Un fallo abrió una ventana para los intendentes bonaerenses que aspiran a la re-reelección en 2023

Un fallo judicial abrió una ventana para los 90 intendentes bonaerenses impedidos de buscar la re-reelección en 2023 por la ley 14.836, sancionada en 2016. El juez contencioso administrativo de San Martín Jorge Aníbal Ocampo concedió una cautelar a una concejal de Malvinas Argentinas y dispuso suspender la aplicación del artículo 7° de esa norma, que consideraba al mandato iniciado en 2015 como el primero de los dos posibles para los intendentes, legisladores provinciales y concejales bonaerenses.

El fallo apuntó al reclamo presentado la semana pasada por la concejala Andrea Carina Pavón, del Frente de Todos de Malvinas Argentinas, quien había solicitado “hacer cesar el estado de incertidumbre” que genera el alcance del artículo 7 de la ley 14.836 y su decreto reglamentario N°265/19. Ese artículo consideraba como primer período de los dos posibles al iniciado en 2015 y fue incluido expresamente en el debate de la ley, en 2016, por los legisladores del massismo y de Cambiemos que quisieron evitar interpretaciones como las promovidas, en su momento, por el exgobernador de Córdoba Eduardo Angeloz y el expresidente Carlos Menem, para esquivar los límites a la re-reelección.

“Sin certeza sobre la vigencia y contenido de la ley (...) no existe seguridad jurídica y por ende posibilidad de promover la creación de riqueza. Conspirando de esa manera el Estado contra sus propios intereses”, fue uno de los argumentos recogidos por el juez para fundamentar su decisión.

La concejala Pavón había planteado que el artículo 7° importaba una aplicación retroactiva de la ley y que, por ello, es inconstitucional. También señaló que la reforma atenta contra la autonomía de los municipios y los principios de legalidad y de razonabilidad.

La decisión del juez Ocampo no avanza sobre el fondo de la cuestión, la declaración de inconstitucionalidad solicitada por la concejala, y solo se aplica a ella, pero dispone la suspensión de la aplicación del artículo 7, con lo que abre el precedente buscado por intendentes y legisladores interesados en sortear la prohibición de acceder a un tercer mandato (cuarto o quinto, en algunos casos) en 2023.

La vía judicial fue la primera opción analizada por los intendentes para intentar sortear el fin de las reelecciones indefinidas, aunque ninguno de los 90 jefes comunales impedidos de buscar un tercer mandato consecutivo decidió llevar su planteo personalmente a los tribunales. Desde la sanción misma de la ley se especulaba que la mejor alternativa era que lo hiciera un legislador provincial o un concejal.

La otra alternativa era la reforma de la ley, su derogación o, al menos, la eliminación del artículo 7°. Esta última posibilidad es la que recoge mayor consenso entre los jefes comunales del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio que buscan sortear la limitación para su reelección. Luego de la “remontada” del resultado de las PASO, los intendentes peronistas reavivaron el reclamo ante el gobernador Axel Kicillof y el presidente Alberto Fernández.

El jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, fue informalmente comisionado para encabezar las gestiones en la Legislatura bonaerense, ante el rechazo a modificar la ley planteado por el Frente Renovador de Sergio Massa y los legisladores ligados a María Eugenia Vidal en la provincia, que impulsaron la ley en 2016. La misma negativa habían anticipado desde la Coalición Cívica.

La última vía para sortear la prohibición de buscar una re-reelección llegó de la mano del decreto N°265, firmado por Vidal en 2019. Esa reglamentación estableció que sí podrán pelear por un nuevo mandato los intendentes y legisladores que dejen su cargo antes de cumplir dos años en él, continuos o alternados.

De ahí el apuro de los jefes comunales bonaerenses por dejar su cargo antes del próximo viernes. Una veintena de intendentes del oficialismo y la oposición se tomaron licencia o renunciaron a sus cargos para asumir funciones legislativas o ejecutivas en los gobiernos de la Nación, la Provincia o la ciudad de Buenos Aires.

El juez Ocampo, de hecho, contempló en el reclamo de la concejala Pavón esa supuesta incertidumbre y urgencia que dicen padecer los dirigentes bonaerenses. “La premura de resolverse la medida cautelar solicitada es como consecuencia de en el corto plazo verse obligada [Pavón] a dimitir en su cargo que ejerce en la actualidad, para así poder mantener la intención de postularse como candidata a concejal para la elecciones generales del año 2023 por el Partido de Malvinas Argentinas”, señaló.

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