Trastienda: la denuncia de Kicillof que complicó a Bondarenko y las sospechas de espionaje calientan la campaña electoral
La purga policial puso en guardia a Bullrich, cuyos colaboradores se habían reunido con el candidato de LLA en la tercera; acusaciones cruzadas con el PJ por la seguridad
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LA NACIONMatías Moreno
Cuando faltaba apenas una semana para el cierre del plazo legal para la inscripción de las listas electorales en la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Bondarenko compartió una cena con altos mandos de la Policía Bonaerense en la vivienda del comisario mayor Ignacio Manuel Ortiz Valenzuela. A Bondarenko, referente de La Libertad Avanza en Florencio Varela, uno de los bastiones del peronismo en el sur del conurbano, lo recibieron en un marco de camaradería. De hecho, Ortiz Valenzuela es padrino de uno de sus hijos.
Bondarenko jura que en ese momento no sabía que los Milei iban a ofrecerle que encabezara la boleta de candidatos del oficialismo nacional en la estratégica tercera sección electoral, la principal fuente de poder de Cristina Kirchner. Hasta el sábado 19, era un desconocido comisario retirado de la Policía Bonaerense que había probado como concejal de Juntos por el Cambio en Florencio Varela y que se había acercado al armado de Facundo Manes, en 2021, gracias a su vínculo con Emilio Monzó.
Cuatro días después de firmar la planilla de la postulación, Bondarenko quedó envuelto en un extraño episodio que tensó el inicio de la campaña en el principal distrito del país. Es que el gobierno de Axel Kicillof desplazó a 24 oficiales de la policía bonaerense acusados de intentar conspirar contra la fuerza y de militar en favor del candidato de Milei.
“Eran mis amigos”, les dijo Bondarenko a sus colaboradores. En rigor, el excomisario se había convertido de uno de los referentes territoriales de Sebastián Pareja, brazo ejecutor de Karina Milei, en el conurbano. Y, por una solicitud de Pareja, Bondarenko se había reunido en la Capital con dos asesores de Patricia Bullrich: Fernando Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad Nacional, e Ignacio Cichello, subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico. Desde hace tres meses, Soto, abogado penalista, y Cichello se juntaban con Bondarenko y otros dirigentes libertarios para asesorarlos sobre proyectos de ley vinculados al combate contra el delito.
La investigación interna que derivó en las cesantías partió de una denuncia anónima que apuntaba contra integrantes de la cúpula de la Policía Ecológica. Son efectivos con puestos de conducción que supuestamente realizaban desde hacía tiempo tareas políticas para Bondarenko. El gobierno de Kicillof aportó chats a la Justicia para intentar probar que había una coordinación entre Bondarenko y los desplazados.
Apenas se conoció la denuncia de Kicillof, el gobierno de Milei activó un operativo para contener al candidato. Bullrich, ministra de Seguridad, se comunicó con Pareja para interiorizarse sobre el caso. La funcionaria conocía a Bondarenko −hay fotos en actos oficiales−, pero el excomisario no formaba parte de su tropa en la provincia. Apenas recibió la llamada de Bullrich, el titular de LLA en Buenos Aires le propuso convocar a Bondarenko para que le explicara la situación. “Los pasaron a disponibilidad y les quitaron las armas, los humillaron. De un día para el otro los dejaron sin trabajo, sin credencial, todo por una foto en un asado”, relataron cerca del candidato libertario.
“Es una joda”
La ministra se enfureció con Kicillof y, sobre todo, con su par bonaerense, Javier Alonso. “Es una joda”, bramó. De inmediato, Bullrich asumió que debía salir a respaldar públicamente a los oficiales desplazados. La denuncia le permitió a la Casa Rosada profundizar la polarización discursiva con el kirchnerismo. “No hay ningún complot. Se están poniendo a la policía en contra, están locos”, se jactaba en la intimidad.
En el entorno de la ministra rechazan que haya querido inmiscuirse en la fuerza a través de Bondarenko y sus compañeros para desestabilizar la gestión de Kicillof. Antes de recibir al candidato en la sede del Ministerio de Seguridad, la ministra pasó por la Casa Rosada.
Es más, aventuran tensiones por la decisión de Kicillof de designar al jefe de policía de la provincia, comisario general Javier Carlos Villar, a cargo del comando electoral. Como encargado de la seguridad de los comicios, vigilará el traslado de boletas, urnas y bolsines. “Quieren politizar todo. Nosotros no vamos a sospechar de la bonaerense porque controla la elección”, argumentan en Balcarce 50.
En las últimas horas, Miguel Saredi, secretario de Planificación de La Matanza, terruño de Fernando Espinoza, barón del conurbano y aliado de Kicillof, denunció que Bullrich retiró a las fuerzas federales del municipio más poblado del distrito. “Lo que está pasando es que las fuerzas federales y nacionales se retiraron. La seguridad es responsabilidad de los gobiernos provinciales en concurrencia con los gobiernos nacionales. Se tienen que hacer cargo de los delitos federales y los territorios federales”, sostuvo Saredi.
En el gobierno de Espinoza presumen que Bullrich privilegiará a los distritos aliados a la hora de desplegar efectivos federales para reforzar la seguridad. “Van cinco veces más a Tres de Febrero, donde está Diego Valenzuela”, afirman.
La apuesta por Bondarenko para liderar la boleta en la tercera sección electoral fue el secreto mejor guardado por Pareja. Su nombre había sido acercado por el senador bonaerense Carlos Curestis, uno de los integrantes del círculo de confianza del armador de los Milei en Buenos Aires. Exladero de Monzó en el distrito, Curestis conocía desde hace años al excomisario. “Buscaron pegarnos en el lugar equivocado; nos ayudaron a instalarlo”, dicen cerca de Curestis.
Después de que se filtraran presuntos chats entre Bondarenko y los policías acusados por el gobierno provincial de intentar conspirar contra la fuerza, Bullrich optó por pasar al contraataque. Instruyó a sus colaboradores para que presentarán una denuncia por espionaje ilegal, persecución ideológica, discriminación y abuso de autoridad.
En la Casa Rosada consideran que Kicillof y Alonso buscaron disciplinar a los uniformados. “Se dieron un tiro en el pie”, celebraron.
La presentación fue realizada ante la fiscalía general de La Plata. Según fuentes oficiales, la Justicia debe investigar cómo se accedieron a fragmentos de las conversaciones entre el postulante a diputado bonaerense de La Libertad Avanza en la tercera sección y los efectivos que fueron apartados si ninguno de los involucrados puso su teléfono a disposición o mediara una orden judicial.
En el Ministerio de Seguridad presumen que Kicillof difundió chats privados a los que no han tenido de ninguna manera acceso en forma legítima. “El acceso a sitios de aplicaciones móviles privadas no es ciberpatrullaje, sino que es espionaje ilegal, porque viola la privacidad y la intimidad de las personas”, argumentaron cerca de Bullrich.
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