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Su propio estudio logró las pruebas favorables
En veinte días revirtieron la causa contra el abogado-militar
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Las tres veces en las que el mayor (R) Jorge Olivera cambió de abogado desde su detención, el 6 de agosto último, en el aeropuerto de Fiumicino, podrían mostrar la poca confianza que tenía en sus defensores italianos. De todas maneras, esos movimientos legales no eran el apoyo de su estrategia, que en nuestro país se movía muy rápido a través del estudio jurídico que en Buenos Aires comparte con Jorge Appiani.
El 29 del último mes, en el consulado argentino en Roma se firmó en la escritura 84 un poder especial por el cual Appiani y otros abogados representarían a Olivera en la Argentina, con el fin de buscar datos para su defensa contra el pedido de extradición dictado por la justicia francesa.
En ese protocolo notarial se deja constancia de que los letrados se presentarían en diferentes ámbitos gubernamentales para solicitar información del caso. Señalan especialmente al juzgado federal de San Juan, provincia donde ocurrió la desaparición de Marie Anne Erize, en 1976.
Trascendió ayer que la visita a esa dependencia fue la más provechosa para los defensores de Olivera.
Allí habrían encontrado la partida de nacimiento, con la anotación marginal de fecha de defunción como reclama la ley de ausencia por desaparición de personas. Este grupo de letrados-investigadores tuvo autorización para ver los expedientes sobre el caso durante dos horas, los viernes.
Estrategia veloz
Los movimientos fueron rápidos apenas se encontró esa partida de nacimiento. El 5 de este mes, apenas ocho días después de solicitar el poder en el consulado argentino en Roma, entró en la Subsecretaría de Derechos Humanos un pedido de los abogados Appiani y Jorge González Pagnanelli para acceder a los registros o legajos de la Conadep relacionados con el fallecimiento, la desaparición forzada o la ausencia con presunción de fallecimiento de "María Ana Erize".
También se solicitó el expediente que "eventualmente pudiera haberse instruido" por reclamos de familiares para el cobro de indemnizaciones.
La Subsecretaría de Derechos Humanos continuaba el trámite de este pedido cuando se produjo la sorpresiva liberación de Olivera.
En Italia, mientras tanto, los nuevos abogados del mayor retirado buscaban y conseguían una audiencia para revocar el arresto en la prisión de Regina Coeli. Un pedido que trataba una forma y no el fondo del pedido de extradición. Pero con la partida de nacimiento recientemente agregada al expediente por la defensa y la acreditación allí de una fecha eventual de deceso, la Corte de Apelaciones de Roma decidió dar un pronunciamiento favorable para Olivera.
El estudio jurídico que no pudo poner a Gran Bretaña en el banquillo de los acusados por crímenes de guerra, por hundir el crucero General Belgrano en 1982, logró un triunfo casi tan increíble como el que buscó Olivera cuando acusó a Margaret Thatcher ante la Corte europea de derechos humanos.
