Toman desde hace un mes una sede de Desarrollo Social en Mar del Plata en reclamo de más planes

MAR DEL PLATA.– Sobre las pizarras que eran para información a los beneficiarios ahora lucen carteles escritos a puño en los que se recomienda no mover escritorios, cuidar instalaciones y mantener la limpieza. El mate –más de uno- circula en rondas interminables, de día y de noche porque la permanencia es de 24 horas al día y cumplió ayer su 36ª jornada. Las oficinas locales del Ministerio de Salud y Desarrollo Social hace más de un mes que no brindan servicio porque están ocupadas por militantes del Polo Obrero, que llegaron a esta medida extrema en busca de respuestas a sus pedidos por más planes sociales, aumento de los actuales y una mayor entrega de mercadería a las familias más castigadas por la crisis.

Cadena y candado mantienen cerrada la reja de acceso al ala sur del Instituto Unzué, un centenario histórico, declarado patrimonio histórico, donde a diario se tramitaban distintos programas sociales. Desde autorizaciones para el acceso a un medicamento de alto costo hasta cuestiones vinculadas a discapacidad. Ninguna de esas dependencias se habilitó en otro espacio físico, por lo resulta imposible avanzar con cualquiera de esas gestiones.

"De ninguna manera esto es una toma", asegura Pablo Barragán, referente del Polo Obrero en Mar del Plata y a la cabeza de esta protesta que prometen sostener sin cambios hasta tanto las autoridades les den todo lo que están pidiendo.

Puertas adentro conviven a diario entre 30 y 40 beneficiarios de programas sociales, entre ellos varias mujeres con sus hijos. "Nos turnamos a un barrio por día", explica a La Nación uno de los partícipes de esta protesta que no tiene en el horizonte inmediato una posibilidad de encontrar una solución, al menos transitoria.

Florencia Ranellucci, titular de este Centro de Referencia de la cartera que a nivel nacional conduce Carolina Stanley, denunció en su momento una "toma violenta" de las instalaciones por parte de los manifestantes. Lo cierto es que no hubo incidentes pero sí un ingreso masivo a las oficinas que llevó a las autoridades a pedir al personal que abandone la dependencia. Desde aquel 28 de agosto los empleados no han vuelto a su lugar de trabajo ni tienen asignado otro espacio físico para continuar con el desempeño de sus funciones.

Barragán niega que el día que allí se instalaron hayan existido incidentes o situaciones de tensión extrema. Por el contrario, acusa a los funcionarios de no recibirlos y mucho menos atender ahora sus reclamos. "Recién en los últimos días apareció un interlocutor desde Buenos Aires", dijo a LA NACION. Se refiere a "un tal Pérez Grino" con el que hablan por teléfono y a quien les transmiten sus demandas.

En esos llamados le dan una lista de reclamos con tres ítems por atender: Aumento de los planes Hacemos Futuro y Servicio Social, por los que perciben 7500 pesos cada beneficiario. "Queremos que se aproximen al valor de la canasta familiar", dice sobre una suma que ronda los 30000 pesos. Piden además que más militantes puedan acceder a estos planes sociales y además que se incremente la asistencia alimentaria, tanto a familias como a comedores que atienden en los barrios.

Suman también el pedido por un bono fijo de 2000 pesos que consideran pendiente de pago por parte del Gobierno. "Solo algunos compañeros lo cobraron y el resto sigue esperando", insisten.

En total son unas 400 familias las que están involucradas en esta protesta. Algunos vecinos se han solidarizado con ellos. Pasa una mujer y golpea las manos porque no hay timbre. Nadie atiende. Por entre los hierros de la reja deja un paquete de yerba, uno de galletitas y se va.

Barragán y los suyos aseguran que a la brevedad habrá una manifestación a nivel nacional que acompañará este reclamo que comenzó con la ocupación de las oficinas del Ministerio de Salud y Desarrollo Social en Mar del Plata. "Se vienen tres días de acampe", anticipan los referentes locales del Polo Obrero.

En el inicio de la protesta y hace más de una semana el reclamo de estos militantes consiguió también la adhesión de sectores gremiales vinculados a los trabajadores estatales. Hubo ruidosas manifestaciones con cuestionamientos directos a los funcionarios del área, por no dar soluciones que al mismo tiempo posibiliten la normalización del funcionamiento de las oficinas públicas que funcionan en esas instalaciones de la calle Santa Cruz 3501, en el barrio Parque Luro, en el límite cla zona de Perla Norte.

La inquietud por estas horas pasa por cuán interesados están las autoridades en resolver la cuestión. Entre los protagonistas de la toma de esas instalaciones y también los representantes de los trabajadores que allí deberían prestar servicios temen que el caso se extienda en el tiempo, incluso más allá de las elecciones.

Barragán aseguró a LA NACION que no son un impedimento para que las dependencias que allí funcionan puedan retomar la atención al público. "Aquí no se impide el paso a nadie", dice a pesar de la cadena y el candado que siempre mantienen la entrada cerrada. "Que atiendan los trámites, nosotros vamos a seguir acá hasta que nos den respuesta", insiste.

Por Darío Palavecino

• Crisis económica

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