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Sin decisiones judiciales ni políticas, la toma de Merlo se encamina a ser barrio
Los ocupantes mejoran las viviendas y la infraestructura del lugar; confían en quedarse definitivamente, como pasó en otros predios, cuyas situaciones nunca se resolvieron
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LA NACIONJavier Fuego Simondet
Una escuálida guardia policial apostada junto a un semáforo de la ruta 1003 apenas permite recordar el impacto que tuvo la usurpación. La presencia de efectivos es mínima en las inmediaciones del predio de 60 hectáreas que fue tomado en Merlo el 21 de octubre del año pasado, una zona que estuvo sitiada a principios de noviembre por uniformados listos para dar el zarpazo hacia un desalojo que nunca ocurrió. Un hospital móvil con el color naranja que identificó la gestión del ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, ubicado frente a la toma y a la vera de la ruta, es otro elemento que decora la escena. Según los vecinos de la zona, está vacío. A paso lento pero seguro, la iniciativa de unas 3500 familias que ocupan el lugar empieza a convertir en un precario barrio al inmenso terreno.
Aún sin decisiones políticas ni judiciales de peso, en la toma de la ruta 1003, o barrio Nueva Esperanza, como fue bautizado, los moradores empezaron a mejorar sus casas, instalaron un improvisado tendido eléctrico, abrieron calles y esperan concretar conexiones de agua. Como otros predios tomados, el de Merlo asoma como una nueva barriada del conurbano.
"Desde un principio se trató de marcar terrenos iguales para todas las familias para no tener conflictos, dejar espacios para calles anchas, que no hubiese pasillos, para que realmente esto sea un barrio", dice a LA NACION Anahí Benítez, vecina de la toma y una de sus delegadas. Benítez milita en el Frente Darío Santillán, es docente y vive en el lugar con su pareja y su hija. "Llegamos con una carpa y, de a poco, nos fuimos instalando. Hoy tenemos un rancho con un techo, que no se llueve. La mayoría de los vecinos intentó mejorar", explica. Las mejoras son notorias en algunos sectores del predio, que mezcla viviendas sociales sin terminar con precarias casillas.
Pablo Guaitima tiene 40 años, trabaja en Telefónica y dice que llegó al lugar para ayudar a su cuñado, que estaba tomando un terreno, y se quedó él también. "Esto iba en contra de mis principios. Tenía una pelea dentro mío, porque las cosas se ganan con trabajo. Pero me vine", cuenta Guaitima. "Estoy con excavaciones, poniendo los palos para comenzar con la construcción de mi casita. Hay gente que ya empezó a hacer los pozos ciegos y vamos a arrancar con el agua", describe.
Sin competencia
En lo judicial, no se definió la competencia entre la Justicia federal y la ordinaria. Según pudo saber LA NACION de fuentes de los tribunales de Morón, nunca existió una orden de desalojo y el expediente sólo registró trámites burocráticos. La UFIJ N° 2 tiene a cargo la causa.
El gobierno de María Eugenia Vidal espera resoluciones judiciales. En el Ministerio de Desarrollo Social bonaerense aseguran que trabajan con el Municipio de Merlo en un relevamiento de los habitantes del predio. El intendente, Gustavo Menéndez (Frente para la Victoria), abrió el diálogo con los ocupantes, pero no convalida sus métodos y exige que abandonen la toma para negociar una solución.
"Esas tierras tienen dueño [integrantes de la familia Merlo Gómez] y el 60% es inhabitable. Los ocupantes apuestan a quedarse por la fuerza. Hay gente con necesidades, pero muchos están haciendo negocios", señaló Menéndez a LA NACION. A pesar de que la causa por la toma no registró novedades en la Justicia, el intendente está conforme con el accionar judicial porque "permitió la desocupación de más de 30 terrenos tomados en Merlo".
Los vecinos aseguran que ellos hicieron el único relevamiento en el lugar. "Después del cambio de gobierno no tuvimos información sobre qué sucedió con el relevamiento, ni con las negociaciones con los dueños", explica Benítez.
En el predio se abrieron calles y los ocupantes realizaron por su cuenta la conexión eléctrica. Usaron troncos cortados en el mismo terreno que habitan. "Donde termina la toma hay un montecito. Juntamos plata para los cables y los postes los sacamos del monte. En un fin de semana hicimos toda la iluminación", explica Estela Cardozo, una mujer de 37 años que atiende un merendero en la toma.
Roberto Aquino es otro delegado, su casa es una de las viviendas sociales sin terminar que están en el terreno. Tiene 54 años y un hijo discapacitado. "No nos dieron certezas de que nos vayan a sacar, ni de que nos vayamos a quedar. Hubo reuniones con el nuevo intendente, pero nada claro. Él dice que vayamos mejorando y que la intención no es desalojar", asegura Aquino, quien remarca que entre los delegados del predio "hay agarres".
"Nosotros calculamos que nos quedamos. No por capricho, sino por la negligencia de los gobiernos. En otros lugares se empezó así y hoy son barrios hechos por los vecinos", se esperanza Guaitima.
La toma de Merlo desanda el camino de otros terrenos usurpados que se asentaron como barrios. En Quilmes, en diciembre de 2010 se multiplicaron las tomas como réplicas de la ocupación del Parque Indoamericano. En la actualidad el predio tomado del frigorífico Finexcor, en la calle Montevideo al 1700, en Bernal Oeste, es un precario barrio, al igual que otro cercano, sobre la avenida Lamadrid.
Mucho más cerca en el tiempo, una usurpación en Arturo Seguí, en La Plata, sigue vigente. El terreno de la calle 416, entre 154 y 155, se mantiene ocupado desde el 31 de octubre del año pasado.
Por instigador de la toma está detenido Miguel Ángel Casco, presunto puntero político del ex intendente Pablo Bruera. En la municipalidad local destacan que la toma es pacífica y que sólo hay 14 familias en el lugar. "El juez Pablo Raele todavía no resolvió, por un tema de competencia, los tres pedidos de desalojo que se hicieron", señaló a LA NACION el fiscal Marcelo Romero, que interviene en el caso.
