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Son inconstitucionales las leyes del perdón
Con la decisión de la Corte Suprema se abre la posibilidad de reanudar procesos contra ex militares; en una carta, Alfonsín justificó la sanción de las polémicas normas
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La Corte Suprema de Justicia resolvió hoy que son inconstitucionales las leyes de punto final y de obediencia debida con el voto de siete de sus nueve ministros, y la sola oposición del juez Carlos Fayt.
Los ministros del máximo tribunal firmaron el esperado fallo poco después de las 12, luego de un acuerdo que se extendió por aproximadamente una hora.
Con esas normas el Congreso interrumpió, en 1986, el juzgamiento de los delitos por desaparición forzada de personas, torturas y otros de lesa humanidad cometidos durante el último régimen militar.
La sentencia lleva las firmas de los ministros Enrique Petracchi –presidente del máximo tribunal–, Ricardo Lorenzetti, Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Antonio Boggiano.
Augusto Belluscio se excusó porque la querella fue promovida por Horacio Verbitsky, titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con quien aquél mantiene una vieja disputa. En tanto, Carlos Fayt votó en contra, por la validez de las leyes.
En los fundamentos del fallo, la Corte adhirió a la opinión vertida por el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, quien el 5 de mayo último dictaminó que los crímenes de la última dictadura son "imprescriptibles".
Los ministros del máximo tribunal entendieron que el Congreso no tenía facultades para dictar esas leyes que favorecieron a los jerarcas de la dictadura y sus subordinados, porque en esa época ya regían normas que impedían cerrar sin sentencia causas por graves violaciones a los derechos humanos.
"Megacausas"
El fallo permitirá que se destraben las dos "megacausas" reabiertas por orden de la Cámara Federal en septiembre de 2003, luego de que el Congreso anuló las normas.
Se trata del expediente en el que se investigan los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), a cargo del juez Sergio Torres, y los ocurridos en el ámbito del Primer Cuerpo de Ejército, tramitada por Daniel Rafecas.
Ambos expedientes están en condiciones de ser elevados a juicio oral, pero los involucrados presentaron numerosos recursos para frenar los procesos, la mayoría de los cuales están bajo análisis de la Cámara de Casación Penal.
Con este fallo de la Corte, el máximo tribunal penal del país tendrá que rechazar los planteos y entonces las causas podrán elevarse a juicio en el corto plazo y decenas de militares ser juzgados.
Otra de las causas emblemáticas que se podrá acelerar y enviar a juicio es la que investiga la tortura y desaparición de una veintena de dirigentes de la agrupación Montoneros, que se produjo a comienzos de los 80 cuando intentaban regresar al país en el marco de la "contraofensiva".
En esa investigación serán juzgados, entre otros, Carlos Suárez Mason y Cristino Nicolaides, pero como se tramita por el antiguo Código Procesal Penal resta que el fiscal de la causa, Jorge Alvarez Berlanda, pida el cierre del sumario y formule la acusación.
La opinión de los juristas
La decisión de la Corte Suprema y sus alcances fueron evaluados por distinguidos juristas.
El constitucionalista Ricardo Gil Lavedra calificó el fallo de “importantísimo, trascendente e inédito en el mundo”.
En diálogo con LA NACION LINE , el ex ministro de Justicia apuntó que la sentencia “implica establecer el criterio de que el principio de legalidad tiene características distintas cuando se trata de los derechos humanos” y destacó su “valor simbólico”.
“(La sentencia) completa un ciclo y establece los principios de juridicidad y punibilidad de acciones muy graves para la comunidad internacional”, completó.
Consultado sobre los alcances de la decisión del máximo tribunal, Gil Lavedra advirtió que, aunque el fallo habilita el juzgamiento de todos los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, “habrá que analizar caso por caso”.
En este sentido, pronosticó que la reapertura de causas podría generar un “conflicto de competencia” entre los jueces que podrían llevar adelante los procesos.
En sentido similar, el ex fiscal federal Julio César Strassera, calificó de "correcta" la decisión de la Corte aunque auguró que habrá "problemas".
"En principio es correcta la decisión pero va a traer problemas sobre futuros juzgamientos", señaló Strassera, quien en 1985 fue el fiscal en el histórico juicio a las tres primeras juntas de la dictadura militar.
Strassera fundamentó su vaticinio al sostener, en declaraciones a un canal de cable, que "han pasado muchos años y va a haber cuestionamientos sobre el juez competente". "Las pruebas -agregó- se pueden haber diluido después de tantos años".
Strassera aseguró que para él las leyes sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín "fueron decididas en absoluto estado de necesidad o fueron arrancadas a punta de pistola".
