
Solicitan la detención de policías del Chaco
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RESISTENCIA.- En virtud del juicio por la verdad sobre la denominada masacre de Margarita Belén, el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, dispuso ayer la detención de nueve reconocidos integrantes de la policía del Chaco durante la dictadura por haber sido denunciados por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Skidelsky, en una comunicación enviada ayer al jefe de la policía chaqueña, pidió la detención del personal que tuvo una actuación clave entre 1974 y 1975. Ellos son: Gabino Manader, Wenceslao Zeniquel, subjefe de la policía del Chaco y comisario durante el período en cuestión; Francisco Núñez (fallecido), que se desempeñó como comisario y jefe de la Alcaidía local; Alcides Thomas, comisario y con funciones en la Brigada de Investigaciones; Lucio Caballeros, comisario y segundo jefe de la Brigada de Investigaciones, y los ex policías Ramón Andrés Gandola, José Francisco Rodríguez Valiente, Gregorio Pérez y José María Cardozo.
Todos estos agentes deberán ser puestos a disposición del tribunal en carácter de "incomunicados" y luego se les tomará declaración indagatoria por el delito de tormento agravado.
Margarita Belén
La denominada masacre de Margarita Belén sucedió en la madrugada del 13 de diciembre de 1976, en la que murieron al menos 21 detenidos políticos y militantes montoneros que supuestamente eran transportados con destino al penal federal de Formosa.
En ese episodio se acusa a efectivos del Ejército, entre ellos el entonces mayor Athos Renés, de haber participado en él.
El actual jefe del Ejército, teniente general Ricardo Brinzoni, había reconocido en mayo del año último que ese hecho fue un fusilamiento. En forma paralela, el magistrado tiene a su cargo el pedido de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, que fue presentado por el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS).
Es la primera vez, desde el inicio de la democracia, que la Justicia dispone la detención de policías imputados por violación de los derechos humanos durante la dictadura. Como estos hechos ocurrieron con anterioridad a 1976, no son alcanzados por las leyes mencionadas anteriormente.





