Sospechas en otro concurso judicial

Una sospecha inquietante circula cada vez con más fuerza por los tribunales de Comodoro Py: jueces y funcionarios de la justicia federal porteña creen que pudo haber existido fraude en el concurso que realiza el Consejo de la Magistratura para cubrir las cuatro vacantes de jueces en ese fuero, donde se tramitan las principales causas de corrupción contra funcionarios públicos.

Siete fuentes de alto rango judicial (tres de ellos, jueces federales penales porteños, futuros pares de los magistrados que se designen) dijeron a La Nacion que tienen sospechas de que el tema de examen que se tomó había sido adelantado a algunos de los concursantes. El senador radical Ernesto Sanz, miembro del Consejo, informó que pedirá una auditoría completa del concurso "a raíz de denuncias recibidas, algunas muy ricas pese a ser anónimas", sobre presuntas irregularidades. Dijo que pedirá revisar posibles lazos entre aspirantes y jurados.

No es un concurso más. Está en juego un tercio de los juzgados más sensibles para el poder político.

Un episodio fortaleció las sospechas. Involucra al juez de instrucción Luis Osvaldo Rodríguez, uno de los candidatos. Desde su juzgado pidieron 12 días antes del examen copias de un fallo real en un caso similar al que les tomarían luego en la prueba, según confirmaron a LA NACION en el juzgado donde se tramita la causa verdadera. En teoría, únicamente los jurados debían conocer el contenido del temario hasta el día del examen.

Si bien no eran idénticos, en ambos casos se trataba de un robo de monedas antiguas en el Banco Nación, había que resolver una serie de nulidades y decidir si era válido un allanamiento, pero -entre otras diferencias- en un caso se trataba de una asociación ilícita y en otro, el imputado era un policía.

El expediente real era del juzgado federal 3, a cargo de Daniel Rafecas. Allí llamó el 19 de febrero pasado una funcionaria de jurisprudencia de la Cámara del Crimen de parte del juzgado de instrucción 11, de Rodríguez, buscando el fallo de la Cámara Federal en la causa, relataron fuentes judiciales. Consultado por LA NACION, Rafecas lo confirmó y anoche informó que, tras la pregunta periodística, había notificado al Consejo. Según relató, acompañó el e-mail de respuesta al pedido dirigido a la casilla oficial de jurisprudencia de la Cámara del Crimen, con copia adjunta a la casilla oficial del juzgado de instrucción 11.

LA NACION consultó a Rodríguez, que negó haber hecho el pedido: "Yo no pedí ese fallo y no tenía idea de qué nos iban a tomar". Informó que estaba evaluando renunciar al concurso por motivos familiares. Dijo que no había contado con el apoyo de nadie, que había estudiado para el examen y que se había basado en su experiencia en causas como la del crimen de Gonzalo Acro, en la que ordenó la detención de los hermanos Schlenker, barrabravas de River.

La sospecha de filtraciones alcanza también a un concursante cuya prueba llamó la atención por la precisión de sus citas. El examen consistía en que los aspirantes resolvieran un caso como si fueran el juez de la causa. Podían presentarse a rendir sólo con leyes, sin libros ni fallos.

LA NACION le entregó las pruebas de los cinco concursantes que quedaron mejor posicionados en el orden de mérito al penalista Alejandro Carrió, presidente de la Asociación por los Derechos Civiles y uno de los mayores expertos en materia de garantías constitucionales en el derecho penal. Se le pidió que analizara los exámenes, que no estaban firmados.

"Hay uno que despierta mucho mi atención -respondió Carrió-. Es totalmente excepcional que un examen contenga tal cantidad de citas jurisprudenciales y semejante nivel de memorización del lenguaje exacto de largos pasajes de fallos de la Corte. También me impresionaron las citas de fallos de la Corte de Estados Unidos, que coinciden con los que incluí en una nota de un libro mío. Varios ni son fallos conocidos ni tienen nombres fáciles de recordar. Como docente y como jurado, no me enfrenté nunca con un examen así. Hace 15 años que enseño justo esto y no podría hacer un examen como ése."

Este concurso es el más viejo que tiene para resolver el Consejo de la Magistratura. Su trámite ignoró todos los plazos y ya tiene más de cuatro años. A instancias del kirchnerismo, las primeras pruebas que se habían tomado se anularon, pese a que un grupo de juristas de primer nivel había recomendado lo contrario.

Los nuevos exámenes, ahora sospechados, se tomaron el 3 de marzo. Los preparó un jurado formado por el camarista Eduardo Farah, los jueces Sergio Torres y Julián Ercolini (los tres de la justicia federal porteña), y el profesor Juan Carlos Gemignani (h.). Ellos entregaron en sobre cerrado al Consejo la semana del examen tres casos. Al azar, se tomó uno. Después corrigieron los exámenes. Con sus notas y la evaluación de antecedentes de los postulantes, se formó un orden de mérito. Varios concursantes presentaron impugnaciones que está analizando ahora el Consejo.

Primero quedó Marcelo Martínez de Giorgi (también había quedado bien posicionado en la primera prueba), subrogante de uno de los juzgados federales vacante. Segundo, el abogado Carlos Ferrari; tercero, Juan Pablo Salas, subrogante de un juzgado de Morón; cuarto, Marcelo Goldberg, titular de un juzgado de garantías de Quilmes, y quinto Luis Rodríguez.

En el Consejo de la Magistratura, oficialistas y opositores admiten desde hace tiempo que en los concursos hay corrupción y que hay candidatos que llegan al examen sabiendo qué les van a tomar. Pero esto nunca se había logrado probar hasta hace 20 días, cuando, en un concurso de Paraná, se descubrió a un aspirante con la prueba que le iban a tomar. Este caso reactivó los planes para modificar el sistema de selección. El problema es que no hay acuerdo sobre cómo deben ser los nuevos concursos.

Por Paz Rodríguez Niell <br/> LA NACION

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