Un bloque de ONGs se prepara para objetar en la Justicia los nombramientos de jueces por decreto

Un frente de organizaciones de la sociedad civil se está armando por esta horas para enfrentar en la justicia la estrategia del Gobierno de nombrar a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema por decreto y en comisión por un año, si es que no logra obtener los votos necesarios en el Senado.

La organización Poder Ciudadano, preocupada por la transparencia y la institucionalidad, está trabajando en esta idea a la que ya se sumaron otros organismos como la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y está evaluando sumarse el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que preside el exjuez Ricardo Gil Lavedra.

El principal argumento es que la Constitución prevé un mecanismo específico para designar jueces de la Corte, que ya se puso en marcha con el envío de los pliegos al Senado, las impugnaciones y apoyos obtenidos por Lijo y García-Mansilla, y las audiencias públicas a las que fueron sometidos ambos candidatos.

Por eso, las organizaciones señalan que si bien la Constitución permite designar “empleados” que requieran acuerdo por decreto en comisión por un año, cuando el Congreso está en receso, no se puede acudir a este mecanismo alternativo porque el mecanismo específico, ya puesto en marcha, no dio resultado.

Aún están en conversaciones para ajustar una estrategia, pero algunas de estas organizaciones, que en general aparecen en la vereda opuesta del peronismo, festejaron cuando el bloque de senadores de Unión por la Patria estampó la firma de sus 33 legisladores, en un acta donde le advertía al Gobierno que iba a remover a aquellos jueces que fueran designados por decreto en comisión.

Por Hernán Cappiello

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