulan para que Pro y LLA confluyan en los próximos comicios. Y, a diferencia de los Macri, evitan ir al choque con los libertarios y se enfocan en la disputa para arrebatarle el poder al kirchnerismo en Buenos Aires. Por caso, los tres defendieron públicamente a Milei ante el estallido del escándalo por el criptogate.

Consultada por LA NACION, Silvia Lospenatto subrayó que “es tiempo de colaboración y coordinación entre Nación y la provincia” para abordar la ola delictiva. Cargó sus tintas contra Kicillof, a quien le pidió que pida ayuda y reconozca la gravedad de la situación. “Es indispensable que el gobernador, principal responsable político, actúe con humildad, no como hasta hace dos días, cuando seguía negando la crisis de seguridad, y solicite la asistencia de las fuerzas federales”, planteó Lospennato.

Fuera de micrófono, la mayoría de los integrantes de la cúpula de Pro en la provincia no defienden la idea de Milei de suspender la autonomía de Buenos Aires, pero justifican la diatriba del Presidente contra Kicillof. Entienden que parte de la praxis política del líder de LLA es llevar la discusión de los temas a los extremos. Y alegan que, en definitiva, el jefe del Estado intenta exhibir que el gobernador bonaerense no tiene capacidad para afrontar la problemática del delito y que “no está a la altura de las circunstancias”. Dicho de otro modo: conciben que la postura de Kicillof limita la colaboración de fuerzas federales.

De hecho, colaboradores de Ritondo remarcan que Unión por la Patria votó en contra del proyecto de reiterancia y reincidencia de delitos que impulsó el gobierno de Milei para endurecer el régimen jurídico.

“No hay comando ni conducción de la policía bonaerense. Kicillof cree que los delincuentes son víctimas sociales. Es un trucho y ahora quiere socializar el problema con Milei”, afirman cerca de Santilli. En ese sector de Pro coinciden con el Presidente en que la responsabilidad de la seguridad en la provincia es del gobernador. A su vez, descreen que Milei prevea recurrir al recurso de la intervención federal. “Milei habla de intervenir con las fuerzas federales, como hizo con Pullaro en Santa Fe”, interpretan.

En el entorno de Montenegro consideran que el Congreso debe avanzar con la baja de la edad de imputabilidad y que Kicillof debe cambiar su paradigma para enfrentar la delincuencia. “La víctima es el vecino, no el delincuente. Es la lógica de Zaffaroni. El gobierno tiene razón: ¿para qué enviar recursos o fuerzas federales si defienden a los delincuentes”, señalan allegados a Montenegro. Además, apuntan contra la mirada garantista de jueces y fiscales de Buenos Aires.

En esa sintonía, los bloques de senadores y diputados de Pro en Buenos Aires presentaron un pedido para interpelar al Ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. Además, reclamaron la convocatoria al Consejo Provincial de Seguridad, que contiene a los 135 intendentes.

Ante las críticas por el crimen de Kim Gómez, Kicillof respaldó ayer su política contra el delito, criticó a la Justicia y acusó a LLA de “querer sacar un voto” de la crisis y “lucrar con el dolor”. Hoy, durante una conferencia de prensa en La Plata, el mandatario provincial repudió el pedido de renuncia que le hizo Milei y la amenaza de la intervención. Con el respaldo de Cristina Kirchner y La Cámpora, anunció que presentará una denuncia penal contra el Presidente para que se investigue si incurrió en un delito contra el orden constitucional.

En medio de la escalada del conflicto entre la Nación y la provincia, Pablo Juliano, jefe de bloque de diputados de Democracia para Siempre y mano derecha de Manes, también salió a repudiar la amenaza del Presidente. “No oculto mis diferencias con Kicillof, pero qué importa qué partido la gobierna. Lo que está en juego es mucho más grande: un jefe de Estado que avanza sin límites y cada vez se asemeja más a un tirano”, sostuvo Juliano.

Según un informe del Ministerio de Seguridad nacional que consignó LA NACION el 9 de febrero pasado, durante 2024 se denunciaron 198.427 robos en el área metropolitana. Del total, 128.477 se produjeron en el vasto territorio bonaerense, prácticamente la mayoría en el conurbano. El agravamiento del problema hizo estallar la pelea entre Milei y Kicillof en la antesala del proceso electoral.

Por Matías Moreno

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