Un fiscal pidió medidas para investigar el supuesto envío de armamento a Bolivia durante el macrismo
Gabriel González Da Silva, titular de la unidad fiscal especializada en armas, solicitó información a distintos organismos públicos como paso previo a decidir si presenta una denuncia penal
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La unidad fiscal especializada en armas abrió una “investigación preliminar” por la denuncia de Bolivia de un supuesto envío de material bélico durante el gobierno de Mauricio Macri, en medio de la crisis institucional que vivía ese país. Además, dispuso una serie de medidas de prueba.
La decisión la tomó el fiscal Gabriel González Da Silva, titular de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (Ufiarm), que depende de la Procuración General de la Nación.
De acuerdo con la información difundida por el portal oficial de la Procuración, se “dispuso iniciar de oficio” la investigación preliminar “para determinar la posible comisión de delitos de acción pública, que ameriten ser denunciados a la justicia federal”. En paralelo, el Poder Ejecutivo analiza denunciar penalmente lo sucedido, tal como informó hoy LA NACION.
El comunicado advierte que la decisión es “en atención a los graves sucesos que han trascendido públicamente entre ayer y hoy, sobre la puesta en conocimiento al gobierno argentino por parte de las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia respecto a la presunta entrega a ese país de material bélico de agentes químicos, operatoria que habría resultado irregular y que, según se desprende la de misiva que en el día de ayer le habría cursado el Sr. Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, a su par Boliviano, Dr. Luis Arce Catacora, habría coadyuvado con las fuerzas que perpetuaron el Golpe de Estado contra el Gobierno Constitucional del presidente Evo Morales”.
Las medidas de prueba ordenadas incluyeron un requerimiento de información a Presidencia, a distintos ministerios nacionales y a la Gendarmería, “con el propósito de comenzar a colectar elementos que permitan avanzar a dilucidar tales episodios a la mayor brevedad posible y determinar, en su caso, sus posibles autores o partícipes”.
Cómo será la investigación
Según pudo saber LA NACION, González da Silva decidió iniciar la investigación preliminar, tras ver los hechos en las noticias, luego de que se difundieran los escritos del canciller boliviano y el posterior pedido de disculpas de Alberto Fernández.
La unidad fiscal tiene la atribución de realizar investigaciones preliminares para empezar a recabar datos para determinar lo sucedido. “Cómo salió el material, de dónde, si intervino el gobierno nacional, gobiernos provinciales, cómo fueron las órdenes, todo lo que permita saber cómo fue todo el recorrido”, explicaron a este diario fuentes del caso.
“Hay que ver si los papeles refrendan lo que se está diciendo”, explicaron las mismas fuentes ante las explicaciones de los distintos referentes de Juntos por el Cambio (JxC) que se expidieron sobre el caso públicamente. Entre ellos, la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La investigación preliminar tiene un plazo de tres meses y, por disposición fiscal, se “habilitaron días y horas”, con lo cual las primeras búsquedas de información se concretarían este fin de semana.
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