Un fiscal pidió que se revise el juez a cargo de la causa por la mansión de Pilar atribuida a dirigentes de la AFA
Carlos Cearras objetó que el expediente avance en el juzgado de Campana, a cargo de González Charvay, y pidió que regrese al fuero penal económico
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LA NACIONHernán Cappiello
El fiscal ante la Cámara Federal de San Martín Carlos Cearras recurrió el fallo que derivó al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, la causa en la que se investiga quiénes son los dueños de una fastuosa mansión en Pilar que se le atribuye a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El asunto no es una mera cuestión de jurisdicción procesal, sino que supuestamente oculta una maniobra de los investigados para que el caso quede lejos del fuero penal económico y más cerca del juzgado federal de Campana, a quien consideran más confiable.
El fiscal Cearras sostuvo la misma posición que el fiscal de primera instancia, Germán Bringas, cuando dijo que el caso debía quedar en el juzgado penal económico de Marcelo Aguinsky.
Este juez avanzó con decisión, luego de que su colega federal, Daniel Refecas, preservó el lugar. Aguinsky allanó, valuó la quinta en unos 20 millones de dólares y analizó las sociedades a las que pertenece.
Concluyó que los presuntos testaferros de la AFA Luciano Pantano y Ana Conte no pudieron ser los dueños de la casona de Pilar, con helipuerto, pista hípica, pileta, gimnasio, y 40 autos y motos de alta gama.
Pero la defensa de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y de Toviggino, buscó sacar el caso de esa jurisdicción y logró llevarlo a la justicia federal de Campana, jurisdicción donde está situada la quinta.
Fue clave allí el voto del camarista Alberto Lugones, presidente de la Sala II, de la Cámara Federal de San Martín, de la lista Celeste de la Asociación de Magistrados.
Los abogados de la AFA creen que el juez González Charvay es un juez más confiable para ellos.
El recurso del fiscal de Cámara Cearras será analizado por la Cámara Federal de San Martín para ver si se lo conceden o no. Y si se lo conceden será una sala a designar por sorteo de la Cámara Federal de Casación Penal la que finalmente resuelva.
El fiscal Cearras argumentó que en los casos de lavado de dinero la competencia territorial no siempre se define por el domicilio del bien investigado.
Dijo además que quien debería haber determinado el destino final del caso no era la Cámara de San Martín con Lugones, sino la Cámara en lo Penal Económico, pues es el tribunal de alzada del juez que previno primero.
El fiscal Claudio Navas Rial como su colega Bringas tienen la misma opinión y sostienen que el expediente debe regresar a la justicia en lo penal económico.
El caso llegó a Campana por un pedido de inhibitoria que los dueños formales del predio y presuntos testaferros −el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte− presentaron ante el juez de Campana González Charvay.
González Charvay se hizo eco de la solicitud y le pidió a su colega, Aguinsky, que se aparte. Sostuvo que le correspondía investigar el caso con un argumento jurisdiccional, al amparo de las garantías del “juez natural”.
Aguinsky rechazó correrse del caso. Dijo que su fuero era de especialidad y, al argumento de su colega, contrapuso que la ubicación de la quinta no era relevante puesto que el núcleo de la investigación era la AFA, cuya ubicación se encontraba “a escasos 800 metros de la sede de este tribunal (Sarmiento 1118 CABA) y a 82 km. de distancia del Juzgado Federal de Campana”, marcó.
Sin embargo, el camarista Lugones le dio la razón a Charvay. Además, afirmó que la AFA, en noviembre de 2024, cambió su domicilio a Mercedes N°1366, en la localidad de Pilar. Sin embargo, la ARCA comprobó que ese lugar es un terreno baldío.
En estas horas, la causa avanza sobre presuntas inconsistencias alrededor de la colección de autos que la Policía encontró cuando allanó el lugar.
Se trata de la costosa flota de vehículos a nombre Real Central, la sociedad que en los papeles es dueña de la quinta y está a nombre del monotributista Pantano y su madre, la jubilada Conte.
La semana pasada, una ejecutiva del Banco Coinag viajó desde Rosario y sostuvo ante el juez Marcelo Aguinsky que era “imposible” que desde la cuenta que la sociedad tiene en la entidad se hubiera podido realizar el pago de uno de los vehículos que forma parte de esa colección, un Porsche valorado casi en $500 millones. Así, apuntó indirectamente contra uno de los contadores que avaló la transacción, que fue citado por la Justicia.
Otra pista que se desprendió de la flota −que incluye motos de altísima gama, autos deportivos, kartings y camionetas 4x4− tiene que ver con los seguros de los vehículos. El juez constató que la póliza de todos ellos se pagaba en efectivo, por ventanilla, a través de una dirección generada por QR de una aseguradora cordobesa.
La Justicia tiene la firme sospecha de que nada de eso pertenece en los hechos a Pantano y a su madre Conte, quien durante la pandemia cobró un auxilio estatal: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un bono destinado a hogares vulnerables, dirigido a trabajadores informales, monotributistas y otros grupos con ingresos afectados.
Esa hipótesis se reforzó cuando el juez Aguinsky pudo constatar que los telepases de peaje de los vehículos se pagaban con una tarjeta corporativa de la AFA que estaba a nombre de Pantano, quien supo ser dirigente de la entidad, pero ya no lo es.
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