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Un juez acostumbrado a navegar en aguas turbulentas
El magistrado que investiga los supuestos sobornos en el Senado llegó al Poder Judicial de la mano de Hugo Anzorreguy, ex jefe de la SIDE de Menem
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Carlos Liporaci no recuerda cuál de los hermanos Anzorreguy lo llamó hace ya siete años para ofrecerle el cargo de juez federal. Sí se acuerda que aquel día no podía creer la oferta de su interlocutor, a quien conocía de su paso por el Liceo Militar.
"Nunca había militado ni tenía padrinos políticos. No sé si fue Hugo o si fue Jorge el que me habló... Como no estoy seguro, prefiero no asegurarle nada", dijo el magistrado que tiene en sus manos el caso de los sobornos en el Senado.
Hugo Anzorreguy es el ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y Jorge Anzorreguy fue uno de los abogados más influyentes durante la década menemista. Liporaci es muy amigo de un hermano de los Anzorreguy "famosos", Carlos, con quien comparte la pasión por el rugby, pues solían ir a ver a las divisiones inferiores de San Martín y del San Isidro Club (SIC), donde jugaban sus hijos.
"No sé por qué siempre dicen que yo estaba en la servilleta de Corach (Carlos), si nunca oculté mi amistad con la familia Anzorreguy y al ministro del Interior lo vi pocas veces, y ya siendo juez", comentó.
Liporaci era uno de los jueces que, según Domingo Cavallo, figuraba en la servilleta en la que el ex ministro del Interior y actual senador escribió los nombres de los magistrados que el Poder Ejecutivo controlaba.
Nació en Comodoro Rivadavia el 9 de mayo de 1943, ingresó en el Poder Judicial como meritorio en 1973 y está casado desde hace 31 años con Lidia Inés Calb.
Todos los que conocen al juez -los que lo respetan y los que no- coinciden en que es un hombre muy familiero. Sus seis hijos y sus cinco nietos son su mayor satisfacción.
En su despacho, las fotos de los niños son mayoría. También tiene una de la época en la que todavía eran 12 los jueces federales en actividad -Carlos Branca fue destituido y Norberto Oyarbide, suspendido- y otra besando al Papa, durante un viaje a Roma que realizó en septiembre de 1998, invitado por la Procuración General Antiterrorista de Italia.
La esposa de Liporaci trabaja en la Cámara baja desde hace más de una década. Ingresó en Diputados como secretaria del ex vicegobernador bonaerense Luis María Macaya (PJ) y, luego de su fallecimiento, pasó al despacho del legislador Dámaso Larraburu, también justicialista. Actualmente integra la planta permanente del cuerpo y se desempeña en la Comisión de Intereses Marítimos.
Liporaci cursó primero, segundo y tercer año en el Liceo Militar General San Martín, pero terminó el secundario, en 1960, en el Colegio Nacional Mariano Moreno. Egresó de la Universidad de Belgrano como abogado el 7 de febrero de 1972, e hizo un doctorado en Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, entre 1974 y 1975.
Desde 1979 es profesor de la Escuela Penitenciaria de la Nación y, en 1993, fue designado profesor titular de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica de Salta.
Dice que no lee casi nada, que no tiene un autor, un libro o una novela preferida. "Cuando en el verano me voy al mar, me llevo libros de Derecho, para intentar estar al día", aseveró. Tampoco tiene un gusto musical definido. Escucha tanto rock como música clásica.
Rosista y amante del mar
En una de las paredes de su oficina tiene colgada una lámina de Juan Manuel de Rosas, que el fallecido Macaya le regaló a su esposa, y una pintura del Restaurador a caballo. "Soy rosista. Creo que todos, como hombres de la patria, lo somos un poco", opinó. Tiene también un pequeño busto de San Martín, varios peluches que le regaló su hija Florencia, las chapas de los otros cargos que ocupó en la Justicia y un par de diplomas. Adora la playa y no es hombre de viajar mucho. Asegura que nunca salió del país con su familia y que sólo fue tres veces a Brasil con su esposa. Conoció Europa cuando visitó al Papa y viajó dos veces a los Estados Unidos, invitado por el gobierno de ese país.
Simpatizante de River, pero no fanático, Liporaci dice que prefiere el rugby. De joven jugó en Ocean, luego devenido en San Martín, donde más tarde jugó su único hijo varón.
Actualmente no practica ningún deporte. El juez que tiene en su despacho una investigación que podría cambiar la forma de hacer política en la Argentina es de corta estatura, más bien relleno y ávido fumador de Particulares 30.
Después de sufrir un infarto, que lo alejó varios meses de los Tribunales, había dejado el cigarrillo. Retomó 18 meses después, en junio de 1998, cuando el ex secretario de su juzgado Guillermo Gowland denunció penalmente que Liporaci había recibido dinero a cambio de "arreglar" causas que tramitan en su juzgado y había ordenado intervenir teléfonos de un empleado al que creía infiel.
Gowland mencionó, entre otros, el caso del empresario de la carne Alberto Samid, acusado de evadir al fisco por unos 69 millones de pesos. El ex funcionario judicial dijo que había participado de un almuerzo en el que el empresario peronista Jorge Antonio le pidió al magistrado que no mandara a la cárcel a su amigo. "Samid dio mucha plata para la campaña de Menem (Carlos). No puede ir preso. Ahora lo dejaron solo, pero él no se lo merece", denunció haber escuchado Gowland.
Samid fue procesado por Liporaci como partícipe de una organización que defraudó al Estado, pero nunca fue a prisión. El magistrado consideró que los jefes de la asociación ilícita que integraba el empresario eran su padre, Khalil, y su hermano, Manuel, ambos fallecidos.
Las denuncias de Gowland contra Liporaci terminaron en nada. El juez de instrucción Mariano Bergés pidió el desafuero del magistrado para poder indagarlo, pero la Comisión de Juicio Político de Diputados rechazó sin debate su enjuiciamiento el 28 de noviembre de 1998. El juez federal Gabriel Cavallo, que luego recibió el expediente, sobreseyó a su par en marzo de 1999, convencido de que Liporaci nunca perdería sus fueros.
En sede administrativa tampoco le fue mal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó el respaldo del que goza Liporaci. Los cuatro ministros más cercanos al menemismo y Carlos Fayt admitieron el 4 de julio último, en una resolución sin precedente, que no era ilegal ni plausible de una sanción administrativa que Liporaci le hubiera pedido a la SIDE que pinchara los teléfonos de su empleado Daniel Barindelli y luego destruyera las cintas.
Los jueces Julio Nazareno, Eduardo Moliné O´Connor, Guillermo López, Adolfo Vázquez y Fayt eximieron de responsabilidad administrativa a Liporaci y al juez Jorge Urso, que había instruido la causa penal contra el empleado Barindelli.
Liporaci y Urso habían sido denunciados por la Cámara Federal en pleno, que les abrió un sumario. Pero el máximo tribunal primero se avocó a su tratamiento y luego sólo les "recomendó que en el futuro ajustaran su actuación a las disposiciones contenidas en el Reglamento para la Jurisdicción Criminal y Correccional Federal y observaran el estricto cumplimiento de las normas que regulan los procedimientos".
La decisión de la Corte causó malestar en el segundo piso de Comodoro Py 2002, donde tienen sus despachos los camaristas federales.
Liporaci es el juez de primera instancia con el más alto índice de nulidades decretadas por la Cámara, dijeron fuentes judiciales. Y también tiene el raro privilegio de ser el magistrado con más sumarios administrativos abiertos.
Un camarista que lo conoce hace más de 20 años dijo a La Nación que "es el más obediente de todos los delfines del menemismo".
En la Cámara Federal también recuerdan un fallo que los obligó a apartar a Liporaci de una investigación contra los miembros de la Corte Suprema. "Fue en la causa Galante (el nombre del abogado denunciante) -precisó una fuente-. Liporaci renunció a su jurisdicción y dijo que un juez de primera instancia no podía investigar a los excelentísimos ministros." El magistrado niega haber hecho eso. Recuerda bien el caso, pero dice que los camaristas interpretaron mal sus palabras.
Investigaciones importantes
La investigación por coimas en el Senado no es la primera causa de trascendencia que le toca a Liporaci.
El magistrado dispuso el cierre de la causa por enriquecimiento ilícito del ex ministro del Interior José Luis Manzano, tramitó la denuncia por irregularidades en Yacyretá -por la que ahora enfrenta un juicio político-, investigó el affaire IBM-DGI y heredó el caso de Guillermo Cóppola cuando el ex juez federal de Dolores Hernán Bernasconi fue separado de la causa.
Liporaci dejó sin efecto la captura del banquero Raúl Moneta cuando subrogó a su par Gustavo Literas en el expediente por la caída del Banco de Mendoza -decisión que le sumó otro pedido de enjuiciamiento ante el Consejo de la Magistratura- e instruye el sumario por el vaciamiento de ATC, donde Gerardo Sofovich y el ex secretario de Comunicaciones Germán Kammerath son los principales acusados.
La última resolución de Liporaci que provocó el enojo de la Alianza es muy reciente. El 25 de agosto último el magistrado benefició al ex titular del PAMI y amigo de Menem Víctor Alderete en la causa en la que se lo investiga por el robo de documentación oficial y por hacer inteligencia sobre políticos y periodistas que lo criticaron públicamente.
Además de los pedidos de enjuiciamiento por Yacyretá y el Banco de Mendoza, que según fuentes del Consejo son los más complicados, el cuerpo tramita otros cuatro pedidos de juicio político contra el juez. El último, por enriquecimiento ilícito, fue presentado el viernes último por los abogados consejeros Juan Gersenobitz y Eduardo Orio.
Tres de los expedientes contra Liporaci están en estudio de la Comisión de Disciplina del Consejo, que integran, entre otros, los senadores justicialistas Augusto Alasino y Ricardo Branda, involucrados en el caso de presuntas coimas en el Senado.
Liporaci no es un paracaidista, como se conoce en la jerga tribunalicia a los que llegaron a juez sin hacer la carrera judicial. Sin embargo, en Tribunales, casi nadie habla bien de él.
Sólo lo defienden algunos jueces federales de primera instancia, que lo consideran un amigo: Urso, Adolfo Bagnasco, Claudio Bonadío y Gustavo Literas son algunos de sus confidentes. "Hay que apoyarlo para que pueda llevar adelante esta investigación. Siempre es muy complejo probar un soborno y seguro que ahora de todos lados van a querer hacerle mal", opinó Literas. El magistrado pasó por todos los cargos de empleado, fue 16 años secretario de un juzgado de instrucción, en 1989 fue nombrado defensor oficial y, en 1992, ascendido a defensor oficial ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico. Al ser designado titular del Juzgado Federal Nº 2, el 23 de junio de 1993, Liporaci descendió de cargo. Y también bajó su sueldo.
El pliego de Liporaci fue aprobado por unanimidad. Firmaron los senadores peronistas Antonio Cafiero, Ricardo Branda, Deolindo Felipe Bittel y Guillermo Snopek, los radicales Luis León y Ricardo Lafferriére y el autonomista correntino José Antonio Romero Feris.
Según consta en el pliego -que tiene 37 fojas, de las cuales nueve están en blanco-, Liporaci vivía en Helguera al 2400, en La Paternal, cuando lo nombraron juez federal hace siete años. Luego se mudó al departamento B del décimo piso de Caracas 353, en el barrio de Flores. Hace un mes cambió la altura por una casa de 1200 metros cuadrados en Gaspar Campos 471, en Vicente López.
La revista Veintitrés publicó fotos de la vivienda del magistrado, que tiene ascensor, pileta, sauna y gimnasio, e informó que la inmobiliaria Bellagamba la tasó y vendió por un millón y medio de pesos. Allí vive el magistrado con su esposa, tres de sus hijas y un nieto.
Liporaci dice que pagó por la casa 750.000 pesos. "Sí, la compré. Vendí mi departamento y ahora tiene una hipoteca. Además de mi sueldo como juez, yo soy docente y trabajan mi esposa y una de mis hijas", aseguró.
El patrimonio de Liporaci fue investigado por el juez de instrucción Ismael Muratorio, que a fines de 1998 lo sobreseyó. "Hasta ahora había sido un hombre de perfil más bien bajo. No andaba en cuatro por cuatro y vivía en Flores. Lo del palacio no se entiende", coincidieron dos magistrados que lo quieren poco.
Tras recibir por sorteo una denuncia el viernes último, el juez federal Cavallo será el encargado de investigar ahora cómo hizo su colega para comprar una mansión si sus sueldos como juez y docente no superan los 8000 pesos mensuales.
Por Por Laura Zommer <br/> De la Redacción de <em> La Nación </em>
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