Un flamante juez federal deberá decidir si mantiene la cautelar que deja en vigor la ley de tierras

La decisión sobre si se mantiene la medida cautelar que deja en vigor la ley de tierras y suspende el DNU de Javier Milei que la derogaba está en manos de un flamante juez federal que juró hace dos meses y llegó al cargo tras ser secretario letrado del Consejo de la Magistratura e integrante de la oficialista Lista Bordó de la Asociación de Magistrados.

Se trata de Leandro Gómez Constenla, que no es outsider en el mundo judicial, sino que hizo su carrera en la Justicia Federal y es conocido de los consejeros que lo colocaron en la terna que le permitió acceder al Juzgado Federal de Bariloche que estaba vacante desde hace casi siete años.

Fue designado por el decreto 520/2026 y juró el 7 de agosto pasado ante el presidente de la Cámara Federal de General Roca, Richard Gallego. Asistieron a la jura la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Agustina Díaz Cordero, y el presidente de Casación, Diego Barroetaveña, el mismo que integró como conjuez la mayoría de la Corte que le devolvió el amparo.

Gómez Constenla ya tuvo que responder sobre la ley de Tierras cuando su pliego para ser juez fue tratado por el Senado y tuvo que enfrentar las preguntas de los senadores en la entrevista personal.

Allí evitó una definición. El 14 de mayo, en la audiencia ante la Comisión de Acuerdos, el senador kirchnerista Martín Soria le preguntó si consideraba que la extranjerización de tierras era una cuestión meramente patrimonial o si también involucraba la seguridad nacional, los recursos naturales y la soberanía.

Le recordó el caso del expolista Hugo Barabucci, que admitió haber comprado 14.600 hectáreas en la Patagonia con una donación del gobierno de Emiratos Árabes Unidos. También le pidió opinión sobre el proyecto oficial de inviolabilidad de la propiedad privada.

Gómez Constenla no respondió sobre el fondo. “Hace unos minutos, otros de los concursantes hicieron algunas referencias a la justicia mediática. Yo lo que puedo decir es que mi rol como juez es analizar hechos y pruebas dentro de un proceso penal. No hacer comentarios sobre lo que expresan periodistas en su legítimo derecho y función”, argumentó el aspirante.

“La declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de extrema importancia y yo lo tomo como tal. Con lo cual no voy a adelantar una opinión sobre lo que dice el diario o sobre una ley que todavía ni está sancionada”, explicó, al referirse a una reforma de la norma que se debatía en el Congreso en ese momento.

El entonces candidato dijo que declarar inconstitucional una norma es un acto de extrema gravedad y que no iba a adelantar opinión sobre una ley que todavía no estaba sancionada. “Si a mí me toca intervenir, yo lo voy a hacer con independencia”, prometió Gómez Constenla.

Ahora le tocará decidir. Lo que no está claro es cuándo tendrá que hacerlo. La Corte Suprema de Justicia dictó una medida cautelar “interina” que suspende el DNU 70/23 de Milei y le devolvió el amparo de la ONG Árbol de Pie al juzgado federal de Bariloche, donde tramita el caso.

Ahora Gómez Constenla deberá darle un traslado de tres días al Estado Nacional para que exponga su punto de vista ante la demanda de Árbol de Pie y luego resolver si mantiene o no la medida cautelar que suspende el DNU que ya dictó la Corte.

El juzgado ordena “désele traslado” y es la parte, en este caso Árbol de Pie, la que debe concretarlo. Tienen seis meses para hacerlo, hasta que se decrete la caducidad de la instancia.

Es decir que hoy por hoy, con la cautelar interina de la Corte en pie, la ley está en vigencia y el DNU suspendido, por lo que los ambientalistas vienen ganando y no tienen apuro; nada preanuncia que el caso llegue en breve a una instancia de resolución.

Y por otro lado, incide la historia particular de este caso. Aquí la Corte Suprema de Justicia primero rechazó una cautelar de un centro de excombatientes de Malvinas por falta de legitimación y permitió la vigencia del DNU y el freno a la ley de tierras.

Pero a la semana, ante el pedido de aclaratoria de la ONG Árbol de Pie, la admitió y aceptó dictar una cautelar interina que suspende el DNU 70/23 y le volvió a dar vida a la ley.

Este fallo de la Corte, si bien fue en contra del Gobierno, permitió frenar la embestida opositora que pretende convocar esta semana a una sesión especial de la Cámara de Diputados para derogar el DNU fundacional del Gobierno. Difícil que consigan quórum, tras el fallo de la Corte.

Y más difícil aún es que en un caso de tan alto perfil, con estas consecuencias políticas, un juez federal debutante dicte en breve una medida cautelar que vaya en sentido contrario a lo que resolvió la Corte Suprema de Justicia en el expediente más sensible del país.

Leandro Agustín Gómez Constenla deberá decidir si la Asociación Civil Árbol de Pie y los demás demandantes pueden litigar contra la derogación de la Ley de Tierras Rurales y, si eso ocurre, si corresponde dictar una medida cautelar que frene el artículo 154 del DNU 70/2023 con el que el presidente Javier Milei eliminó los límites a la compra de campos por parte de extranjeros.

Mientras tanto, la ley sigue vigente. El viernes 9, la Corte Suprema suspendió de manera provisoria los efectos de esa derogación hasta que el juez de Bariloche se pronuncie.

La mayoría la formaron Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, que fueron convocados porque Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.

El tribunal aclaró que la decisión no modifica lo que había resuelto el 29 de septiembre en la causa del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM). En ese caso revocó la inconstitucionalidad que había declarado la Cámara Federal de La Plata porque consideró que la entidad no tenía legitimación para plantearla. Árbol de Pie, en cambio, invocó otros derechos, entre ellos la protección del ambiente.

Rosenkrantz coincidió en devolver el expediente a Bariloche, pero sostuvo que la Corte no tenía competencia para dictar una cautelar que ninguna instancia inferior había analizado.

La demanda se presentó a fines de diciembre de 2023 ante el mismo juzgado de Bariloche que ahora la recibió de regreso. Árbol de Pie es presidida por la exsenadora y actual legisladora rionegrina Magdalena Odarda y presentó la demanda junto con referentes de las comunidades Lafkenche y Lof Fvta Anecon.

El juez Gómez Constenla nació en Bariloche, tiene 45 años y es padre de tres hijos. Hizo toda su carrera dentro del Poder Judicial.

Entró a los 18 años como meritorio en el Juzgado Federal 3 de Morón. Después pasó por juzgados de instrucción federal y nacional, una Cámara Federal de Apelaciones y la Secretaría de Ejecución Penal. Durante la última década fue secretario en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

En el concurso 436 sacó el mejor puntaje entre unos 40 abogados que rindieron el examen en 2021. El gobierno de Milei envió su pliego al Senado junto con otros 77.

Por Hernán Cappiello

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