Tropiezos, caprichos, internas y demoras

El cierre del año soñado por el Gobierno, después del triunfo electoral del 26 de octubre que parecía dejar atrás los muchos sobresaltos de 2025, se le está haciendo más complejo y más caro de lo previsto hace apenas unos días. Aun cuando lo más probable es que, finalmente, logre objetivos cruciales, que parecían utópicos tres meses atrás, para encarar la última parte de su mandato.

La obstinación puede tener un costo elevado. Aunque, también, puede ser un ardid. El tropiezo sufrido por el Gobierno en el tratamiento del presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados y la postergación para febrero de la votación en el Senado de la reforma laboral dejan abiertas varias incógnitas, así como algunas luces de alerta.

No obstante, la aprobación del proyecto de inocencia fiscal para que los dólares salgan de los colchones y de las cajas de seguridad entren a dinamizar una economía real estancada aliviaron los ánimos y sirvieron para atenuar en parte los pases de facturas dentro del oficialismo, que recrudecieron tras los resbalones.

Eso se registró cabalmente en una por momentos tensa reunión, este jueves por la mañana, en el despacho del ministro del Interior, en la planta baja de la Casa Rosada, de la que participaron el anfitrión, Diego Santilli, Luis y Santiago Caputo, en forma presencial, y Martín Menem, por videollamada. La interna de la cima libertaria sigue al rojo vivo y los que están en el medio se ven obligados todo el tiempo a mostrarle a cada bando el vaso medio lleno para que no se desborden los conflictos.

La imposibilidad de cumplir deseos maximalistas (“caprichos”, dicen algunos) del Presidente es terreno fértil para reactivar disputas no saldadas y resentir heridas por proyectos frustrados. La inquina entre el súper asesor y la hermanísima Karina Milei sigue vigente y se dirime a través de interpósitos actores. Los nuevos repartos de cuotas de poder dispuestos en los últimos días por Javier Milei no modificaron el fondo del asunto, menos cuando no todo sale como se esperaba, se anunció y se prometió.

La cara de decepción con la que la senadora Patricia Bullrich comunicó el aplazamiento del tratamiento en el recinto de la reforma laboral reflejaba el fracaso de su propósito de que fuera tratada el día después de Navidad. Para peor, debió explicitar la admisión de que el texto se abrirá a negociaciones y cambios. El decisionismo del Presidente y de la exministra de Seguridad sufrieron un duro golpe de realidad. Doble mal trago para Bullrich, que apenas diluyó algo haber obtenido dictamen de comisión. Un pequeño paso.

Lo ocurrido este jueves con la “ley de modernización laboral”, como la llamó el Poder Ejecutivo, no puede escindirse de dos hechos paralelos. Uno, aunque no determinante, fue la convocatoria del acto en la Plaza de Mayo que protagonizaron la CGT, parte del peronismo y los militantes de izquierda, lo cual no solo envalentonó al perokirchnerismo, sino que también incomodó a varios peronistas dispuestos a facilitarle las cosas al Gobierno. No era el mejor día para exponerse.

El otro hecho que resalta el fracaso en el Senado es el tratamiento del proyecto de presupuesto en Diputados, al que se sumó la crisis con los aliados de Pro y algunos amigables de la UCR por la conformación de la Auditoría General de la Nación (AGN), de la que quedaron afuera.

En la Cámara baja el resultado fue peor de lo esperado y obliga al Gobierno a recalcular, tanto como a instalar la duda acerca de su capacidad negociadora y sobre su intención de tener, finalmente, un cálculo de recursos y gastos, luego de dos períodos en los que prefirió usufructuar de la enorme cuota de arbitrariedad que le daba manejarse con un presupuesto votado en 2022.

El ruido que causó puertas adentro del Gobierno el hecho de que no se lograra el muy singular objetivo de derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, incluidas en el presupuesto, habla tanto de mala praxis como de obcecación respecto de esos dos gastos, que el Parlamento había sancionado y sostenido luego del veto presidencial.

El costo para el fisco de esas dos normas parece competir como objetivo para derogarlas con la obstinación presidencial, principalmente, y, luego, la del ministro de Economía, Luis Caputo, quienes volvieron a dar y perder una costosa batalla en la que ya se ha puesto en cuestión más su sensibilidad que la razonabilidad fiscal.

Para disimular la hondura de la herida narcisista que padecen con la sucesión de derrotas en estas cuestiones, Milei y el equipo económico prefieren resaltar el impacto de esas erogaciones en los ingresos, dada las rebajas tributarias y previsionales que incluyen el mismo presupuesto y la reforma laboral. La manta es demasiado corta y el asunto es quién paga el costo. Ese fue otro de los motivos de cuestionamientos que sufrió el Gobierno durante el debate. Estudiantes, docentes, jubilados y personas discapacitadas versus empresarios y sectores aventajados es una imagen de impacto que la oposición compone con facilidad.

¿Votos caros o baratos?

El malestar por el resultado del debate en Diputados y el tenor del texto aprobado se profundizó en el seno del Gobierno porque para llegar a tener quorum y lograr la media sanción, en los últimos diez días Milei otorgó a los gobernadores dialoguistas endulzantes por casi 70.000 millones de pesos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (en algunos casos más del doble de lo que habían recibido durante todo el año) con el objetivo de que los diputados que les responden votaran el texto enviado por el Poder Ejecutivo.

Los “chupetines” de último momento de los que hablaba el ministro Santilli no tuvieron el efecto que se esperaba. También a la flamante incorporación al Gabinete ahora algunos mileístas quieren bajarle el valor de la cláusula de rescisión, a pesar de que no sería el principal responsable de las deserciones que permitieron mantener las leyes de financiamiento educativo y emergencia en discapacidad.

Durante la reunión de este jueves en la Casa Rosada los integrantes terminaron por acordar la composición de una narrativa destinada a justificar las erogaciones y a minimizar el costo. Un mensaje tanto para afuera como para adentro del Gobierno.

“Este es el Gobierno que menos aportes repartió y muchos gobernadores que han ayudado necesitaban ingresos para poder afrontar el pago del aguinaldo, ya que fueron afectados por el recorte del gasto. Además, si miran el presupuesto van a ver que a las provincias no les dimos prácticamente nada de lo que reclamaban”, fue el argumento acordado para refutar las acusaciones de haber comprado votos de diputados que responden a gobernadores amigables.

Los gobiernos beneficiados fueron los de Tucumán ($20.000 millones); Misiones ($12.000 millones); Chaco ($11.000 millones); Catamarca ($10.500 millones); Entre Ríos ($7000 millones); y Salta ($ 6000 millones). La suma erogada solo en los diez días previos al debate del Presupuesto representa el 30% del total de lo distribuido durante todo del año. Demasiado para descalificar la condición de lubricante de voluntades.

El otro argumento que la Casa Rosada esgrime para minimizar el impacto de los tropiezos es el comportamiento positivo de los mercados (suba de bonos y acciones) que adjudican a la media sanción del proyecto de inocencia fiscal y a que, después de tres años, se haya aprobado un presupuesto. A pesar de que si lo vota favorablemente el Senado, como se espera, seguramente volverá para ser tratado en Diputados, ya que el Gobierno insistirá con modificaciones para poder volver con la derogación de las leyes de financiamiento educativo y emergencia en discapacidad. Milei no se rinde.

La postergación del tratamiento del proyecto oficial de ley de reforma laboral fue un golpe para las expectativas oficiales y, sobre todo, para el ala maximalista del Gobierno, que mira con desazón cómo algunas de sus premisas más radicales estarán sujetas a negociación.

Minitriunfo cegetista

En contrapartida, la nueva cúpula de la CGT se llevó un motivo de celebración o un pequeño triunfo parcial, aunque tiene la semicerteza de que al final del partido no podrá evitar que la reforma sea sancionada.

El nuevo triunvirato se quedó, por lo pronto, con la convocatoria a la manifestación de ayer, la ausencia de disturbios mayores (en buena medida, fruto de negociaciones con el Gobierno) y la exhibición de una imagen renovada, con dirigentes sin el lastre de pasados oscuros públicamente conocidos y capaces de articular discursos menos desactualizados y deslegitimados que el de sus predecesores. Una golondrina no hace verano, pero puede ser una buena despedida de la primavera, después de un largo invierno.

No obstante, la meneada amenaza de recurrir a un paro general si la reforma laboral es sancionada implica la admisión de que es un recurso extremo, de compleja realización en estos tiempos y dudosa eficacia para alterar sensiblemente el curso del debate parlamentario.

La posibilidad de recuperar algo de la legitimidad social por parte de los dirigentes gremiales parece lejana. La convocatoria del acto de ayer estuvo dada por la capacidad de movilización de los propios. La espontaneidad no fue lo que caracterizó a los presentes en la Plaza de Mayo. Aún cuando la reforma laboral, según una flamante encuesta de la empresa Management & Fit, suma muchos más rechazos (47,1% en contra y 25,4% a favor).

Ante esa doble realidad, buscarán atenuar el impacto de los cambios en los derechos de sus representados, pero, muy especialmente, sobre las cajas y el poder de sus organizaciones. Ya han estado transitando canales para lograr sus objetivos de mínima y han contado con algunos funcionarios dispuestos a la escucha.

Como hasta los kirchneristas descartan que será aprobada, la duda radica en la profundidad que terminará teniendo la reforma, si es que en el mes y medio que se tardará en debatirla en el Senado y en Diputados no se producen situaciones que alteren el curso de los acontecimientos.

Esa eventualidad temporal es que lo que procuraba evitar el Gobierno y tenía como misión Bullrich, pero no logró imponer su urgencia. Ahora, mucho dependerá de la muñeca de la senadora y de la habilidad y disposición negociadora del principal ocupante de la Casa Rosada.

La pregunta es qué lecciones aprendió el Gobierno de las sesiones de las últimas 48 horas. No todos suelen reconocer que algunas pretensiones (o caprichos) pueden costar caros y demorar más los objetivos.

Por Claudio Jacquelin

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