Tras el ataque a Cristina, el Gobierno no reacciona con cambios de fondo en la seguridad y la inteligencia nacional

La mañana siguiente al atentado a Cristina Kirchner, el Presidente reunió a su gabinete en la Casa Rosada. Alberto Fernández había decretado feriado y los funcionarios le daban vueltas al asunto del llamado a la oposición y a la actitud a tomar en la marcha a Plaza de Mayo. En ese ida y vuelta, el titular de la AFI, Agustín Rossi, pidió la palabra. “Hay que pensar en el efecto espejo”, dijo, en alusión a la posibilidad de que se replicaran los ataques. Con el correr de los días, sus dichos quedaron flotando en el aire.

A medida que salen a la luz detalles de la noche del intento de magnicidio en Recoleta se hacen más evidentes las fallas que hubo en la custodia de la vicepresidenta, los riesgos que hoy corren los altos funcionarios públicos frente a nuevos grupos violentos y la impotencia de los servicios de inteligencia para evitar situaciones que alteren la seguridad interior. Así lo reconocieron funcionarios y dirigentes del propio oficialismo en las charlas más reservadas de los últimos días.

“Fue una conmoción y tiene que cambiar algo en la Argentina. Por un lado, la política tiene que generar un mínimo diálogo. Por el otro, los protocolos de seguridad deben reforzarse sabiendo que en el país habitan grupos extremistas y antidemocráticos que pueden hacer cualquier cosa”, dijo a LA NACION un importante funcionario que sigue de cerca la investigación del ataque. “Fue con Cristina pero puede pasar con Macri, esto es contra la política”, aseveró.

La vicepresidenta se mostró más predispuesta a aumentar su custodia -y a resignar libertad de movimiento- que el Presidente, que se resiste a dejar su lugar de “hombre común”. El lunes pasado hubo un llamado al 911 con una amenaza de muerte contra la exmandataria y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. Se detectó que se trataba de una mujer menor de edad de La Plata. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernandez se lo comunicó a Cristina y también lo notificó en los tribunales de Comodoro Py. La jueza María Eugenia Capuchetti recomendó reforzar la custodia de los tres.

La vicepresidenta accedió y se mostró especialmente preocupada por proteger a su hija menor. A partir de allí, la revisión de los protocolos se derivó al jefe de la Policía Federal, Juan Carlos Hernández, y al jefe de custodia de la vice, el comisario inspector Diego Carbone.

“Me hubiera gustado estar en la misa de Luján pero iba a haber mucha seguridad y no quise entorpecer con mi presencia lo que era un momento muy especial”, dijo Cristina en su reaparición pública del jueves. Un contraste con la dinámica que llevaba antes del ataque, de mucha cercanía con sus seguidores. “Ninguno de nosotros veía venir lo que pasó, pero cambió todo”, dijo a LA NACION un colaborador de La Cámpora.

El rol de la Federal

Por su desempeño en dos instancias el rol de la Policía Federal fue controvertido. Primero, por su accionar cuando Sabag Montiel acercó un arma a menos de un metro de la vicepresidenta. Según los testimonios recopilados por la Justicia, la custodia no llegó a activar el “Protocolo de Actuación N°7″ previsto para situaciones como esta. Cristina reconoció la debilidad del operativo de esa noche. “Fueron los militantes los que aprehendieron a quien me atacó, no la policía”, dijo.

También fue señalado el rol de la PFA cuando intervino en el peritaje del teléfono celular de Sabag Montiel. La custodia del celular era responsabilidad del juzgado de Capuchetti, pero fueron dos técnicos de la PFA los que estuvieron abocados a la tarea de extraer el contenido del teléfono. Ese procedimiento fue calificado como “negativo” en el acta judicial y el contenido se perdió. El teléfono fue formateado y pasó a manos de la PSA, que ahora interviene con el análisis de los otros celulares y aparatos secuestrados, así como también de las imágenes de cámaras de seguridad.

Pese a que el Presidente sostuvo que “el próximo” -en ser atacado- podía ser él, Fernández no cambió su esquema de seguridad. Dejó en claro que no quiere separarse de la gente y aún se resiste a utilizar un vehículo blindado. Tras el atentado, sin embargo, en Casa Rosada los colaboradores de Fernández analizaron los protocolos con el jefe de su custodia, Diego Sandrini. “Se concluyó que hay que estar más alerta de lo habitual y que se va a tratar de que las actividades de cercanía sean más cuidadas y menos espontáneas. Extremar los cuidados sin aislarse”, dijo un importante colaborador del jefe de Estado.

La inteligencia

Tras lo ocurrido en Recoleta, un importante funcionario al tanto del accionar de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) advirtió que el organismo está prácticamente “ciego” para trabajar en este tipo de casos. Recordó que la agencia ya no inicia las llamadas precausas -lo que en la jerga se denomina “delivery” y que implica intervenir comunicaciones cuando hay una hipótesis de conflicto por un tiempo que determina la ley de inteligencia nacional-, y que tampoco puede ser auxiliar de la Justicia, algo que se decidió apenas asumió la interventora Cristina Caamaño con el objetivo de terminar con los “sótanos” de la democracia.

Además, dijo que la AFI no está realizando informes ambientales, es decir, avanzadas a los territorios para estudiar escenarios potencialmente peligrosos para los altos funcionarios. “La orden de realizar informes ambientales debe venir del Presidente de la Nación, es una decisión política y de seguridad”, señaló a este medio un hombre con trayectoria en el mundo de la seguridad.

La AFI aportó a la Justicia audios de referentes de la agrupación Revolución Federal en los que proponían infiltrarse para matar a la vicepresidenta. El kirchnerismo tiene en la central de espías un funcionario de sus filas, a cargo del área de operaciones. No tuvo la mejor sintonía con Cristina Caamaño, pero ahora volvió a ganar influencia. Está identificado con La Cámpora y es “los ojos de Máximo” en el organismo que conduce Agustín Rossi, hombre de confianza del Presidente.

Un funcionario kirchnerista advirtió: “Este hippismo de la AFI para que sea más transparente la está debilitando”. Y agregó: “Si Brenda Uliarte estuvo el día que se tiraron antorchas a la Casa Rosada tenía que tener un seguimiento”. Otro hombre clave del gabinete se lamentó: “Pasamos de ‘que no exista la AFI’ a ‘¿dónde está la AFI?’”. Y agregó: “Entre la relación promiscua con la Justicia que había antes y no hacer nada, tiene que haber un punto intermedio”.