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Un blindaje político más que un pacto comercial
MADRID.– El directorio de Repsol cumplió a regañadientes con una imposición política. El "principio de acuerdo" que votó por unanimidad carece de los detalles mínimos que requeriría el contrato respaldatorio de una operación internacional multimillonaria. Es, en cambio, un pacto diplomático que el gobierno de España selló para evitar males mayores y que la empresa no estaba en condiciones de dinamitar.
En las semanas previas al anuncio, el presidente Mariano Rajoy dio un giro drástico a su estrategia de quitarse de en medio y respaldar la línea de negociación dura impuesta por el número 1 de Repsol, Antonio Brufau.
Pesó la presión asfixiante del gobierno mexicano, aliado de la Argentina en la disputa debido al interés que tiene en participar en Vaca Muerta a través de Pemex, que a la vez es un accionista clave de Repsol. Pero lo que terminó de modificar el curso de acción fue el temor a que el "nuevo" gobierno kirchnerista desatara su hostilidad hacia los intereses españoles en el país. Empresas como Telefónica, con inversiones gigantescas en la Argentina, están a tiro de medidas estatales que podrían perjudicar sus cuentas globales.
El nombramiento como ministro de Economía de Axel Kicillof –un estatista considerado el cerebro de la nacionalización de YPF– había encendido todas las alarmas en el establishment español. Pero antes del fin de semana, las señales que llegaban a Madrid iban en dirección contraria. El nuevo gabinete argentino se mostraba dispuesto a pactar para "normalizar" la relación con España y mostrarla como un sello IRAM en su afán por tentar inversiones extranjeras.
Lo que ofrecía no era el pacto ideal, pero sí uno aceptable, opinan fuentes al tanto de las gestiones. La compensación cercana a los 5000 millones de dólares se acerca a lo que suponía Repsol que podría conseguir, pese a que reclamaba el doble en los tribunales y tendrá que anotar pérdidas en su balance. Es una declaración de intenciones, provisional. El directorio de la petrolera se tomará su tiempo para firmar la paz definitiva, que implicaría abandonar los juicios internacionales contra la Argentina.
La mayor debilidad de la oferta es que carece de suficientes detalles, sobre todo en lo que respecta a las garantías y avales de los bonos del Tesoro que entrarían en la operación. Para avanzar, México y la Argentina exigieron la firma del gobierno de Rajoy: para el presidente implicó pagar el costo de una intervención estatal en el sector privado que irritó al ala liberal de su partido.
El gobierno kirchnerista y los mexicanos de Pemex hubieran querido también negociar la cabeza de Brufau, pero España no aceptó entregar tanto. Aun así, el ejecutivo catalán quedó golpeado por cómo se cerró el proceso y podría preparar una salida decorosa en un plazo no muy largo.
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