Tensión y diferencias entre los gobiernos de Javier Milei y Axel Kicillof por la inseguridad en el conurbano

El Gobierno de Javier Milei se muestra pesimista frente a la posibilidad de profundizar la coordinación en materia de seguridad con la provincia de Buenos Aires. En la Casa Rosada advierten sobre una profunda “incompatibilidad de criterios” con la gobernación y consideran que, antes, es necesario un reconocimiento público de los funcionarios de Axel Kicillof sobre la situación de la inseguridad.

La mirada sobre la inseguridad es muy diferente en ambos gobiernos. El presidente Javier Milei piensa en José Luis Espert como candidato en la provincia de Buenos Aires para 2025, a nivel legislativo, pero también, según admiten muy cerca del mandatario, consideran que es el “mejor posicionado” para pelear la gobernación en 2027. Esta semana, Espert lanzó furibundos cuestionamientos a Kicillof por la inseguridad en la provincia. “Tiene dos alternativas: o renuncia a su cargo de gobernador por inepto o le pide ayuda al Gobierno nacional para poder luchar con las fuerzas federales contra el narcotráfico y la inseguridad”, sostuvo en la Cámara de Diputados. Una muestra de las profundas diferencias entre ambos sectores políticos.

La apuesta por Espert es, fundamentalmente, en el marco de la crisis de inseguridad que atraviesa la provincia y por la que el Gobierno nacional siente que no puede hacer demasiado, más allá de bajar efectivos de las fuerzas federales a determinadas zonas o dónde los propios intendentes se los solicitan.

“Lo que no hay es un reconocimiento claro de la provincia de Buenos Aires, de que hay una emergencia, eso complica todo, porque sin eso no hay una coordinación posible sobre lo que se tiene que hacer”, dicen cerca de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. Lo mismo sostienen en Casa Rosada, donde prefieren pensar en un futuro cambio político en la provincia porque, según argumentan, en lo inmediato, con la gobernación de Kicillof, “no hay salida posible” a la situación de inseguridad.

Por lo pronto, el diálogo entre Nación y Provincia está abierto a través de Patricia Bullrich y su par bonaerense, Javier Alonso. Recientemente se vieron en Mar del Plata, una ciudad que sufrió 8 muertes en lo que va del año.

En el gobierno de Axel Kicillof sostienen que son “plenamente conscientes” de lo que sucede y apuntan a que trabajan con “seriedad y profesionalismo para atacar las razones”. A lo que agregan: “lo que no avalamos es que el Gobierno nacional use las desgracias de los bonaerenses para hacer campaña electoral”.

Desde Nación, por su parte, buscan quitar del medio cualquier atisbo de una “puja política” o electoral y hablan de un “tema de orden, capacidad de operación, cooperación” y agregan: “No se puede ir al territorio sin una coordinación real”. Aseguran que tienen identificadas más de 200 bandas en zonas calientes, pero que para avanzar necesitan mejorar la coordinación con las fuerzas provinciales. También puntualizan que trasladaron efectivos a las zonas más calientes, a través del Plan 90/10. “Se vienen haciendo operativos de saturación, procedimientos, todo en la medida de lo que podemos, lo hacemos por la gente”, argumentan en la Casa Rosada.

En el Gobierno nacional insisten en marcar la falta de reconocimiento del problema por parte de la gestión de Kicillof como uno de los nudos del problema. “Quieren pedir la ayuda por debajo de la mesa, pero no en publico; sin admitir la situación”, apuntan desde Nación. “Se necesitan convenios y eso implica reconocer”, recalcan.

El mensaje apunta no solo a la gobernación bonaerense, sino también a intendentes afines al kirchnerismo, que aseguran que piden la presencia de las fuerzas federales en sus territorios del conurbano, pero de forma informal. “Llaman todos y se les responde lo mismo: que manden notas y se arma un convenio”, responden desde la administración libertaria.

Desde Nación también hacen hincapié en la necesidad de se apruebe el proyecto de Ley Antimafia, que envió el Gobierno al Congreso. Se trata de una iniciativa que agrava las penas para los integrantes de una organización dedicada a cometer determinados delitos. También dispone la posibilidad de establecer, con autorización judicial, zonas de intervención de las fuerzas federales con amplias facultades. También destacan la necesidad de aprobar la ley de reiterancia, que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Y subrayan que la provincia debe adherir “para sacar a los delincuentes de la calle”. Desde La Plata dicen que lo “está analizándolo el Ministerio de Seguridad” a cargo de Juan Martín Mena, hombre de confianza de Cristina Kirchner en el Gabinete de Kicillof. El kirchnerismo votó en contra de la ley en la Cámara de Diputados.

En Nación insisten en que, pese a la falta de entendimiento político, están colaborando con operativos de saturación y procedimientos con fuerzas federales. Lo hacen a través de del Plan 90/10 para reducir los delitos en las zonas con mayor densidad poblacional del país.

La ola de inseguridad en la provincia de Buenos Aires recrudeció en los últimos días con crímenes como el de Luca Aguilar de 19 años. Desde la provincia de Buenos Aires admiten la situación, pero detallan que “no es peor” que cinco u ocho años atrás, y aluden a las estadísticas del Ministerio de Seguridad nacional. La gobernación también sostiene que la fuerza bonaerense detuvo en dos oportunidades a Luis Benítez, el asesino de Luca Aguilar, y que fue la justicia quien lo liberó.

“Un problema filosófico” y la dicotomía Zaffaroni-Giuliani

“No se puede ayudar a quien no se deja ayudar”, dicen en el primer piso de Balcarce 50 sobre Kicillof. Desde allí hablan hasta de un “problema filosófico” para definir la falta de entendimiento. “Ellos tienen la visión (de Raúl) Zaffaroni y nosotros la de (Rudy) Giuliani”, sintetizan en referencia al garantista exministro de la Corte Suprema y al exalcalde neoyorquino, promotor de una política de “mano dura” y “tolerancia cero” en materia de seguridad.

Desde la ciudad de las diagonales apuntan a los números que manejan, que son de fuentes nacionales, y también describen la inversión en Seguridad y que construyeron alcaidías y unidades penitenciarias. “Esta gestión tiene récord de gente presa, no nos gusta, es horrible, pero es así”, dicen desde la gobernación

“Su mentalidad es el problema”, responden en la Presidencia en referencia a Kicillof. Hablan de un “problema conceptual” y de un “choque cultural”, lo que deriva en una “incompatibilidad de criterios”.

Desde allí también apuntan a que “la seguridad es responsabilidad de la provincia” y que “Kicillof tiene que agarrar y hacerse cargo”. En ese sentido hacen una diferencia fundamental entre el bonaerense y su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, frente a la crisis de seguridad que vivió esa ciudad casi para esta misma altura del año pasado, con los ataques narcos, lo que encontró su punto máximo con el crimen del joven playero, Bruno Bussanich. “Ellos pidieron ayuda y se dejaron ayudar, por eso se bajaron como se bajaron las fuerzas federales. Se coordinó con las fuerzas locales y cambió el panorama en cuestión de semanas. Acá no. Se necesita un convenio y eso implica un reconocimiento público insisten”, detallan.

En ese sentido distinguen los pedidos puntuales como el del intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, que solicitó colaboración a Bullrich, para el apoyo de fuerzas federales con el que se apunta a contener la ola de inseguridad que lleva ocho crímenes en 37 días.

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